La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido hoy la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el suicidio de un interno en la futura cárcel de Archidona (Málaga) y ha demandado la apertura de una “investigación inmediata” para aclarar lo sucedido.
Según han informado a Efe fuentes policiales, el interno, un argelino de 36 años, ha sido encontrado esta mañana en su celda ahorcado con una sábana.
El presidente de la Red, Daniel Méndez, ha afirmado en un comunicado que esta situación es “consecuencia directa de la opacidad, desesperación y plena inoperatividad de un centro y un personal que no está preparado para lo que está sucediendo”.
Por ello, ha opinado que “el ministro, su secretario de Estado y la cadena de mando responsable debe asumir su responsabilidad y dimitir inmediatamente”.
La Red, que ya había advertido a través de su organización en Andalucía de las irregularidades sobre el internamiento, sostiene que esta situación “podía haberse evitado si el Ministerio no hubiera primado la improvisación y la terquedad sobre el diálogo con la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos”.
Tras la muerte del interno, ha solicitado a los grupos políticos, además de la comparecencia del ministro, la apertura de una comisión de investigación que en sede parlamentaria “permita dilucidar lo sucedido y exponga a la luz pública la situación”.
Los servicios jurídicos de este colectivo tienen previsto instruir una causa en defensa de los derechos de las personas detenidas y consideran “inaplazable” que se anule la estancia de todos los internos en este centro.
Asimismo, piden que se garantice que las organizaciones sociales son atendidas “acabando con el modelo de CIE y de criminalización que ha llevado a esta muerte”.
La cárcel de Archidona fue habilitada temporalmente como CIE para más de quinientos internos a raíz de la oleada de inmigrantes argelinos que llegó a las costas murcianas a finales de noviembre.
Los inmigrantes han protagonizado varias protestas desde entonces por las malas condiciones del centro, al tiempo que el Defensor del Pueblo detectó “numerosas carencias” en la cárcel y puso en duda su idoneidad para ser utilizada como centro de internamiento de extranjeros.