“Algunas personas enferman y otras no, pero los efectos sociales de la crisis los padece todo el mundo”

Reino Unido, Francia o Alemania, entre otros países europeos, han destinado desde el inicio de la pandemia fondos públicos para la investigación social, pero España no está invirtiendo nada, en un momento en el que la COVID-19 está provocando claras transformaciones sociales y cambios en nuestras vidas que habrá que abordar desde el ámbito institucional. Así lo advierten las seis principales asociaciones de ciencias sociales de nuestro país, que se han unido para firmar un comunicado conjunto denunciando la falta de inversión en sus disciplinas y avisando de las consecuencias. 

En dicho comunicado la Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE), la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA, la Asociación Española de Geografía (AGE), la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), la Federación Española de Sociología (FES) y la Sociedad Española de Pedagogía recuerdan que “la pandemia ha sacudido a nuestras sociedades, poniendo al descubierto a las personas vulnerables y desprotegidas, a la par que llevando al límite las capacidades de respuesta de administraciones, empresas y sociedad civil”. 

El antropólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Alberto Corsín, uno de los impulsores del comunicado, subraya la rapidez con la que han llegado las firmas y se ha consensuado el texto, “lo que demuestra el estupor y su necesidad”. 

Corsín denuncia que “llevamos peleando desde abril para que haya financiación, como la hay en Francia, en Reino Unido o en Alemania” y explica en conversación con eldiario.es que “si no financiamos el impacto específico de la pandemia sobre nuestro tipo de sociedad o sobre nuestras comunidades vulnerables o sobre nuestro sistema de empleo, seguiremos teniendo que operar en función de estudios extranjeros que en realidad hablan de otro tipo de sociedades y de ciudades. La vacuna la están investigando muchos grupos en todo el mundo, pero los efectos sociales de la pandemia en España, si no lo estudiamos nosotros, no lo va a estudiar nadie”. 

Investigar lo social y no solo lo biomédico

Ante ello, los firmantes del comunicado denuncian “la relegación y abandono a que han sido sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19. La convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, la única convocatoria del sistema nacional de ciencia que a la fecha ha destinado fondos públicos a la investigación sobre la COVID-19, no seleccionó ningún proyecto de ciencias sociales entre el centenar de proyectos financiados. Dotada de un presupuesto cercano a los 24 millones de euros, no puede sino sorprender que no se estimara necesario estudiar las dimensiones y efectos sociales de la pandemia”. 

Y prosiguen: “Cuando a principios de agosto un grupo de científicos/as del ámbito de la salud pública y las ciencias biosanitarias solicitaron una auditoría de la gestión de la crisis de la COVID-19 en nuestro país, los ámbitos sobre los que incidieron —gobernanza y sistemas de decisión, cultura científica y capacidades logísticas— señalaban problemáticas consabidas en las ciencias sociales, respecto de las cuales, en algunos casos, llevábamos meses reclamando atención. Por todo ello, lejos de hacer un simple llamado de atención o cuestionamiento, queremos hacer constar que no hay salida posible a la crisis de la COVID-19 que no incluya los saberes y experiencia de las ciencias sociales”. 

Por ello defienden “incorporar las sensibilidades y perspectivas de estas disciplinas a la gestión política de la pandemia en sus distintos ámbitos territoriales y administrativos (central, autonómico, municipal). Necesitamos escuchar los saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades”.

Efectos en las comunidades más vulnerables

Cristina Sánchez Carretero, presidenta de la Asociación de Antropología del Estado español, firmante del comunicado, defiende un diálogo entre las áreas científicas y sociales y explica a eldiario.es que “tenemos claro que una vacuna no se puede poner si no se siguen una serie de pautas, pero sin embargo se toman decisiones en ámbitos sociales sin que haya estudios o predicciones previos”. Como antropóloga considera que las acciones que ahora se tomen tendrán consecuencias a largo plazo, sobre todo en las comunidades especialmente vulnerables y por ello defiende el estudio de herramientas para intentar revertir daños. “Todos estamos viviendo los efectos secundarios de la pandemia, traducidos en cambios en nuestras vidas. Esto, en las comunidades especialmente vulnerables, se triplica”, indica.

Alberto Corsín explica que los escasos estudios que hay en España se están haciendo “de forma voluntarista o precaria” y subraya el riesgo de “gestionar a ciegas” mientras no se cuente con estudios sociales que puedan acompañar y dar pistas de las cuestiones específicas que está experimentando la sociedad española. 

