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La Asociación Española de Pediatría tiene un conflicto de intereses de miles de euros en su enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad sobre la financiación pública de vacunas frente a la meningitis B: el de los pagos que varios de los pediatras más activos en la defensa de la postura de la asociación reciben por honorarios de las fabricantes de estos fármacos. Solo cinco de los principales miembros de su Comité Asesor se repartieron más de 200.000 euros de las farmacéuticas que copan el mercado de vacunas español en los dos últimos años.
El pasado marzo, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Sistema de Salud rechazaba la inclusión general de la vacuna infantil contra la meningtis B, Bexsero de GSK, en el calendario nacional. Aunque sí se incorporó el suero tetravalente (que cubre varios tipos de meningitis), de las farmacéuticas GSK y Pfizer, se limitó su aplicación pública a adolescentes. Ambas decisiones contrariaron a la Asociación Española de Pediatría (AEP) que emitió un comunicado de oposición.
La AEP quiso “mostrar su total desacuerdo con esta decisión, así como con su argumentación. La AEP, con la evidencia científica disponible, sigue recomendando la vacunación frente al meningococo B fundamentalmente en los lactantes desde los 2-3 meses de edad”, expresó. Y añadió sobre las tetravalentes que “muestra su desacuerdo con la excesiva dilación para su incorporación en los calendarios de las comunidades autónomas. Tampoco resulta entendible la no incorporación de la misma en la primera infancia”. En el posicionamiento de la AEP que realizaba mediante su Comité Asesor de Vacunas no se indican las transferencias que acumulan sus miembros por “prestación de servicios” diferentes a estudios a las dueñas de esas marcas. Tampoco en la versión web de recomendaciones anuales de vacunación de acceso al público.
Coordinador, secretario, vocales...
El coordinador de ese Comité Asesor de la AEP en marzo de 2019 era el doctor David Moreno Pérez que había cobrado de la industria 43.700 euros en 2017 y 2018. Casi la mitad provino de GSK y Pfizer. Moreno Pérez renunció a ese puesto al convertirse en director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía en mayo pasado. Su secretario entonces, el doctor Francisco Álvarez García, le sustituyó en la coordinación. Álvarez García ingresó 58.000 euros durante esos dos cursos. Más de 36.000 de esas dos mismas compañías.
“Responden a colaboraciones en calidad de docencia como especialista participante en congresos y jornadas y otras actividades formativas, así como desplazamientos y dietas por asistencia a reuniones informativas como profesional de la pediatría especialista en vacunas”, aclara el pediatra.
Álvarez indica que su labor es “revisar la evidencia científica acumulada y recogida en las publicaciones científicas sobre estudios realizados con vacunas en enfermedades transmisibles. El comité se limita a agregar el conocimiento científico ya publicado y a transmitirlo para que sea de conocimiento público, tanto para profesionales como para la sociedad en su conjunto. No nos corresponde como profesionales médicos entrar en otro tipo de consideraciones”. Con todo, este pediatra declaraba en febrero de este año en la publicación Redacción Médica, antes de conocer la decisión sobre las vacunas de la meningitis: “Inequidad es excluir el Bexsero de la financiación y el calendario vacunal”.
Uno de los vocales del Comité Asesor y jefe de servicio en el Hospital de la Costa del Sol, Javier Álvarez Aldeán, ha acumulado 45.000 euros en transferencias, la mayoría como “honorario”. Este médico, que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es, participó en la presentación pública de la vacuna contra la meningitis B Trumenba que realizó su fabricante Pfizer en abril de 2018.
La comunicación oficial de la compañía lo presentaba con su cargo sanitario. Junto a Álvarez Aldeán en el acto estaban la directora médica de la Unidad de Vacunas de Pfizer, Cristina Méndez, y otra sanitaria: “La médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro”, María José Cilleruelo. La pediatra también es miembro del Comité Asesor y aparece en los listados de pagos de Pfizer con 10.000 euros en 2017 y otros 5.900 de GSK al año siguiente. Otro integrante del Comité Asesor es la doctora adscrita al área de investigación en vacunas de la Fisabio en la Comunitat Valenciana, María Garcés Sánchez, que acumuló 68.000 euros de la industria –más de la mitad entre las fabricantes de estos productos–.
