In extremis y gracias a un documento hallado a última hora en los archivos del Gobierno, Petronor, filial de Repsol, podrá solventar el caso de su fábrica de coque de petróleo instalada sin permiso sobre la costa con una falta leve que acarrea una multa de 60.000 euros y la devolución de tres millones de beneficios, según una resolución de la Dirección de Costas a la que ha tenido acceso elDiario.es. Antes de que apareciera ese documento, que hace prescribir las sanciones graves, la petición de sanción estaba en 200 millones de euros.
No se trata de que no hubiera intentos y acciones para que el Gobierno iniciara un proceso por posibles infracciones mucho antes de que se acercara un plazo de prescripción. La asociación Meatzaldea solicitó al Ministerio de Medio Ambiente –dirigido por Miguel Arias Cañete (PP)– que abriera un expediente el 22 de noviembre de 2012. Solo hubo silencio. Así que el proceso no comenzó hasta nueve años después y por obligación de la Audiencia Nacional. A la vista de lo resuelto por Costas, ya era tarde.
Tampoco es que las instalaciones que ocupan parte de la ría de Barbadun (Bizkaia) hayan pasado desapercibidas. De hecho fueron publicitadas por la empresa como “la mayor inversión industrial de la historia de Euskadi”. Es más, Petronor informaba de que el proyecto había sido financiado con dinero público del Ministerio de Industria y Turismo y el Banco Europeo de Inversiones.
En resumen: una combinación de dejación de funciones, silencio administrativo, retrasos judiciales y estrategias procesales han permitido que la petrolera filial de Repsol haya evitado, de momento, casi todo el castigo por la ocupación sin autorización de 46.000 metros cuadrados de dominio público. El retraso ha permitido, a la postre, que ese documento tuviera efecto y posibilitara que las faltas más graves hubieran caducado, según la resolución de Transición Ecológica.
Factoría de combustible fósil sin autorización
El Ministerio ha resuelto este febrero el expediente contra Petronor abierto hace un año por orden de la Audiencia Nacional en una sentencia de 2018, que necesitó dictar un auto en noviembre de 2020 para que se ejecutara su fallo.
Probado según la resolución del Ministerio, es que la empresa construyó una factoría de combustible fósil sin autorización ocupando el Dominio Público Marítimo-Terrestre, es decir, la ría de Barbadun en Muskiz (Bizkaia). Petronor ejecutó las obras “sin el preceptivo título a otorgar por esta Administración, lo que no ha sido rebatido por la Sociedad presuntamente infractora”, llega a escribir el departamento de Costas el 10 de noviembre de 2021.
Sin embargo, la propuesta de sanción ha pasado de una inicial de 200 millones a poco más de 60.000 euros. La resolución final de 1 de febrero expresa que las infracciones más graves han prescrito, es decir, que pasó el plazo legal para sancionar. Solo ha sobrevivido una falta leve. Costas pide la devolución de los beneficios de seis meses producidos por una planta que lleva operando oficialmente desde 2012. La resolución calcula que son algo más de tres millones de euros.
Ejecutó las obras sin el preceptivo título a otorgar por esta Administración, lo que no ha sido rebatido por la Sociedad presuntamente infractora
¿Qué ocurrió para que la posible multa se haya rebajado un 99%? Pues que, en ese tiempo, en el Ministerio de Transición Ecológica han encontrado un escrito que, aseguran, provoca la prescripción. Petronor había alegado que el asunto estaba caducado aduciendo varias fechas para iniciar el cómputo de dos años: 2007, 2013, 2015... dependiendo de diferentes trámites en torno a la fábrica.
En esa línea, también mencionaron que ellos habían avisado de que la fábrica arrancó el 2 de abril de 2012. Existía, argumentaron, un acta firmada por la Consejería de Industria del País Vasco con esa fecha. El plazo para multar, exponían, había pasado.
Pero el propio Ministerio informaba de que eso no constaba. Que no hubo una comunicación oficial de que la fábrica se había puesto a funcionar. “No consta comunicación de fecha de inicio de las obras ni de finalización de las mismas una vez ejecutadas”, describe el escrito. Y subraya que es “obvio reseñar que esta Administración [el Ministerio] no es la firmante del acta”. Al fin y al cabo, había sido la Consejería autonómica la que estampó el sello.
