Hubo un tiempo no tan lejano en el que se desayunaba, comía y cenaba con imágenes de desahucios. No se disponía de datos completos ni precisos (como ahora), pero daba la sensación de que todos o casi todos los días una familia era expulsada de su casa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos de vivienda nacidos al calor de las asambleas de barrio del 15M se encargaron de poner el problema en la agenda mediática, política y tuitera. También en las mesas de los bares, en las comidas de domingo o en los centros de trabajo.
Han pasado tres años de eso. ¿Los bancos negocian más? Sí, pero también hay más desahucios por impago de alquiler y más desalojos de ocupaciones. El problema, aseguran los expertos, no ha remitido sino que se ha transformado. En ese viraje también influyen otras causas, como la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros para los activistas que desobedezcan órdenes policiales o resistan pacíficamente ante una orden de lanzamiento. La nueva situación, reconocen los propios activistas, ha disuadido las acciones públicas con mayor visibilidad y participación.
La caída de la atención mediática responde, según las fuentes consultadas, a una suma de factores. Explicamos por qué en este momento los desahucios ya no ocupan titulares.
La sopa de cifras
Hoy por hoy, no hay ningún organismo que contabilice de forma exhaustiva cuántas unidades familiares han perdido su casa, ya fuera de su propiedad o de alquiler. “Hay una clara voluntad política de no ofrecer datos claros”, dice Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona.
Si tomamos los aportados por el Consejo General del Poder Judicial, la fuente más antigua y completa, el número de lanzamientos (es decir, procesos que terminaron con el desahucio) en 2015 apenas ha descendido un 1% respecto al año anterior. Fueron 67.359, frente a los 68.091 de 2014, y de ellos más de la mitad (53%) fueron consecuencia del impago del alquiler. El 43,4% tuvo que ver con las deudas hipotecarias.
Se quedaron sin casa y solo en el mejor de los escenarios posibles el banco les perdonó la deuda a cambio del inmueble (dación en pago). En los peores, siguieron cargando con el adeudo. Hay que puntualizar que estos desalojos no solo afectan a viviendas habituales; también segundas viviendas, locales comerciales o garajes. Y el CGPJ no especifica.
El INE empezó a publicar en 2014 sus propias cifras, preparadas a partir de los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Estas cifras solo cuentan el número de ejecuciones hipotecarias, un proceso judicial previo que no siempre termina en desahucio. En el último trimestre de 2015 se abrieron 22.540 procedimientos de este tipo, un 16,2% más que los tres meses anteriores pero un 27,8% menos si lo comparamos con el mismo periodo de 2014. De estos procesos, el 58,6% son sobre vivienda y afectan en más de la mitad de los casos (6.898) a la residencia habitual.
El Banco de España solía aportar cifras bien desmenuzadas pero solo relativas a los inmuebles en propiedad, de los que especifica si eran vivienda habitual o no. Los últimos datos publicados por esta fuente corresponden al año 2014 y revelan un aumento del número de desahucios de viviendas del 3,1% respecto a 2013. El incremento es mayor (el 5,6%) para las primeras viviendas.
Fuentes consultadas por eldiario.es afirman que es posible que el supervisor bancario deje de publicar cifras sobre desahucios. “Ya lo hace el INE”, se justifican. Puede ser próximamente, aunque aseguran que existe un compromiso de terminar con la serie de 2015.
Menos movilización, más burocracia
En todo este tiempo, las PAH no han dejado de tener actividad. Eso aseguran los que llevan años en la trinchera. Hay 232 organizaciones dispersas por todo el territorio y “las asambleas se siguen llenando”, asegura Carlos Macías. Las reuniones se organizan semanalmente y en ellas los afectados y afectadas exponen sus dudas y se les presta asesoría.
Algunos habituales en estos encuentros cuentan que, por lo general, las asambleas han adquirido un tinte más burocrático. “Las reuniones se emplean básicamente para resolver papeles. Con solo levantar el teléfono paramos los desahucios, pero no lo que viene después: un proceso larguísimo que los bancos alargan y alargan y que no se sabe dónde acaba. Siempre falta algún documento y hay que volver a empezar todo el proceso”, explica Gonzalo, de la PAH Centro (Madrid).