Transparencia
Además del grupo del comité, otro miembro de la Asociación, el pediatra investigador Federico Martinón Torres, contradijo abiertamente en Redacción Médica los puntos de la argumentación manejada por la comisión de salud. Habló como coordinador de la unidad de vacunas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) sin hacerse alusión a los ingresos recibidos desde la industria recogidos en los listados de las compañías. Este pediatra percibió por servicios (no investigación) casi 150.000 euros en los dos últimos años.
El doctor Francisco Álvarez García considera que estas colaboraciones son “parte de mi labor como profesional del sector sanitario y totalmente legítimas” y asegura que lo primero que aclara al intervenir en un congreso son sus conflictos de interés. Y luego añade que esos pagos ya son “públicos y transparentes y se puede consultar de forma pública”. Se refiere a la difusión por parte de cada compañía de sus listados de transferencias de valor. Cada farmacéutica facilita su relación en su sede electrónica en virtud de un acuerdo voluntario de la patronal. Algunos accesibles y fácilmente manejables, otros no tanto. No existe una obligación legal de hacerlo ni una fiscalización oficial de los datos allí consignados por los laboratorios.
La AEP contesta que “tiene un compromiso ineludible con la transparencia de su actividad”. Y subraya que la información sobre conflicto de intereses de sus miembros “consta cada año en la publicación oficial de recomendaciones del Calendario de Vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría que se publica anualmente en el órgano de expresión oficial de la AEP, Anales de Pediatría”.
Es cierto que el artículo en esa publicación incluye un epígrafe de conflictos, pero no aparece en la página web de la AEP “Calendario de Vacunaciones AEP 2019”. Tampoco en el posicionamiento que se oponía frontalmente a la no financiación generalizada del Bexsero.
Científicos vs. políticos
Sin embargo, el comunicado sí incluía un añadido bajo el epígrafe “aclaraciones”. Ahí, la AEP afirmaba que son una “sociedad científica que representa a más de 14.000 pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria” cuyo objetivo, entre otros, es “velar por la adecuada atención sanitaria”.
Al mismo tiempo, calificaba a la Comisión de Salud Pública (el organismo que toma las decisiones sobre las vacunas) como “dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, integrada por los directores generales de Salud Pública de las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad”. Sin referencia acerca de que esa Comisión ha seguido las recomendaciones del grupo de trabajo técnico que analizó la epidemiología y aplicación de estos productos.
La AEP contesta a eldiario.es que “es de conocimiento público que la Comisión de Salud Pública está formada por los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de las consejerías de Sanidad y que reciben documentos de la Ponencia de Vacunas, que está formada por técnicos del Ministerio, de la AEMPS y de las consejerías. En todo caso, quien emitió la nota fue la CSP, no la Ponencia de Vacunas”.
La nota a la que hace referencia reproduce la argumentación técnica de esa Ponencia cuyos integrantes son la jefa del Área de Programas de Vacunas de Sanidad, una jefa de servicio de la misma área, una investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, otra bióloga especializada en la unidad que estudia la bacteria de la meningitis en el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, el jefe del Área de Biotecnología de la Agencia Española del Medicamento y la asesora de vacunas de la división de Productos Biotecnológicos de la Agencia. También estaban los responsables de vacunación de Andalucía y la Región de Murcia y el jefe de Vigilancia Epidemiológica de Asturias, un especialista en medicina preventiva del Instituto de Salud Pública de Navarra, una investigadora de la Agencia de Salud Pública de Catalunya y una doctora del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital de Bellvitge. Todos firmaron “no tener conflictos de interés en relación con los temas tratados en este documento”.
En junio pasado, por recomendación de los técnicos de la Ponencia de Vacunas, se acordó en el Consejo Interterritorial llevar a cabo un estudio sobre la efectividad de la vacunación contra la meningitis B en España. Se está elaborando el protocolo del estudio, según subraya el Ministerio de Sanidad.