El patrimonio público molesta a las administraciones con estrecheces económicas. Y desde esta perspectiva, los encargados de velar por la riqueza común buscan salidas para deshacerse de sus inmuebles en propiedad, sobre todo de los edificios protegidos o fincas históricas, cuyos gastos de mantenimiento resultan muy altos para los menguados presupuestos. Con las oficinas aún pueden hacer caja y dar un respiro a los balances, pero los otros son más difíciles de colocar en el mercado, por las trabas que se encuentran los compradores para modificarlos y adaptarlos a los fines que desean. Así es que, si no se pueden vender, toca entregarlos.
En Madrid el último capítulo de esta saga tuvo lugar el pasado jueves 29 de mayo. El Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan especial de Ordenación de la Finca Torre Arias. Un espacio y sus edificaciones que engrosaron el patrimonio capitalino tras la muerte de la dueña, la condesa dueña de la finca. Aunque el equipo de Ana Botella lo denomina “recuperación para disfrute de los madrileños”, el documento urbanístico ya incluye “el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal y edificaciones anexas”.
La cuestión es que hace meses que Botella hablaba con la Universidad de Navarra –dependiente del Opus Dei– para que la casa-palacio albergue cursos de posgrado. El camino para ceder parte de este patrimonio a una entidad privada está siendo rápido: la finca de 18 hectáreas y sus construcciones pasaron a manos municipales el 19 de junio del año pasado. El plan también prevé construir un aparcamiento para “al menos 106 plazas”. Se salvan los jardines, que serán públicos por expreso deseo de la aristócrata finada.
Andrés Cabrera vive en este barrio desde hace 20 años. “Están intentando pasarlo a entidades privadas cuando llevamos décadas reclamando un instituto público aquí. Van a dar posgrados de una universidad privada y mientras tanto nuestros hijos tienen que ir hasta San Blas a estudiar”. La Federación de Asociaciones de Vecinos tiene una reunión esta semana con el Ayuntamiento para recibir información “de primera mano” acerca del proyecto. “Queremos que el complejo de edificios sea 100% público”, defiende.
Pero la lista de convenios, acuerdos y maniobras para trasladar la responsabilidad de cuidar del patrimonio, al menos en Madrid, no acaba ahí. En el sur de la ciudad, en Carabanchel, se abren unos jardines del siglo XIX llamados finca Vista Alegre. Alberga 47 edificios. En 2009 el Ayuntamiento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón presentó un proyecto de aprovechamiento a la Comunidad de Madrid. El gobierno de Esperanza Aguirre lo rechazó por “inadecuado”. A cambio, a los dos años, Aguirre anunció a bombo y platillo un convenio con la New York University para que montara allí un campus. El palacio y otros anexos serían la sede europea de esta institución privada. Las obras de adecuación y mantenimiento corrían a cargo del Gobierno regional, y todo a cambio de un canon “simbólico”, como recoge el documento del preacuerdo recibido en el buzón de filtrala.org, la herramienta anónima de filtraciones con la que colabora eldiario.es entre otros medios. Pero tras la parafernalia de fotos y anuncios, la cosa no cuajó.
Así que lo que estaba sin usar “sigue deteriorándose”, comenta Gabriel Lozano, vecino del barrio. “El palacio está clausurado, el local y el centro para discapacitados que se desalojaron para posibles futuros colegios mayores, también clausurados. Los frescos de la capilla, cayéndose. El salón moro del palacio viejo, igual”, se lamenta este ciudadano. “Podrían abrir por lo menos los jardines”, reclama. Pero no. No existe ningún plan en marcha en el gobierno regional.
“Dejación de funciones”
Vicente Patón es arquitecto y una voz crítica acerca de cómo “todas las administraciones hacen dejación de funciones con el patrimonio”. Patón cuenta que este fenómeno “se da en los ayuntamientos, Gobiernos autonómicos y también en el central”. Y “con diferentes fórmulas, desde convenios sui géneris a simples ventas”. Desde su asociación Ciudadanía y Patrimonio, aseguran que una de los recursos más utilizados para 'deshacerse' de edificios protegidos es la de la declaración de ruina. “La ecuación es simple: en muchos casos es más barato demoler una construcción que restaurarla”, certifica Patón.
