Pasos atrás en medidas ambientales justo cuando la crisis climática demuestra su poder destructor
En lugar de acelerar, retroceder. Cuando hacen falta “objetivos más ambiciosos, más acción para recortar las emisiones o abandonar los combustibles fósiles” –como ha evidenciado la reciente revisión de la ONU sobre la aplicación del Acuerdo de París– lo que ocurre son pasos atrás. La regresión de las políticas climáticas en Reino Unido o la rebaja en las exigencias para que los coches contaminen menos en la UE han brotado poco después del último mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres sobre la crisis climática: “Hemos abierto las puertas del infierno”.
Y los frenazos no se han limitado a la lucha contra el calentamiento global. La ley para amnistiar regadíos en Doñana, el debilitamiento de varias zonas de bajas emisiones en España o la revisión de la protección de lobo en Europa se han acumulado en los últimos meses. En Extremadura, el Gobierno de coalición PP-Vox se ha comprometido a “eliminar cualquier traba burocrática o legislativa climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”.
“La lucha climática y ambiental siempre ha sido difícil. Se van consiguiendo cosas, pero cuestan mucho”, cuenta el responsable del programa de Cambio Climático en Greenpeace, Pedro Zorrilla. “Son pasos atrás evidentes”, prosigue al analizar las últimas decisiones del Gobierno del Reino Unido o los 27 en la Unión Europea “y ya vamos mucho más despacio de lo que se necesita, pero hay sectores, como el de los combustibles fósiles, que disponen de muchos recursos para presionar por sus intereses”.
Cuando las evidencias se multiplican, sabemos lo que hay que hacer, disponemos de tecnología y hay un montón de dinero, el PP habla de dictadura activista
En España, los pasos atrás se constatan “donde la derecha se parece más a la ultraderecha, como Xavier García Albiol (PP) en Badalona, o donde ambos gobiernan juntos”, explica la politóloga Cristina Monge. “Cuando las evidencias se multiplican, sabemos lo que hay que hacer, disponemos de tecnología y hay un montón de dinero, el PP habla de dictadura activista”, dice sobre el comentario de Alberto Núñez Feijóo (PP) durante su intento de investidura en el Congreso.
“Oportunidad perdida” con los coches
Los 27 estados de la UE acordaron el 25 de septiembre retrasar dos años la nueva normativa Euro 7 que imponía límites más estrictos de contaminación a los coches. Se justificaron en la necesidad de ayudar a la industria automovilística.
“Hemos enderezado un camino que parecía conducir a un abismo para la industria y los trabajadores”, dijo después el ministro de Industria italiano Adolfo Urso. Y pedía “superar una visión ideológica, casi religiosa, de la batería eléctrica. Que no se corresponde con la naturaleza, los valores, la identidad y la naturaleza del trabajo en Europa”, apostilló el miembro del gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.
La lucha climática y ambiental siempre ha sido difícil. Se van consiguiendo cosas, pero cuestan mucho
Monge considera que esta decisión concreta, además de las implicaciones climáticas, “es una oportunidad perdida” ya que “en Asia han visto lo que implicaba el cambio de movilidad hacia el coche eléctrico y Europa se ha quedado viéndolas venir”.
Zorrilla coincide: “En el momento en el que se extiendan los coches eléctricos más convencionales y asequibles, van a arrasar porque cuesta mucho menos dinero conducirlos”.
En España, por ejemplo, el 48% del consumo de combustibles fósiles (cuya combustión es responsable del calentamiento global) se realiza para el transporte, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.
La ultraderecha y el 'U-turn' climático del Reino Unido
Muy poco antes de esta decisión de los estados de la UE, el primer ministro británico Rishi Sunak, anunció un giro de 180 grados en la política ambiental del país. Planea retrasar la prohibición de vender coches de gasolina y diésel y el abandono de las calderas de gas, además de detener la regulación de la eficiencia energética de las viviendas. También ha reiterado sus planes de expandir proyectos de petróleo y gas en el Mar del Norte. Es decir: perforaciones para extraer combustibles fósiles.