“Por ejemplo, habría sido interesante un proyecto para diseñar sistemas de gestión pandémica con un trabajo previo con las comunidades de base, con los colectivos de los barrios, con las asociaciones vecinales, de comerciantes, de consumo, con las redes de solidaridad, con la propia administración para analizar cuáles serían los mejores mecanismos de gestión, en vez de actuar a ciegas como se ha hecho en ocasiones lanzando fuerzas de seguridad a la calle, militarizando”, señala. 

Una respuesta multidisciplinar

La estructura del empleo en España tiene una serie de características, con una economía informal clara, que requiere un análisis específico. Los expertos en ciencias sociales advierten de que la pandemia puede afectar a esa economía informal, prohibida durante los confinamientos, y que ello repercutirá en la situación económica y social. “Nos vamos a encontrar con gente que no puede quedarse en casa, que necesita tipos de movilidad prohibida. Eso requiere un trabajo a nivel de distrito, convocar a colectivos, a asociaciones, a comunidades, hacer un trabajo de gobernanza a una escala política muy concreta, y eso requiere estudio político y sociológico”, indica Corsín. 

“Tenemos muy pocos estudios que nos hayan acercado a la complejidad de la pandemia en nuestros barrios, y lo que sabemos sobre densidad o desigualdades étnicas viene de otras ciudades, como Detroit, San Diego, Nueva York, ciudades que no tienen nada que ver con Usera, Villaverde, Getafe o las 3.000 Viviendas de Sevilla. Aunque las variables las conocemos, la manera específica en que esas variables trabajan y tienen efectos entre nosotros las desconocemos”. 

“Uno puede entender que al principio lo urgente eran las cuestiones clínicas, pero desde el primer momento quedó claro que esta pandemia tenía una dimensión social de enorme envergadura”, añade. 

También lamenta que el primer Congreso Nacional de COVID en España, que ha dado pie a un manifiesto firmado por cincuenta y cinco asociaciones científicas, no haya convocado a ninguna asociación de ciencias sociales. “El Congreso ha sido algo cocinado tan solo desde el ámbito de la biomedicina, esto es una constante, cuando lo cierto es que la respuesta no debe ser solo sanitaria o biomédica, sino multidisciplinar, para no dejar atrás aspectos fundamentales que están transformando nuestras vidas. Algunas personas enferman y otras no, pero los efectos sociales de la crisis los padece todo el mundo de un modo u otro”. 

La OMS: “Ir más allá de lo biomédico” y “trabajar con las comunidades”

Este martes la Organización Mundial de la Salud también se ha pronunciado en el mismo sentido, al indicar que los países europeos deben actuar “más allá del campo de lo biomédico” para superar la fatiga social que provoca la pandemia, que en algunos casos llega a afectar al sesenta por ciento de la población según los estudios realizados hasta ahora. En ellos se ha medido la fatiga social observando el grado en que las personas perciben el riesgo de contraer la enfermedad, sus comportamientos protectores y el grado en que se adhieren a las medidas políticas y sociales. 

“Tenemos la oportunidad de integrar una participación real de la comunidad en las políticas públicas de salud”, ha dicho Hans Kluge, Director Regional para Europa de la OMS, quien ha puesto varios ejemplos de países en los que ya se están poniendo en práctica las ciencias sociales para abordar la crisis. 

Es el caso de Alemania, por ejemplo. “Abogo por involucrar a expertos más allá de los sectores médico y de salud pública para discutir medidas y restricciones. En Alemania el gobierno ha consultado con filósofos, historiadores, teólogos y científicos sociales y del comportamiento”. También ha nombrado Dinamarca, donde un municipio ha invitado a estudiantes universitarios a trabajar con las autoridades para analizar cómo preservar la experiencia estudiantil y proteger a la vez la salud pública. 

Kluge también ha citado el ejemplo de Noruega, donde los cuidadores de niños y niñas han diseñado sus propias normas para la reapertura de las escuelas infantiles y ha añadido que la fatiga pandémica tendrá que ser contrarrestada “de formas nuevas e innovadoras”, con enfoques creativos para “restaurar el placer social, mientras se protege a las comunidades”. 

El Director Regional de la OMS para Europa ha defendido que “la consulta, la participación y el reconocimiento de las dificultades a las que se enfrentan las personas son fundamentales si queremos tener políticas verdaderamente eficaces”.