El juez Santiago Pedraz ha concluido la investigación del caso Couso con la decisión de elevar a la Sala de lo Penal la propuesta de cerrar la causa. En ese sumario están procesados tres militares norteamericanos por el ataque al Hotel Palestina en Bagdad el 8 de abril de 2003 en el que murió el cámara de Telecinco José Couso y el ucraniano Taras Protsyiuk. Los militares estaban siendo investigados por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de Homicidio.
En un auto, Pedraz justifica esta decisión por la reforma de la ley de jurisdicción universal y, en especial, por la sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a la investigación de los delitos cometidos por las autoridades chinas en Tíbet. El juez recuerda que esa sentencia se dictó por unanimidad y sin votos particulares, y además se decía en ella “que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento”.
Pedraz lamenta que los procesados no puedan ser buscados ni investigados, a pesar de que “queda constatado que existen suficientes indicios racionales de que los procesados serían autores de los delitos señalados”. El juez deja claro quién es el responsable: la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, “salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España”.
Indignación de la familia de Couso
La familia del periodista ha anunciado que recurrirá la decisión y llegarán si es preciso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Familiares y amigos han dicho en un comunicado que están “desolados, indignados y decididos a no tirar la toalla”.
“El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano”, afirma David Couso, hermano del reportero asesinado. “Fue un cambio de ley hecho a la carta, para favorecer a determinados criminales como los militares estadounidenses que acabaron con la vida de mi hermano y también de genocidas como los responsables de decenas de miles de muertes en el Tíbet y en otras naciones”.
Cousa destaca que los argumentos empleados por el juez Pedraz confirman que hay indicios sólidos para que los responsables del ataque al hotel sean procesados, y que sólo la “impunidad” creada por la reforma de la ley de justicia universal les permitirán librarse del proceso judicial: “A Pedraz le ha obligado a cerrar el caso el Partido Popular con su antidemocrática reforma”.