La Comisión Europea se está quedando sola. Es la única pata de las tres que fundamentalmente componen la Unión Europea, que defiende acabar con los horarios estacionales en tiempo récord. Las otras dos, el Consejo –que reúne a los Estados– y el Parlamento Europeo, piden tomárselo con más calma.
Después de varios reveses ante los Gobiernos de la UE, que no veían claro terminar con los cambios horarios en 2019, esta vez la negativa a una de las medidas estrella anunciadas por el presidente de la Comisión en su último discurso del Estado de la Unión ha venido de la Eurocámara.
Este lunes por la tarde se ha aprobado en la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo el informe de la eurodiputada socialdemócrata Marita Ulvskog, en el que se pide la abolición del cambio horario estacional para 2021. “En lugar de abril de 2019 como lo propuso la Comisión, proponemos aplazarlo hasta 2021”, ha explicado Ulvskog: “La propuesta de la Comisión era algo prematura, ya que no se realizó una evaluación de impacto adecuada previa. Y la consulta abierta a la ciudadanía también se llevó a cabo durante un periodo relativamente corto, ocho semanas, en lugar de las 12 semanas habituales. Es una pena, ya que las evaluaciones de impacto son fundamentales para disponer de la información suficiente para tomar decisiones”.
La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao (PNV), también considera “una buena solución” que los Estados Miembros dispongan de plazo hasta 2021 para efectuar por última vez el cambio de hora y que deban comunicar su decisión definitiva a la Comisión en abril de 2020.
Bilbao también ve positivo el mecanismo de coordinación que debe efectuar este análisis, un grupo de trabajo formado por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión Europea. El organismo recibirá antes de abril de 2020 la comunicación de la hora que fijará cada Estado en su territorio tras el último cambio y analizará los efectos de cada propuesta.
Si la evaluación considera que la decisión última puede originar problemas operativos, de coordinación o funcionamiento del mercado interior o los servicios de transporte, se remitirá el resultado de esta evaluación al Estado concernido. Su gobierno dispondrá de plazo hasta octubre del 2020 para explicar las medidas que adoptará para paliar los problemas señalados en el informe del órgano de coordinación.
La propuesta aprobada concede finalmente a la Comisión la facultad de prorrogar un año más la fijación de los horarios definitivos en los Estados si este proceso de coordinación no plantea soluciones eficaces a los problemas detectados en esta fase de evaluación.
Esa facultad obligaría a la Comisión a presentar en ese plazo, 2022, una nueva propuesta legislativa. Finalmente, y en caso de que la directiva entre en vigor y los Estados fijen horarios definitivos en 2021, se comprometen a enviar informes de evaluación sobre los efectos del cambio a la Comisión antes de abril de 2025.
El Ejecutivo comunitario deberá presentar un informe global de evaluación en diciembre de 2025. Esta propuesta se ha aprobado por 21 votos a favor y 11 en contra.
La fijación de horarios diferentes para verano e invierno comenzó a adoptarse en algunos estados europeos durante la primera crisis del petróleo en la década de los setenta del siglo pasado. Con la progresiva consolidación de la Unión Europea acabó dando origen a una directiva para coordinar estos cambios que data de 2001. La revisión de esta norma, que aboga por el final de los cambios, se produce con el aval de una consulta pública en la que participaron más de cuatro millones de europeos. Un 84% de los participantes apostaron por acabar con esta práctica.
Bilbao ha señalado: “Todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con los cambios, pero hay que hacerlo de manera ordenada, transparente y poniendo todos los medios para que no se produzcan distorsiones en el mercado interior, en los servicios de transporte y en otros ámbitos de actividad. Por eso es una buena idea ampliar el plazo para que todos los estados decidan con toda la información disponible y establecer un mecanismo de coordinación para que las decisiones se adopten con el máximo rigor, coordinación y transparencia”.