Estas negociaciones se enmarcan en los papeleos con las entidades para reestructurar la deuda o pedir la dación en pago, sujetos a unos requisitos que prevé el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. Este código es una de las tres medidas antidesahucios, junto a la moratoria de dos años y el Fondo Social de Vivienda, puestas en marcha por el Gobierno en 2014 y cuyos efectos llegan a un número pequeño de afectados, según los datos.
Del mismo modo que la presión social hizo su efecto sobre el Ejecutivo, también se notó en la predisposición de las entidades bancarias a negociar. “En dos días está resuelto el desahucio. Casi nunca llegamos al punto de tener que ir a la casa y resistir pasivamente.
Fuentes de la banca consultadas por eldiario.es aseguran que se “negocia siempre”. Ya sea reestructurando la deuda, concediendo la moratoria, un alquiler social de un piso de la propia entidad o la dación en pago. En otras ocasiones, añaden, se da el tiempo pertinente para que las familias puedan solicitar ayuda a las administraciones. “Si en estos plazos no presentan la documentación que necesitamos, no podemos hacer mucho más”, se escudan.
El efecto de la 'ley mordaza'
“Tener enfrentamientos no le gusta a nadie”, cuenta Gonzalo. De ahí, dice, que el problema sea menos visible en los medios. “Ahora hacemos menos acciones públicas, entre otras cosas porque estamos ahogados por la 'ley mordaza'”. El activista se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en junio del año pasado y que prevé sanciones de entre 601 y 30.000 euros por no obedecer las órdenes de la policía. Si los activistas hacen resistencia pasiva, podrán recibir multas de hasta 10.400 euros.
“Calculamos mucho más porque no podemos jugárnosla. Antes, cuando los bancos nos pedían papeles imposibles nos plantábamos allí. Ahora hacemos encierros solo cuando podemos unir varios casos a la vez y coordinándonos con otras PAH. Esta ley ha cortado muchas de las acciones con más participación y visibilidad”, reconoce Gonzalo. “El ciclo electoral ha sido el otro factor que ha provocado que la atención mediática se haya evaporado”, añade Carlos Macías.
Gonzalo, como muchos y muchas de sus compañeros, ha notado que la movilización ha caído. “Hay menos gente involucrada. Antes llegaban más personas no afectadas dispuestas a ayudar. El sentimiento de solidaridad era más fuerte. Entendemos que con el panorama actual todo se vuelve más complejo”.
Ocupar, la última salida
Los problemas no han desaparecido, se han transformado. El volumen inicial de casos tenía que ver con hipotecas. Luego vinieron los alquileres, con afectados que ya habían sido desalojados de sus viviendas y tampoco podían cumplir con su arrendatario. El extremo de la precariedad son las ocupaciones, más o menos la mitad de los casos que atiende hoy la PAH Centro y que no están contabilizados en ninguna estadística. “Estos desalojos son muy difíciles de parar, al segundo intento (y a veces incluso en el primero) se hace el despliegue policial”, afirma Gonzalo.
Los bancos coinciden con los activistas en señalar a las ocupaciones como el principal problema. “Hay que recordar que ocupar una vivienda sin título para ello es ilegal. Con todo, si detectamos situaciones de especial vulnerabilidad aplazamos los desalojos”, justifican fuentes consultadas por este medio. Ha pasado esta misma semana con el desalojo de Victoria y sus tres hijos menores, pospuesto tres semanas después de que la PAH ocupara una sucursal de Bankia en Vallecas (Madrid). Con esa acción lograron paralizar, a través de la negociación, otros dos desahucios.
¿Y cuáles son las soluciones para esas familias que ya vienen con la carga de varios episodios de expulsión? “Intentar que las administraciones hagan su trabajo y, en última instancia, intentar realojarlas en alguno de los edificios vacíos recuperados por la obra social de la plataforma”. La PAH ha realojado de esta manera a 3.500 personas sin alternativa habitacional, según sus datos.
El portavoz de la plataforma en Barcelona se queja de que las medidas políticas aprobadas hasta el momento no han sido suficientes para que la PAH deje de existir. Si así fuera, significaría que el problema está resulto o que la tabla salvavidas la tienden otros. “No nos hemos disuelto, y eso solo puede ocurrir si no hay casos que atender”.