El año pasado, la Fiscalía tuvo que recurrir a los jueces para que se paralizara el expediente de derribo del palacio de la duquesa de Sueca, en pleno centro de Madrid. Su argumento era que el consistorio había dejado que se deteriorara hasta ser ruinoso. El Ayuntamiento adujo que “ya estaba en ruina cuando se expropió en 1999”. No es la opinión del Ministerio Público. La expropiación costó 4,4 millones de euros del erario público y más de 500.000 euros en su custodia, según reconoce el equipo de Ana Botella. El inmueble, que tiene la mayor protección histórico-artística, de momento no tiene planes de ser rehabilitado.
Si el palacio de Sueca se ha salvado por los pelos, la casa blasonada del siglo XVII de la calle de Embajadores, 18 (la zona más castiza de Madrid) es ahora un solar, apto para su enajenación y construcción. Expropiada en 2004, al derribarse se prometieron equipaciones municipales todavía ausentes.
Algo parecido ocurre con el frontón Beti Jai, de 1893, uno de los edificios de espectáculos deportivos profesionales más antiguos del mundoi, y el único ejemplar de crontón 'industrial' de esa época que se conserva en España. Esta obra de extraordinario valor artístico e histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, después de una importante movilización popular. Sin embargo, está pendiente de un interminable proceso de expropiación y a merced de un imparable deterioro. “Es increíble que la administración no cumpla ni siquiera con su potestad de exigir a los propietarios la conservación del inmueble”, denuncia Patón.
La necesidad de hacer caja
“Buscan cualquier manera de hacer caja”, insiste Patón. Como vender edificios en pleno casco histórico. Por esa vía, una antigua casa de la Orden de Malta está a la espera de inmobiliaria que la adquiera. Son 793 metros cuadrados de planta y más de 2.000 metros construidos en la Corredera Baja de San Pablo (también en el corazón de la ciudad). El inmueble pasó a patrimonio público en 1991 y fue desalojado en 2008. El Ayuntamiento volvió a anunciar un destino social para la construcción: centro social, guardería infantil y seis viviendas tuteladas. Pero ahora se ofrece al mejor postor.
Los agujeros de las arcas públicas imponen toda esta dinámica. Y los huecos de la ciudad de Madrid son, quizá, la vanguardia de los agobios financieros. Porque la fiebre por trasvasar a cualquiera lo que era común no se circunscribe a las parcelas históricas. Sin ir más lejos, la propia gerencia de Urbanismo de Madrid (en la famosa calle Guatemala, uno de los focos de la Operación Guateque sobre el fraude en la concesión de licencias municipales) se marchó de su sede para poder vender el edificio. Los funcionarios se fueron a unas oficinas de alquiler de la periferia (que cuesta 280.000 euros mensuales, más un millón de adecuación) para subastar las dependencias. La primera puja, en 2012, quedó desierta. El Ayuntamiento buscaba 65 millones que, finalmente, una cooperativa pagará al consistorio después de levantar allí una torre de 220 viviendas. De momento han aportado el 2% de total como garantía.
En esa línea, el Ministerio de Hacienda hace prospecciones de mercado para finiquitar el Parque Móvil del Estado. Un bocado suculento 8.000 metros cuadrados de suelo donde 27.300 son edificables en la calle de Cea Bermúdez, 5. Más de 300 viviendas pueden brotar en una de las zonas más apetitosas de la ciudad.
Y como nada se salva de este movimiento, ni el deporte base queda fuera. Basta con el ejemplo del polideportivo de Chamartín. Unas instalaciones que precisaron de 4,2 millones de euros del Ayuntamiento para remozarse. Acto seguido, la explotación y dirección de ese polideportivo fue adjudicada a una contrata privada (Carpa Servicios y Conservación, S.L. y Sport Studio Servicios Deportivos, S.L.) para que hiciera su negocio a cambio de conservar las instalaciones y pagar un canon: 300.000 euros al año.