A tres minutos de la medianoche del viernes y haciendo valer su mayoría absoluta en la Cámara autonómica, el PP de Madrid aprobó en el último Pleno una nueva Ley de Patrimonio que, según la oposición y varios colectivos especializados, pone en peligro bienes culturales, arqueológicos y arquitectónicos. La nueva norma introduce cambios para facilitar “posibles actividades económicas que contribuyan a reactivar y conservar” edificios históricos, explican en el Gobierno de Ignacio González. Para la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) en la práctica esta ley deja a merced de los promotores privados respetar o no bienes de gran valor.
De hecho, una de las modificaciones más contestadas es la que elimina el informe arqueológico obligatorio previo para poner en marcha una obra. Esto permitiría construir encima de un yacimiento que no esté actualmente catalogado. “Las autorizaciones se ciñen a las zonas identificadas en el nuevo catálogo”, ha reconocido el diputado popular Bartolomé González. Pero ha argumentado que así “se aclara y se simplifica la gestión”.
“Es importante, y mucho más en momentos de crisis económica como los actuales, que las administraciones públicas eliminen las trabas administrativas para incentivar posibles proyectos económicos”, defiende González. Precisamente el argumento que se esgrimió para modificar la catalogación de la manzana de Canalejas que permitirá al empresario Juan Miguel Villar Mir 'vaciar' varios edificios para construir un enorme centro comercial, viviendas de lujo y un hotel cinco estrellas en inmuebles que gozaban de la máxima protección.
Con palabras similares la alcaldesa de la capital, Ana Botella, defendió el cambio de uso para el Palacio de la Música, que permitirá que el histórico cine de la Gran Vía se convierta en una tienda. El edificio estaba en vías de convertirse en auditorio de la mano de su propietario, la Fundación Caja Madrid, que ya no tiene dinero para terminarlo.
Enmiendas a la medida de Eurovegas
De las numerosas alegaciones y más de 200 enmiendas que se presentaron al proyecto de ley salieron adelante las siete del PP. “Dos se refieren a la actividad económica y construcción de casinos, y otras dos modifican las leyes de Suelo y Urbanismo para la implantación de dichos complejos sin impedimento de ningún tipo, especialmente en lo que afecta al ámbito patrimonial”, denuncia el Colegio de Arqueólogos.
Estos cambios, asegura la oposición, van en la línea de allanar el camino al proyecto del magnate de los casinos, Sheldon Adelson, en Madrid. “Tenemos que seguir liberalizando y estimulando la inversión y el crecimiento”, sostiene el presidente autonómico en todos los foros posibles. Pero no todo se decide en la Asamblea de Madrid. El Gobierno estudia modificar incluso la Ley Antitabaco, para permitir fumar en los casinos. Así lo ha reconocido el propio Mariano Rajoy tras un encuentro con Adelson en La Moncloa.
Silencio positivo
La norma autonómica establece otras dos categorías de protección más bajas que la de Bien de Interés Cultural. Para los populares, esto ampliará el catálogo de edificios protegidos y dará mayor protagonismo a los ayuntamientos. La oposición, que ha votado unánimemente en contra, el objetivo de la ley es abrir la mano a los intereses de los dueños de los edificios.
Por ejemplo con otra de sus disposiciones polémicas, la que se refiere al silencio administrativo positivo. Con ella se da el visto bueno a la intervención sobre bienes protegidos si no hay una resolución oficial en un mes. Actualmente el plazo medio de los informes es de más de un año. También habrá 30 días para resolver un informe de impacto ambiental, que de lo contrario se dará por positivo. La ley “alivia las trabas inmensas, las acorta y racionaliza, con el compromiso de que la Administración sea ágil y eficaz”, defendió en el Pleno el popular Bartolomé González ante las críticas de la oposición.
La ley también da de baja a las Comisiones de Patrimonio, “eliminando opiniones cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en Conjuntos Históricos y entornos de monumentos”, se queja MCyP.
Los grupos de la oposición anuncian que intentarán frenarla en el ámbito nacional, y las asociaciones aseguran que continuarán con su campaña para pedir una marcha atrás. De momento han recogido el apoyo de colectivos de arquitectos y asociaciones profesionales de arqueólogos de toda España e incluso del extranjero. También del Comité Español de Historia del Arte y de expertos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el INCIPIT (Instituto de Ciencias del Patrimonio), el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural Español) o UNESCO Madrid. Mientras tanto, la ley va ya de camino al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.