Por qué algunas administraciones se personan en los casos de violencia machista y qué pueden aportar
La decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a 'la manada' no ha dejado indiferente a nadie, más bien lo contrario. Como sucedió en abril tras conocer la sentencia, las reacciones han sido muchas, la mayoría de indignación o incomprensión, también desde la política. El propio Gobierno anunció este viernes tras el Consejo de Ministros que estudia personarse como parte en defensa de las víctimas en los casos de delitos contra la libertad sexual. Aunque la Fiscalía ya ejerce su papel de acusación en estos juicios, pero el Ejecutivo cree que a través de la Abogacía del Estado puede “salvaguardarse el interés de la víctima”.
La presencia del Estado en estos casos como acusación popular sería, por un lado, un símbolo, una forma de lanzar un mensaje claro. “La acusación popular implica que aunque no hayas sido la persona perjudicada por el delito, tienes interés por mostrarte parte de la causa. En los delitos de violencia de género, que es donde se contempla, aparte del valor jurídico tiene un valor muy potente desde el punto de vista simbólico que se debe conectar con el principio de diligencia debida de Estado: asegurar a las mujeres una vida libre de violencia”, explica la magistrada Lucía Avilés, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España.
Para esto, reconoce Avilés, ya está el Ministerio Fiscal, pero el añadido de que la administración pública se persone “es una forma de decir que eso es importante y que un particular haya cometido un delito contra una mujer nos importa y queremos formar parte del proceso. El Estado tiene la obligación de prevenir, de reparar, sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres”
Si finalmente el Gobierno decide que el Estado se persone en estas causas, no sería la primera ni la única administración en hacerlo. La Comunidad de Madrid se persona en todos los casos de asesinatos por violencia de género que se dan en la región, es decir, cuando un hombre asesina a la que es o ha sido su pareja. Lo hizo por primera vez en mayo de 2016 tras incumplir su propia ley durante más una década.
Y es que la norma autonómica contra la violencia machista estableció en 2005 que el Ejecutivo debe “ejercer la acción popular” en este tipo de procedimientos. Desde hace dos años lo hace en los casos que prevé la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que encuadra esta violencia en el marco de la pareja o expareja.
En este escenario, el Ayuntamiento de Madrid da un paso más y desde el pasado mes de febrero se ha comprometido a ampliar lo que desde la institución se considera violencia machista para adaptarlo al Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. El consistorio “considerará víctimas de violencia machista a las víctimas indirectas, los hijos e hijas y las víctimas en contextos de violencia sexual y prostitución”, además de otros casos como los asesinatos de mujeres por hombres que no son su pareja o expareja, pero en los que el género juega un papel fundamental. Son los considerados feminicidios, un término que la legislación española no contempla, pero sí se aplica en otros países.
Tras esta decisión, el Ayuntamiento de Madrid comenzará a personarse en este tipo de casos: “Nosotras lo enfocamos como un litigio estratégico, nos lo proponemos como vía para que el marco normativo actual se haga valer”, explica la jurista y directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Área de Gobierno de políticas de género y diversidad del consistorio, María Naredo.
El objetivo es que la ley se aplique con perspectiva de género. “Hay casos en los que hay un marco normativo suficiente, pero la justicia patriarcal no lo aplica por esa falta de visión. Que las Administraciones Públicas se personen con este enfoque allí donde se están produciendo atropellos a los derechos fundamentales es importante”, añade. Naredo identifica esta actuación en el marco de “una función pública que tiene por objetivo cerrar las brechas de género existentes. Y la justicia es una de ellas evidente. No lo entendemos como una actuación indiscriminada, sino estratégica”.
Algo similar defiende la abogada especializada en violencia sexual Carla Vall: “Claro que el Gobierno tiene potestad para nombrar al Fiscal General pero también tiene el deber de no injerencia. Fiscalía tiene también el deber de jerarquía, es decir, pueden recibir instrucciones de no acusar o de hacerlo de una determinada manera. En la medida en la que te personas como acusación popular puedes desplegar esa idea del estado como protector. En casos de feminicidio o violencia sexual eso supone dimensionar el delito como un problema de entidad de toda la comunidad”.
Sucedió en el juicio a 'la manada'
El propio caso de 'la manada' es otro ejemplo: tanto Gobierno Foral como Ayuntamiento de Pamplona se personaron como acusación popular en el juicio. Las dos partes han recurrido también la sentencia para pedir que el delito se califique como agresión sexual y no como abuso sexual. La concejala de Igualdad del consistorio, Laura Berro, explica que tomaron la decisión porque lo consideraron un caso extraordinario y simbólico, como sucedió con el asesinato de Nagore Laffage, pero que no se trata de algo que el ayuntamiento haga de oficio.
“Teníamos una estrategia clara: continuar la concienciación social. En 2016, Pamplona salió a la calle de una manera tan desbordante que entendimos que personarnos era una manera de canalizar esa respuesta. Desde luego no la única, la hemos acompañado de más presupuesto para igualdad o incorporando la perspectiva de género en las políticas públicas, por ejemplo”, asegura la concejala. A la vista del resultado de la sentencia, Berro tiene dudas del efecto que tuvo la presencia del consistorio, pero defiende la necesidad de asegurar la acción en casos estratégicos o especialmente sensibles, más allá de lo que haga la Fiscalía“.
La abogada de Nèmesi Advocades Carla Vall defiende que, más allá de lo simbólico, la presencia del Estado puede aportar líneas de acción y acusación concretas que velen por la perspectiva de género e incluso hacer aportaciones sobre derecho comparado, algo difícil para una acusación particular, centrada en su deber único de protección a la víctima.