Así que, para ellos, la información llegó el 21 de marzo de 2021. De ahí que, el año pasado, Costas hubiera decidido achacar dos faltas graves a Petronor cuya multa iba a sumar esos cientos de millones.
El documento: un acta de 2012 metida en un anexo de 2018
Lo que dice ahora Transición Ecológica es que han revisado los archivos y han dado con un documento en cuyos adjuntos se había incorporado el acta a la que hacía referencia Petronor. “Ha podido localizarse documento denominado Proyecto instalaciones Petronor ubicadas en zona marítimo terrestre, fechado el 3 de abril de 2018”, describe la resolución. En ese proyecto, dicen, había “un anexo 2” donde aparecía ese certificado autonómico de puesta en servicio.
Así que, a pesar de que se da por comprobado que la empresa construyó su fábrica sobre la costa bizkaina sin licencia, ya que “no recibieron la autorización previa” ni tampoco hubo “legalización posterior” y que hacer esto cae en los supuestos de infracción grave de la Ley de Costas, Petronor se salva gracias al papel hallado casi sobre la bocina.
Las actuaciones principales ocuparon, pues, sin permiso, al menos, 46.000 metros cuadrados de dominio público, según consta en el expediente. La empresa ha dicho a elDiario.es que pretenden recurrir incluso esta resolución. Petronor considera que todo lo hicieron dentro del suelo sobre el que tenían un permiso de uso previo. Que las zonas en la que llevan operando décadas se ha degradado tanto que “han perdido sus características naturales”. Y que las administraciones han conocido sus actuaciones y nunca le dijeron nada. “Y menos que hicieran pensar en la concurrencia de la más mínima infracción”.
El vía crucis hasta llegar a esta sanción, minimizada por la prescripción que ha provocado el paso de tiempo, ha sido larguísimo. Desde que Meatzaldea interpuso el recurso ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por este proyecto en 2012 han pasado casi diez años. Primero, el Gobierno dio la callada por respuesta. Silencio administrativo. Así que la asociación fue a reclamar a la Audiencia Nacional en el año 2013. Pedían que se iniciara el expediente sancionador.
La Audiencia Nacional tardó cinco años en resolver. La sentencia de junio de 2018 daba la razón a Meatzaldea. Con todo, Petronor recurrió ese fallo, pero volvió a perder en marzo de 2019.
No terminaron ahí los retrasos. Tuvo que dictarse un auto de ejecución de sentencia el 23 de noviembre de 2020 que establecía que el Gobierno central debía incoar el expediente sancionador. Entonces sí que había llegado la fecha de prescripción, según analiza ahora la resolución de Costas. Aún así, todavía se demoraría todo otros dos meses más. El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera recibió el auto el 21 de enero de 2021. El proceso sancionador comenzó, al fin, en febrero pasado.
Con ese periplo, en ese momento, según afirma ahora el Ejecutivo, las infracciones graves ya habían prescrito: la fecha límite fue abril de 2020.
“Recurriremos y ganaremos”
Este capítulo no es el único en el que estas instalaciones de Repsol-Petronor sobre terrenos de dominio público de la costa se ven beneficiadas a última hora. De hecho, la autorización del Gobierno para ocupar esos suelos otorgada en 1982 caducaba en 2012, pero un acuerdo entre el PSOE y el PNV para introducir en una votación de 21 de diciembre de 2010 una enmienda adherida a la ley de Economía Sostenible modificó la ley de Hidrocarburos para prolongar esa autorización.
El cambio otorgaba el derecho a refinerías como la de Repsol-Petronor en la ría de Bizkaia para prorrogar la ocupación del dominio público y mantener su actividad. Cuando llegó ese acuerdo entre socialistas y Partido Nacionalista Vasco, el anterior presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ya ejercía como presidente ejecutivo de Petronor y director de la Unidad de Nuevas Energías de Repsol. El 30 de abril de 2014 fue elegido consejero delegado de la petrolera.
“Recurriremos y ganaremos, pero es lento”, afirma convencida Sara Begoña Ibáñez, de la asociación Meatzaldea, que explica que lo que quieren es que se desmantele la fábrica. “Es lo correcto y lo legal”, dice. El Ministerio expresa que las posibles “medidas de restitución” del entorno quedan pospuestas hasta que se resuelva la petición de la empresa de legalización de las obras. La factoría, de momento, no ha cesado su actividad.