A Salvador Cacho, un joven mexicano de 36 años que estudió Ciencias Políticas, le cambió la vida en 2016 mientras tomaba un café con su tía. Entonces tenía 28 años y tras la conversación, se le desbloquearon numerosos recuerdos que había tenido encapsulados: las escenas de abuso sexual que cometió contra él de manera reiterada su tío Felipe, hermano de esa tía con la que estaba charlando, cuando él era un niño.
La primera vez fueron tocamientos, relata desde México, donde vive. “Yo tenía 5 años en mi primer recuerdo. La última vez que ocurrió yo tenía 14 años, y ya me negaba, por lo que él usó la fuerza”. Su presunto agresor es solo ocho años mayor que él, tenían una relación muy cercana, de confianza y convivencia en una familia unida y aparentemente idílica.
Después de dos décadas de conflicto interno, dudas y culpas, Salvador se decidió a denunciar a su tío este mismo año, pero en medio del proceso su presunto depredador huyó y han acabado por encontrarlo en España, donde le tomaron declaración en la Audiencia Nacional a la espera de si México solicita su extradición y si se lleva a cabo. De momento, el juez Santiago Pedraz lo ha dejado en libertad sin fianza tras retirarle el pasaporte e imponerle la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia, como se indica en un auto judicial del 27 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es. La Fiscalía no lo ha recurrido.
“Se habla cuando se puede”
A Salvador, después de aquel café con su tía el mundo se le vino encima: “Caí en una depresión. Reuní las fuerzas para contárselo a mi madre, que afortunadamente me creyó, aunque se sintió culpable. Fue todo terrible, pero hay que recordar que la única persona responsable de un abuso sexual infantil es quien lo comete”.
Después de ser consciente de todo lo que le había pasado, Cacho se armó de valor y denunció los hechos este año, con la amenaza de la prescripción de los delitos siempre sobrevolando, como en tantos otros casos de abuso infantil. “Siempre digo, como dije delante de la jueza, que se habla cuando se puede. Y eso es cuando te sientes seguro, tienes una red apoyo y no cuando el Estado lo dice o la gente cree que debías haberlo hecho”. El 29 de febrero de este año, Salvador habló porque pudo y puso su denuncia en un juzgado mexicano, a la que ha tenido acceso elDiario.es y en la que relata fechas y acontecimientos de abusos de su tío, casi siempre valiéndose de reuniones familiares. La parte juzgable es la que comprende episodios de agresión que van desde 1999 a 2003.
El proceso para llegar a la denuncia no fue fácil: “Busqué un equipo de abogados, me hicieron periciales psicológicas, hubo que buscar fotos en álbumes familiares que mostraban que habíamos estado en el mismo lugar cuando yo decía, buscamos también a un amigo de mi agresor con el que siempre iba... Al final me confirmaron que varios delitos de los cometidos por mi tío no habían prescrito y seguí adelante”.
La prescripción es uno de los obstáculos para que se haga justicia en casos de abuso infantil. Según un informe de Save The Children de 2023, la mayoría de las víctimas espera a la edad adulta para revelar el abuso sexual o no llega a revelarlo nunca. En 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual. Todos esos factores juntos hacen que el abuso infantil sea más difícil de detectar y de juzgar.
Cuando los supervivientes llegan a la vida adulta, son conscientes de lo que les pasó y quieren que se haga justicia, a veces es demasiado tarde para una condena, aunque quede probado que el hecho se cometió. España, por este motivo, aprobó una Ley Orgánica en 2021 para que la prescripción de estos delitos empezara a contar a partir de que la víctima había cumplido 35 años, y no a partir de los 18, como sucedía hasta entonces.
En México, pese a que también se hizo una reforma en 2023 que ampliaba las prescripciones de estos delitos contra la infancia, el primer juez que atendió el caso de Salvador consideró que ya no se podía juzgar por haberse excedido el plazo, pero Cacho recurrió. Su tío y presunto agresor no se presentó a la audiencia previa. La primera vez adujo que estaba en España ayudando a una hermana y aportó como prueba los billetes de avión. En otra ocasión declaró online. Salvador se temía lo peor: “En la segunda audiencia no se presentó diciendo que el caso se había convertido en mediático y le daba miedo de salir a la calle por si le hacían daño. Yo le invito a sentir el miedo que me hizo sentir a mí”.
Pero el recurso de apelación siguió adelante y una segunda jueza falló que el presunto agresor sí podía ser juzgado por seis casos de violación “agravada”, según el auto al que ha tenido acceso este medio: “El 12 de julio la justicia dictó orden de aprehensión y dijo que debía haber un nuevo juez, volviendo el proceso atrás”.
Ahí empieza el tercer calvario para Salvador, porque tras ver una luz de esperanza, las autoridades confirman que su tío Felipe no está en México y no dan con él. Se le habían puesto unas medidas preventivas como presentarse cada 15 días ante la justicia, alejamiento de su sobrino y una fianza, pero se había decidido que no entrara en prisión preventiva, contra el criterio de la Fiscalía mexicana.
Aviso de la Interpol
El 20 de agosto de este año se mandó una alerta a la Interpol, la policía internacional, que emitió un aviso a todos los países el 26 de agosto. Al día siguiente, por pura casualidad, en un control rutinario de carreteras cerca del barrio madrileño de Fuencarral, la Policía para a Felipe y, al pedirle el permiso de conducir, salta la alerta roja. Fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Pero, además de la nacionalidad mexicana, el detenido tiene también nacionalidad española, lo que ahora puede dar un vuelco al caso que deje sin justicia a Salvador.
“Ese mismo fin de semana volé a Madrid porque necesitaba saber del proceso de extradición”, cuenta. Al “milagro” de una detención tan rápida y casual le ha seguido una enorme duda legal sobre si podrá llevarse adelante el juicio. Las gestiones para seguir con el proceso están ahora en manos de México, que debe hacer un requerimiento de extradición a España. Sin embargo, la justicia española tiene también tutela de derecho sobre el agresor, por ser también ciudadano español, y puede que no apruebe la entrega.
“Si la conducta en España está prescrita, que es posible porque las legislaciones son diferentes, lo más probable es que no se le extradite y se le deje en libertad sin que pague por lo que hizo en México”, cuenta desde su despacho José Luis Nasser, el abogado de Salvador. “Pero sigue siendo delito en México y el aviso de la Interpol seguirá activo, de manera que podrá estar únicamente en España y si sale se le podría detener. Si finalmente no se le extradita, esta persona buscada en México por abusos infantiles quedaría libre en territorio español”, lamenta. elDiario.es ha contactado con el abogado del presunto agresor sin recibir respuesta.
En este tiempo de esperas y procesos burocráticos hasta que se resuelva la extradición, Salvador está intentando ayudar a otros supervivientes de abusos: “Hay muchos casos que quedan ocultos, por falta de capacidad económica, por falta de herramientas o porque llegar hasta aquí requiere mucha determinación. Pero hay que hablar y decir que a los hombres también nos violan, en todos los niveles socioeconómicos, y acabar con el asqueroso esquema del qué dirán”.
Lo siguiente que espera es ver a su tío sentado en un banquillo en México y “que pague allí, los años que diga la justicia, ni más ni menos, porque una vez destapas esta cloaca te cambia la vida y yo necesito que se cierre el proceso. Yo no lo elegí, pero ahora tengo un compromiso y se tiene que hacer justicia”, concluye. Todo depende ahora de si aquello que pasó entre 1999 y 2003 y que México quiere juzgar, es delito todavía según las leyes españolas.