Intervenciones en perreras clandestinas, en ferias de animales o en criaderos de gallos de pelea. La Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, colabora con las autoridades policiales y judiciales como apoyo técnico veterinario en actuaciones en las que hay animales afectados. “Hemos generado una herramienta que ayuda a muchos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a llevar a cabo unas inspecciones con más rigurosidad”, explica el director general de Derechos de los Animales, Sergio G. Torres.
Según los cálculos que realiza Torres, en las intervenciones que han participado han incautado a más de 120 animales a lo largo de los más de dos años y medio que tiene de vida la Dirección General animalista. De entre todas las actuaciones, recuerda una operación que se produjo en El Álamo (Madrid). “Nunca había visto tantas pulgas en el suelo. Tuvimos que entrar con EPIs”, apunta el director general. Se encontraron con “una veintena de perros en pésimas condiciones. Todos tenían una gran cantidad de parásitos, pulgas, garrapatas y muestras de sarna no tratada”, añaden fuentes de este departamento.
“Nunca había visto tantas pulgas en el suelo”
Ese no fue el único diagnóstico que realizó la Unidad de Intervención Veterinaria (UIV). Los canes, además, se encontraban en “evidente estado de desnutrición y con carácter agresivo, desencadenado por el miedo atroz a las personas”, aseguran desde el mismo departamento.
Tras la intervención, el propietario está a la espera de un procedimiento judicial y aquellos animales que no tenían identificación se encuentran “en custodia en una entidad de protección animal”, apuntan. La UIV está compuesta por dos veterinarios y una auxiliar, que son funcionarios del Ministerio. A ellos los suele acompañar Torres. Su labor consiste en evaluar la situación en la que se encuentran las diferentes criaturas incautadas en operaciones judiciales y policiales.
Intervenciones de paisano
Además de esos perfiles técnicos, en algunas operaciones necesitan a profesionales con un conocimiento mucho más específico. Así sucedió en la operación que desarrollaron en septiembre de 2021 en una feria de animales exóticos que se celebró en Madrid, indican fuentes de la Dirección General. En este caso, los miembros de la UIV acudieron “de paisano” junto a miembros de la unidad judicial de Policía Nacional y de la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. “Presenciamos la venta de una boa constrictor a un menor de 18 años. Había un agente que filió a las dos personas, al comprador y al vendedor. Se levantó acta para [emitir] una posible sanción y la boa fue enviada al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS)”, apunta Torres.
No solo se incautó la boa, también se intervinieron alrededor de 30 murciélagos y una pitón, cuya venta está “prohibida por ser animales peligrosos”, informó en su momento la Policía Municipal. Para realizar estas operaciones, necesitaron a un “grupo de herpetólogos para la identificación de las diferentes especies que allí se encontraban”, indican en el Ministerio. Torres explica que estos especialistas ayudaron a concretar si alguna de las especies expuestas “se encontraba en peligro de extinción o si venía de cría en cautividad”.
No en todos los casos los animales son incautados. Según los cálculos de la Dirección General, sus trabajadores han participado en la intervención de más de 300 criaturas, pero solo alrededor de 120 fueron requisadas. En algunos casos, no son decomisadas porque la administración no tiene donde alojarlos, pero los animales pasan a ser custodiados por la policía, tal y como explican desde el departamento animalista.
Aunque las operaciones han afectado a gallos, murciélagos o caballos, la mayor parte de las criaturas requisadas han sido perros. En Parla (Madrid) detectaron “unas instalaciones ilegales” e “insalubres” que alojaban a “más de 70 perros de razas dedicados a la actividad cinegética”, indican. Se encontraban en “condiciones lamentables” y “sin identificar”.
Los animales eran depositados allí “cuando no había actividad cinegética”, indica Torres, y sus propietarios pagaban un alquiler por ello. Esta operación se realizó en colaboración con agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Madrid y con personal de la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla, según informó Europa Press. Este caso también está judicializado y se encuentra a la espera de que se celebre la vista oral, informan desde el Consistorio.
En estas intervenciones han llegado a encontrar “animales fallecidos en los contenedores de basura”. Así sucedió en Torrijos (Toledo), adonde acudieron junto a la Policía Nacional para realizar labores de peritaje veterinario. Los cadáveres fueron hallados en las instalaciones de “una protectora de animales sin regularización como núcleo zoológico”, señalan fuentes del Ministerio.
En uno de esos exámenes veterinarios, realizado por la UIV, han llegado a encontrar a un caballo “en evidente estado de desnutrición, con graves problemas de salud, digestivos, dentales y nutricionales”. El animal fue encontrado en Valdilecha (Madrid). A pocos kilómetros de allí, en Chinchón, municipio que también está ubicado en la Comunidad de Madrid, se realizó una intervención de un “criadero de gallos de pelea”. Allí detectaron alrededor de 200 ejemplares. Los machos tenían “las crestas y espolones recortados”. En el mismo emplazamiento también incautaron “medicamentos ilegales en España y caducados”, así como “animales con heridas graves”.
Ninguna de las actuaciones en las que ha participado en estos dos últimos años la UIV “se han cerrado definitivamente”, señala Torres. Según los datos que maneja la Dirección General, los procedimientos sancionadores se están gestionado todavía. El Gobierno está trabajando en una norma que endurezca y estandarice estas multas porque actualmente dependen de la normativa de cada comunidad autónoma. Ese texto, el proyecto de Ley de Derechos de los Animales, se aprobó en agosto en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y actualmente está en el Congreso.
Esta norma contempla, tal y como ha llegado al Parlamento, que en “los casos de maltrato con resultado de muerte se endurecerá la pena de prisión hasta los 24 meses y hasta los 36 en el caso de que concurra más de un agravante”, indican fuentes del Ministerio.
Con esta ley, el departamento de Ione Belarra trata de poner fin al abandono anual de 300.000 animales al año con la prohibición de la cría no controlada y la propuesta de que todos los dueños de estas criaturas realicen un curso de formación antes de adquirir un animal. El texto recoge, asimismo, la prohibición del tiro al pichón, los circos con especies salvajes y las peleas de gallos.