Los parques nacionales españoles han perdido casi el 80% de su inversión desde 2010
Son la joya de la corona ambiental, exhibidos con frecuencia como reclamo turístico, pero las inversiones para conservarlos son ahora casi un 80% menores que en 2010. Los parques nacionales españoles reciben algo más de 54 euros de inversión real por hectárea frente a los 248 euros consignados en 2010, según las memorias del Organismo Parques Nacionales.
Estos parajes conforman una red de 15 espacios naturales españoles escogidos porque “poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados”, según dice la ley que los regula. Una norma que declara su conservación, “interés general del Estado”. En una curva descendente, los fondos que recibieron para inversiones ordinarias en 2012 se quedaron en 91 euros/ha y en 2014, en 95,43 euros. Para 2016, se desplomó al nivel de los 54 euros. El capítulo de las inversiones se refiere a toda una serie de trabajos, infraestructuras y bienes destinados a su mantenimiento, según los describe Europarc, la organización que aglutina a las instituciones implicadas en la planificación y gestión de espacios protegidos en España
Así, ese dinero se utiliza para arreglar o abrir caminos, colocar señalización en los parques, instalar sistemas de depuración, mejorar los hábitats, comprar el material para estudiar los ecosistemas, financiar los planes de manejo de especies dentro del parque o de gestión forestal, prevenir incendios o incluso adquirir patrimonio: terrenos pertenecientes a un particular o una edificación histórica, por ejemplo.
Las partidas destinadas a estos menesteres han ido de los 64 millones que manejaban en 2010, a los algo más de 20 millones en 2017 –existen otras partidas que completan los presupuestos de cada parque nacional–.
¿Quién decide cuánto dinero se dedica a los parques? Básicamente la administración que los gestiona. La mayoría, 13 de los 15 de la red, están dirigidos por las comunidades autónomas: Canarias, Islas Baleares, Galicia, Madrid, Catalunya, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Andalucía y Aragón. El Gobierno se encarga de las Tablas de Daimiel y Cabañeros (Castilla-La Mancha).
La competencia en la mayoría de estos espacios protegidos es, pues, autonómica, aunque el Organismo Parques Nacionales asigna algunos fondos a todos los parques. De hecho, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 destinaba al Organismo 53 millones de euros, un incremento del 46%, sobre todo por la creación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves (Málaga). Tanto la partida como la declaración del mismo parque decayeron al disolverse las Cortes en marzo pasado.
Caída también en personal
Además de las “inversiones ordinarias”, como se denominan oficialmente, los parques nacionales también han visto cómo el personal que se encarga de cuidarlos ha menguado. En 2013, una vez declarado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 1.416 trabajadores ejercían en alguno de estos espacios protegidos.
Tras diversos vaivenes, en 2017, la plantilla general se había quedado en 1.185 trabajadores (en realidad, la contabilidad agrega los contratos parciales hasta sumar la jornada de un empleado a jornada completa). Un 16% menos a pesar de que el Informe de Situación de la Red explica la importancia del personal: “Los recursos humanos disponibles en un espacio protegido son un indicador básico de los esfuerzos dedicados a la gestión, y hacen posible el desarrollo de una gestión activa en el territorio”.
Contrasta con el discurso aplicado con frecuencia por las mismas administraciones a la hora de subrayar el papel económico que otorgan a los parques bajo su gestión, especialmente, como polos de atracción turística. Los visitantes acumulados desde que la red tiene 15 parques (2014) ha pasado de los 13,7 a los 15,5 millones.
Cada año desde hace tres cursos, el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, ocupa titulares por ir batiendo el récord de visitantes y encabezar la lista de toda la red: siempre por encima de los cuatro millones de turistas anuales. El 75% de los visitantes de la isla pasan por el parque nacional.
La ley de parques nacionales aprobada en 2014 contempló la “capacidad para desarrollar actividades económicas y comerciales compatibles” en estos espacios, y señala en especial el “turismo rural” siempre que “contribuya a su conservación”.
Sin embargo, el último Informe de Situación de la Red de Parques Nacionales, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, indica que “el aumento en el número de visitantes no constituye un objetivo en sí mismo de los parques nacionales, si no es para fomentar la sensibilización y el conocimiento de los valores que protegen”.
La conversión creciente de los parques en áreas de promoción turística ya ha tenido sus consecuencias ambientales en forma de riesgo de masificación. La ilustración más palpable de este fenómeno se destapó en el verano de 2017 cuando se descubrió que las compañías encargadas del transporte de visitantes a las Islas Atlánticas sobrepasaba el cupo permitido.
