El anuncio del Gobierno se convirtió en tendencia en las redes sociales en apenas unas horas. Este 8M el Consejo de Ministros dio luz verde al III Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con una previsión de inversión asociada de 20.319 millones de euros. La cantidad ha escandalizado a la derecha y la extrema derecha, que ha atacado a la ministra Irene Montero y al Ejecutivo con miles de comentarios en Twitter que ridiculizan las políticas feministas o comparan la cantidad con otros gastos para acusar al PSOE y Unidas Podemos de querer imponer la “ideología feminista”.
Son varios los líderes de la derecha, entre ellos, Santiago Abascal, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que han criticado el plan, e incluso a Vox le ha servido para convocar concentraciones contra el Gobierno bajo el lema “20.000 millones de razones para salir a la calle”. La bola se ha hecho cada vez más grande y ha llegado a la sesión de control en el Congreso, donde el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha calificado los 20.000 millones de “sablazo de precisión” y ha afirmado erróneamente que se trata de una inversión “en el Ministerio de Irene Montero”.
Pero ¿qué es en realidad el Plan Estratégico y a qué corresponden los 20.000 millones?
La estrategia es un compendio de las políticas con impacto de género y sus inversiones asociadas que el Ejecutivo prevé para el periodo 2022-2025. Plasmar estas metas es una obligación contenida en la Ley de Igualdad de 2007, que define el plan como “instrumento básico” y que mandata al Gobierno a aprobarlo “periódicamente”. El último data de 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, y contemplaba una inversión hasta 2016 de 3.126 millones de euros, cinco veces menos (en el promedio anual) que el actualizado ahora.
Afecta a todos los ministerios
Lo que hace el Ejecutivo con el plan es establecer cuáles son las medidas que contribuyen a enfrentar la desigualdad entre mujeres y hombres recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y las que prevé desarrollar hasta 2025. Es una hoja de ruta transversal a todo el Gobierno e incluye medidas feministas que ponen en marcha todos los departamentos, como Interior o Sanidad. Los 20.319 millones de euros es la suma del dinero invertido en cada una de estas políticas públicas, una cantidad, cuantifica Igualdad, con la que España pasa de destinar el 0,10% del PIB a medidas con impacto en igualdad al 0,4%.
Cada ministerio ha puesto sobre la mesa las inversiones ya consignadas en los PGE de 2022 y la previsión que tiene cada uno para los próximos ejercicios, y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad las ha recopilado. Por eso, en el plan se incluyen medidas que no solo tienen que ver con el departamento dirigido por Montero y algunas que ya están siendo puestas en marcha durante este ejercicio.
El plan está estructurado en cuatro ejes: al que más inversión dedica, en concreto 18.461 millones de euros (el 90,9% del total) es al de las políticas relacionadas con la “economía para la vida y reparto justo de la riqueza”; “Buen Gobierno, hacia formas de hacer y decidir más inclusivas” tiene una dotación de 59 millones de euros (el 0,3%); “Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista para las mujeres” (972 millones, 4,8%); y un país con derechos efectivos para todas las mujeres (826 millones, el 4,1%).
Permisos, escuelas infantiles, dependencia, violencia machista
En el primer eje se incorporan las medidas que tienen que ver con el acceso igualitario al empleo, la lucha contra la pobreza o el reparto de los cuidados. Una de las mayores partidas es la dedicada a las prestaciones para progenitores por nacimiento o adopción, que alcanza los 8.478 millones de euros. A esta se suman las prestaciones por riesgo durante el embarazo, las prestaciones por lactancia, por cuidado de hijos e hijas con cáncer o las bonificaciones a la contratación para el fomento del empleo, cuyo importe asciende a los 3.739 millones.
Hay medidas también destinadas a “priorizar los cuidados” y evitar que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres. Así, a las “Actuaciones para blindar el derecho al cuidado y reorganización socialmente justa de cuidados y los tiempos”, entre las que se encuentra el Plan Corresponsables, le corresponden 801 millones de euros. La universalización de la educación para menores de 0 a 3 años a través de la extensión de escuelas infantiles públicas o el refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) también están entre las políticas.
En el bloque de las medidas para la erradicación de las violencias machistas se encuentra el desarrollo de instrumentos para la “detección, atención integral, protección y reparación” de las víctimas, así como la puesta en marcha de la conocida como Ley del solo sí es sí, que despliega un abanico de recursos para las víctimas de violencia sexual, o la elaboración de la Ley de Trata, o el diseño de alternativas para mujeres prostitutas y medidas que desincentiven la demanda. También el impulso de campañas para aumentar la sensibilización ciudadana o el diseño de instrumentos para la detección temprana de la violencia machista en el ámbito sanitario.
En total son 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y 141 objetivos operativos. Afectan a todos los ámbitos y van desde la reforma de la Ley del Aborto y el desarrollo de políticas de educación afectivo-sexual en las aulas a “promover la participación igualitaria de las mujeres en el deporte” o “potenciar y consolidar el Observatorio de Género en la Cultura”. También se prevé el fortalecimiento de “la formación de todo el personal de las instituciones en materia de igualdad” o la “integración de la variable sexo y la perspectiva de género en todas las estadísticas y estudios”.
Las línea de trabajo que más presupuesto consignan, según la memoria económica del plan, son la relacionada con el empleo, a la que se dedica el 69,58% de los más de 20.000 millones, las políticas vinculadas a los cuidados (14,07%) y la lucha contra la feminización de la pobreza y la precariedad (6,98%). Los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 11.800 millones de euros, es decir la mitad de la inversión, Trabajo y Economía Social (3.800) e Igualdad (1.930) son los departamentos que más presupuesto prevén destinar a medidas con impacto de género.