El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución no vinculante en la que insta a las entidades financieras en toda la Unión Europea (UE) a abstenerse de recurrir al desahucio de las familias que viven en su única residencia, y que en su lugar se comprometan a reestructurar la deuda.
En concreto, España es interpelada para que utilice todas las herramientas a su alcance con el objetivo de reducir de manera drástica el “intolerable número de desahucios” y, en este sentido, se insta a la Comisión Europea (CE) a seguir “atentamente” la aplicación de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno en el sector bancario para evitar abusos en la banca.
El documento, presentado por la comisión parlamentaria de Peticiones sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España y aprobado por 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones, incide en que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido “mayoritariamente ignorado” por las entidades, dado su estatus voluntario. Sus resultados, según la resolución, han sido “muy limitados” a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago, debido a que los requisitos de admisibilidad descalifican a más del 80% de los afectados.
En concreto, los eurodiputados instan a la Comisión a supervisar la aplicación de la sentencia “Aziz” del Tribunal de Justicia de la UE, que en marzo de 2013 determinó que las normas españolas que regulaban los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación europea sobre cláusulas abusivas.
Bruselas también considera, no obstante, que las autoridades españolas modificaron el sistema nacional de recurso en el ámbito hipotecario el pasado mayo para adecuarlo a la legislación comunitaria.
El Parlamento recoge datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, según los cuales desde 2008 ha habido en España casi 400.000 desahucios (19.261 de ellos en el primer trimestre de 2015) y más de 100.000 familias han perdido sus hogares. El texto ha tenido en cuenta “el gran número de peticiones” recibido, que ha puesto de manifiesto “la tragedia de miles de casos personales en los que ciudadanos han sufrido la pérdida parcial o total de los ahorros de toda una vida”.
En general, los eurodiputados piden a las entidades financieras en toda la Unión que “pongan fin a los comportamientos abusivos hacia los clientes en el sector de las hipotecas, productos financieros sofisticados y tarjetas de crédito, incluida la imposición de intereses excesivos y la cancelación arbitraria de los servicios”.
Rechazo a una ley de segunda oportunidad
El pleno del Parlamento ha rechazado en la votación propuestas como instar a la CE a armonizar las condiciones de los contratos de las hipotecas y los procedimientos de liquidación de deudas de cara a mejorar la protección de todos los consumidores europeos, teniendo en cuenta la posibilidad de introducir la dación en pago. Sí que ha aprobado que Bruselas “emprenda campañas de información sobre los productos financieros y que refuerce los conocimientos en materia financiera con medidas de formación”.
Igualmente considera necesario que la Comisión Europea comparta las mejores prácticas para reforzar la protección de los ciudadanos en situaciones de dificultad económica, ya que “una formación financiera básica debería considerarse un valor complementario para evitar las consecuencias de un endeudamiento excesivo”.
La Eurocámara también urgió a la Comisión a presentar una propuesta legislativa sobre la insolvencia de las familias, pero rechazó la apertura de segundas oportunidades para particulares y hogares.
En el debate sobre este dossier que se celebró en el pleno el lunes, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, aseguró ante los eurodiputados que la CE continúa evaluando las respuestas remitidas por España sobre su cumplimiento con las leyes europeas sobre hipotecas, y que actuará en el caso de que se consideren “insatisfactorias”. Jourová también recordó que Madrid ha aprobado modificaciones legislativas para evitar que los inversores no profesionales adquieran productos financieros complejos.
En lo referido al caso de la venta a clientes minoristas de participaciones preferentes, el Parlamento urge a la Comisión a supervisar “la correcta transposición y aplicación de la legislación de la UE por parte de España en el ámbito de los instrumentos financieros”, y a “verificar las quejas recibidas y llevar a cabo las investigaciones necesarias”.
El texto también apunta que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero, muchos de ellos personas de avanzada edad después de que sus bancos les vendieran “de forma deslegal” productos financieros de riesgo sin informarles correctamente.