Aunque la ley educativa del PP, la Lomce diseñada por su ministro José Ignacio Wert, parecía tocada de muerte, va a sobrevivir al menos otros dos cursos. Los trabajos parlamentarios en marcha desde diciembre pasado para alcanzar un “pacto de Estado educativo”, que alumbre una nueva ley no tendrán resultado hasta 2019 como pronto. Si es que al final hay acuerdo.
La subcomisión del Congreso creada ad hoc para elaborar un informe en el que basar la norma que sustituirá a la Lomce, se ha concedido otros seis meses para redactar un documento que los diputados aún no saben cómo abordarán, según confirman fuentes parlamentarias a eldiario.es.
Pero primero deben terminar las 85 comparecencias de expertos y expertas. La previsión es que esta fase se cierre en septiembre. Hasta entonces no se empezará a dialogar sobre el método para volcar las propuestas, votarlas y plasmar en el informe las que salgan por consenso.
Lo que resulte irá a pleno y tendrá que ser aprobado por mayoría simple, aunque solo se trata de una guía para el Gobierno porque no le obliga a nada reglamentariamente. Es decir, el Ejecutivo no tiene por qué incluir todos los puntos del informe en el proyecto de ley que elabore.
El tiempo que emplee el Ministerio de Educación en esta tarea es, en principio, indeterminado aunque varios grupos barajan incluir en el dictamen un plazo de entre seis y nueve meses para tener sobre la mesa el proyecto de ley de Ejecutivo.
Para algunos diputados, pensar en esta fase es “precipitarse mucho”. “El trabajo de las comparecencias está siendo impresionante pero ahora toca ponerse de acuerdo. Estamos en un momento en el que hay voluntad pero la Lomce sigue en vigor y lo estará en este curso que empieza, con los mismos problemas. Por eso hay que intentar acelerar”, dicen fuentes del grupo socialista.
Ese futuro proyecto de ley del Gobierno tendría un largo recorrido hasta publicarse en el BOE como ley educativa: aprobarse el Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar por el periodo de enmiendas, volver al pleno, ir al Senado, modificarse (o no) y volver al Congreso.
Unos cinco meses de media que podrían prolongarse al tratarse de una ley orgánica con tiempos renovables para las enmiendas de los grupos –en función de lo mucho o poco que se ajuste el proyecto del Ejecutivo a lo acordado– y el trabajo que se haga en la Comisión de Educación con ellas. La aritmética parlamentaria sin mayorías ya no permite al Gobierno ir por libre, como pasó con la aprobación de la Lomce.
Tocar la Lomce, un derecho exclusivo del Gobierno
Lo tangible para los que están en las aulas es que aún quedan al menos dos cursos completos de Lomce, a los que se suman los otros tres que ya lleva en vigor. Ir modificando la norma mientras tanto se ha quedado como derecho exclusivo del Ejecutivo porque el resto de iniciativas –sean o no de carácter legislativo– están hipotecadas por este proceso, a nivel simbólico y también reglamentario.
En el último año, el ministro de Educación ha utilizado la vía directa y unilateral del real decreto para dar marcha atrás con algunos aspectos polémicos de la ley que heredó de su antecesor, el exministro José Ignacio Wert. Algunas de esas modificaciones, como la de las reválidas o los itinerarios de ESO, se hicieron con el visto bueno de las comunidades. Pero no ha pasado lo mismo con otras, como permitir obtener el graduado en ESO con menos de un cinco.
“Estamos en un estado de buena esperanza, digamos, pero mientras el Gobierno sigue con sus políticas”, subrayan fuentes de Unidos Podemos. “Durante este tiempo el Ejecutivo continúa haciendo, como ha hecho con el decreto de becas que va a aprobar próximamente pese a que el Congreso y el Consejo Escolar del Estado ha mostrado su desacuerdo con el sistema”, añaden en el PSOE.
Esta situación de bloqueo del debate educativo es consecuencia de un acuerdo de los diputados para convocar la subcomisión con las características de una comisión, la única manera de que sea abierta al público. Al considerarse como tal, no hay espacio para otra cosa porque los grupos, además, han convenido que el pacto acapare completamente todas las sesiones.
Iniciativas bloqueadas
Si hubiera una proposición de ley, como pasó con la del PSOE para la paralización de la Lomce –aprobada por la mayoría del Congreso y hoy bloqueada por un recurso del Gobierno en el Constitucional y la amplicación reiterada del periodo de enmiendas–, esa iniciativa no entraría en la Comisión de Educación hasta que se complete el proceso de elaborar el informe, un paso imprescindible para continuar con su tramitación.
Unidos Podemos pedirá que el trabajo sea mixto cuando acaben las comparecencias para ir dando salida a ese montón de proposiciones e iniciativas que están guardadas en un cajón desde diciembre.
Solo este grupo tiene acumuladas una decena, entre ellas una propuesta de reforma de las enseñanzas artísticas superiores para que sean equiparadas al ámbito de la universidad o la modificación de algunos artículos del decreto de 2012 que avaló buena parte de los recortes educativos y que aún está parcialmente en vigor.
La gestación del pacto ha dejado en la sombra del debate otros temas, como un proyecto de ley de prevención de los riesgos en los colegios o la petición de que ser madre no penalice a la hora de contabilizar los tiempos de actividad docente de las profesoras de universidad que quieran acceder a la cátedra, ambas del grupo Ciudadanos.