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Patrimonio decide ignorar el veto de la Iglesia y entrar en el Valle de los Caídos para iniciar la exhumación de los Lapeña

Patrimonio Nacional va a entrar en la basílica del Valle de los Caídos, “a la mayor brevedad posible”, para continuar los trabajos técnicos preliminares que el prior de la abadía del Valle paralizó en octubre. El padre Santiago Cantera negó el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y envió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres de franquistas y víctimas del franquismo y también los hermanos Lapeña que un juez ha ordenado exhumar.

Sin embargo, pese al veto, un informe de Patrimonio fechado el 25 de abril, al que ha tenido acceso eldiario.es, decreta que esos trabajos se van a continuar pese a la “oposición manifestada por la Abadía benedictina”. La labor consiste en que unos técnicos del Instituto Torroja, perteneciente al CSIC, entren a la fosa y determinen el estado de la misma y de los cuerpos que acompañan a los Lapeña, con la intención de determinar si la exhumación afectaría a otros restos. Es el primer paso para recuperar los restos de los hermanos republicanos fusilados en el 36, que se haría más adelante.

El conflicto entre la Iglesia y el Estado surgió porque Patrimonio gestiona el conjunto monumental franquista y tiene la jurisdicción del mismo, excepto en la basílica, que es propiedad de la Iglesia y, según los Acuerdos de la Santa Sede –que tienen rango de acuerdo internacional– es inviolable a menos que los religiosos den el permiso de entrada. Sin embargo, el organismo estatal recuerda en el documento que los cadáveres que yacen en fosas dentro de esa iglesia forman un “cementerio público”, es decir, de jurisdicción estatal.

De este modo, esquiva uno de los obstáculos que mantiene paralizada la exhumación de Ramiro y Manuel Lapeña, exhumación que ordenó un juez de San Lorenzo del Escorial en mayo del año pasado por sentencia firme. Las peticiones de aclaración al juzgado, la solicitud de informes previos, las esperas para que se pronuncie la Abogacía del Estado o la oposición de los monjes han embarrancado el proceso durante más de un año.

En esta última ocasión, la dilación se ha producido porque Patrimonio encargó un dictamen a los abogados del Estado, al que también ha tenido acceso eldiario.es, aunque finalmente no ha seguido sus indicaciones, ya que es un texto informativo y no vinculante. La Abogacía recomienda iniciar otro proceso judicial antes de entrar en la basílica en el que declaren los familiares de los Lapeña y los que se oponen a la exhumación.

El documento de la Abogacía revela además que no solo los monjes de la Abadía han intentado evitar el proceso alegando derechos de terceros enterrados allí y la inviolabilidad del templo. También han intentado parar la exhumación un ciudadano cuyo abuelo está enterrado en la misma cripta y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, la misma que ha denunciado a Wyoming y Dani Mateo por un chiste en El Intermedio.

La asociación franquista, que también amenazó con denunciar a eldiario.es, ha acudido a la Audiencia Nacional interponiendo una demanda contencioso-administrativa para que no se pueda entrar a la fosa, como recoge el dictamen de los abogados del Estado. Sin embargo, la demanda no ha sido admitida porque la Audiencia se ha declarado no competente.

Estos opositores serían llamados en ese supuesto juicio que recomienda el informe. La Abogacía dice que si resultara de ese proceso una condena a Patrimonio, es decir, que la sentencia ordenara que actúe, entonces se podría entrar al templo.

Sin embargo, Patrimonio ha preferido entrar a hacer los trabajos preliminares sin esperar a ese proceso judicial. Este organismo, dependiente del Ministerio de Presidencia, no ha especificado a eldiario.es cuándo entrará y no ha querido comentar el contenido de los informes, que han sido enviados a las partes.

El abogado de la familia, Eduardo Ranz, ha puntualizado que “todo este proceso es innecesario, y mientras se hacen los informes, la familia sigue sin recibir los restos y sin que nadie les explique in situ nada sobre la exhumación de su abuelo y su tío abuelo”.