Amnistía Internacional pone números a la desigualdad en el acceso a la vacuna en el mundo tras la última advertencia, la enésima, de Naciones Unidas sobre la “obscenidad” y el “fracaso ético” que supone que los países ricos hayan inmunizado ya a la mayoría de su población mientras en África menos del 10% está inoculada. La organización no gubernamental analiza la contribución de cada farmacéutica que comercializa vacunas en la distribución igualitaria y señala a las menos colaboradoras: Moderna y Pfizer-BioNTech.
La primera aún no ha entregado una “sola dosis a los países de bajos ingresos” y la mayoría de su contribución al COVAX se dilatará hasta 2022, según la informe Dosis doble de desigualdad: las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID-19.
Pfizer-BioNTech, con una gran distribución en España, ha entregado el 99% de las dosis a países de ingresos altos o medios-altos. Esto supone, por poner un ejemplo, que “Suecia ha recibido nueve veces más dosis de Pfizer que todos los países pobres juntos”, denuncia Amnistía Internacional. Solo el 8% de su producción se destinarán al COVAX. La de Moderna es aún más baja: un 3,4%, apunta el informe.
La previsión de ingresos de estas compañías a finales de 2022 son 86.000 millones de dólares y 47.000, respectivamente.
El grupo de trabajo formado por Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estableció el objetivo de vacunar al 40% de la población de los países con ingresos bajos y medios bajos a finales de 2021. Faltan 100 días para eso y menos del 10% de los ciudadanos que habitan estos territorios están totalmente vacunados, recuerda la ONG.
Varios estudios confirman que los países no han cumplido sus compromisos. Menos del 15% de las dosis de vacunas contra el coronavirus que las naciones del G7 aseguraron que donarían han sido entregadas hasta la fecha, según un informe publicado por la empresa de análisis Airfinity.
La intensa presión desencadenó una reunión en Cornualles en el mes de junio de los siete líderes de las economías más avanzadas del mundo para acordar medidas inmediatas contra la enorme desigualdad en la vacunación mundial. Entonces anunciaron la donación directa de al menos 870 millones de dosis, y se comprometieron a hacerlo “lo antes posible”, con el propósito de entregar “al menos la mitad” para a finales de 2021. También dijeron que las iban a “canalizar principalmente” a través del mecanismo COVAX, que intenta asegurar un reparto equitativo.
Ante la lentitud y el incumplimiento, Amnistía Internacional pide a los gobiernos y a las compañías farmacéuticas que suministren 2.000 millones de vacunas en los tres meses que vienen a 82 países para vacunar con pauta completa a 1.200 millones de personas. “Las empresas deben distribuir el 50% de su producción a estos países a través del mecanismo COVAX u otras iniciativas multilaterales y los estados distribuir urgentemente los cientos de millones de vacunas excedentes que tienen en sus existencias. Solo así se puede salvar este desfase”, advierte el informe.
Johnson and Johnson, que distribuye la vacuna monodosis de Janssen, vendió el 79% de los lotes a países de ingresos altos y medio-altos, pero tiene previsto entregar al COVAX y a la Unión Africana un número de dosis correspondientes al 53% de sus entregas antes de acabar el año. Si esto se cumple, el reparto se reequilibraría.
AstraZeneca, por su parte, vende a precio de costo y “ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes”, aunque, subraya Amnistía Internacional, “se ha negado a compartir abiertamente sus conocimientos y su tecnología con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud”. El uso de Novavax aún no se ha aprobado, pero el informe recoge que “tiene previsto dedicar casi dos tercios de su producción a abastecer al COVAX”: lo que considera “un enfoque más responsable”.
Amnistía Internacional señala también en el informe a las grandes empresas que invierten en las farmacéuticas que están desarollando vacunas y subraya su responsabilidad en el daño en materia de derechos humanos genera el reparto desigual de los recursos. La organización se centra en diez compañías, de las cuales ninguna posee más de un 10% en ninguna farmacéutica. Entre todas suman el 22,7% de las acciones de AstraZeneca; el 27,9% de Johnson and Johnson, el 24,6% de Moderna; 32,7% de Pfizer y el 17,3% de Novavax, según los datos del informe.
Se trata sobre todo de gestores de activos y bancos con sede en Estados Unidos, pero también en Reino Unido y Suiza. Vanguard Group Inc., la compañía que más acciones posee, participa en AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer con un capital por valor de 66.000 millones de dólares. “BlackRock Inc. tiene 62.000 millones de dólares invertidos en las seis empresas destacadas”, añade el informe. También están las estadounidenses Street State Corp, Capital Group Cos Inc, Wellington Management Group LLP, Bank of America Corp, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon; la británica Baillie Gifford y la suiza UBS.