La idea fuerza del Gobierno Sunak fue expresada por su ministra del Interior, Suella Braverman: “No vamos a salvar el planeta llevando a la quiebra a los británicos”. Se trata de “una señal malísima y refleja los conflictos sociales que ha generado la manera en que los conservadores europeos se han aproximado a las políticas climáticas que es dejar que actúen el mercado y la tecnología sin acompañar a los colectivos afectados en una transición justa”, analiza Cristina Monge.
Los planes climáticos de Gran Bretaña tenían una mejor calificación que los de las UE según el análisis del Climate Action Tracker. Ahora, solo la autorización para perforar en el campo Rosebank del Mar del Norte aportará petróleo y gas cuyo consumo equivaldría a las emisiones de CO2 anuales de 90 países y 400 millones de personas, según el cálculo de Carbon Brief.
En junio pasado, la Agencia Internacional de la Energía calculaba que, de hecho, las cosas van por otro lado al previsto por Sunak ya que “el pico en la demanda de petróleo está a la vista antes de acabar esta década, a medida que se implante el vehículo eléctrico y la eficiencia energética”.
“No podemos permitirnos desacelerar la transición y hay que asegurar que sea justa”, afirma el coordinador de conservación de WWF Luis Suárez. “En la situación que estamos cualquier retraso es un peligro”.
Muchos de estos pasos atrás “tienen que ver con la irrupción de la extrema derecha que consigue apropiarse y capitalizar las protestas de los que se sienten afectados negativamente por políticas ambientales”, aporta Pedro Zorrilla. En este sentido, la politóloga Monge añade que esa irrupción ha contribuido a “hacer que los partidos conservadores europeos reculen”.
No podemos permitirnos desacelerar la transición y hay que asegurar que sea justa. En la situación que estamos cualquier retraso es un peligro
Luis Suárez ve que se ha producido “un acercamiento de grupos políticos a sectores que se sienten perjudicados y al mundo rural que se ve, no solo en políticas climáticas sino también cuando se discute la normativa sobre plaguicidas o la protección del lobo que es algo simbólico: os damos esto que es vuestro tótem como si el lobo fuera el problema de la ganadería extensiva”.
¿Más turismo a costa de vidas?
Hace unos días, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), afirmó que dejaría sin efecto las restricciones de tráfico de la zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad. El anuncio hizo mucho ruido, pero lo cierto es que, a pesar de ser obligatorias desde el 1 de enero de 2023, solo el 9% de las ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes están vigentes. Y algunas de las que se van a activar se han debilitado mucho tras los cambios en los ayuntamientos surgidos del 28M.
Por ejemplo, la ciudades de Castellón y Elche (Comunidad Valenciana) han aprobado recientemente sus proyectos de ZBE en los que no se restringe el tráfico. “El nuevo proyecto no restringe el acceso a vehículos, solo en momentos puntuales”, ha contado la nueva alcaldesa castellonense Begoña Carrasco (PP). En Elche, la ZBE diseñada por PP-Vox “es limitada y se va a centrar en implantar los mecanismos en zonas peatonales del centro, sin limitar la circulación”. En Valladolid, de una ZBE de 3 km2 se ha pasado a 1,5 km2.
En contraste con esta línea de actuación, el informe ONU sobre la implementación de medidas contra el cambio climático dice que “hace falta mucha más ambición a la hora de actuar y apoyar la puesta en marcha de medidas de mitigación [de emisiones] dentro de los países”.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lleva un año de advertencias in crescendo . Ha pasado de hablar de “caos climático” a decir que el planeta ya no está experimentando un “calentamiento” sino una “ebullición global”. En la última Asamblea de la ONU en Nueva York afirmó que “la Humanidad ha abierto las puertas del infierno”.
Y, casi al mismo tiempo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, sin negar el fenómeno negaba sus consecuencias negativas. Afirmó que “más allá de los meses muy calientes de agosto y julio, hemos sido capaces de extender la temporada turística. Puede ser difícil venir a Grecia en esos dos meses, pero más gente está interesada en viajar aquí en marzo, abril, octubre o noviembre”.
Grecia ha padecido este verano una serie de incendios forestales entre los que ha estado “el mayor de la historia de la UE”, a finales de agosto. Las llamas se cobraron más de 20 vidas. Acto seguido, el país soportó una inundación histórica que arrasó varias poblaciones y mató a más de 15 ciudadanos.
21