Pilar Alegría: “La cultura del esfuerzo se cultiva desde la motivación, no mediante el castigo”

Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 1977) no para. La ministra de Educación recibe a elDiario.es en el Ministerio entre la sesión de control al Gobierno en el Senado y un encuentro con una radio de estudiantes, en uno de los días que le pillan en Madrid, que no son tantos entre visitas a los distintos territorios. Sustituta de Isabel Celaá, muy desgastada durante el trámite parlamentario de la Lomloe, Alegría está tratando de pacificar un sector difícil, guerrero, con guiños a la escuela concertada (“la Lomloe no ataca a la concertada, hay que trabajar con ella”) o mostrando confianza en que las comunidades, que al final son las que tienen que aplicar la ley, no la boicoteen.

En algunas preguntas, la ministra se autoconcede unos segundos para pensar la respuesta y elude contestar con precisión, como cuando se le inquiere los motivos por los que no han bajado las ratios en la nueva ley y señala a las comunidades: “Para algunas, como Madrid, no es una prioridad”, explica. Sin embargo, y pese al rechazo frontal del PP a la Lomloe y los cambios que vienen con ella –como los currículos o el decreto de evaluación–, confía en que cumplan con el desarrollo normativo de la ley, aunque también critica que no estén apostando por “ensanchar” la educación pública.

Empezamos por lo último. Han aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto de Evaluación, que cambia las reglas de juego aunque también da carta de naturaleza a muchas cosas que ya se hacían en los centros. Tiene entre sus objetivos, como toda la ley, reducir la repetición del alumnado. ¿Piensan eliminar la repetición por la vía de prohibir repetir?

Estamos implementando una nueva ley educativa, aprobada por mayoría absoluta, novedosa, innovadora y muy en línea con lo que están haciendo otros países europeos, apostando por un currículum competencial. Evidentemente, también hay modificaciones en la evaluación. Evaluar no es lo mismo que calificar, tiene que tener una visión más integral. Lo que intentamos con este nuevo modelo de evaluación es hacer especial hincapié en todo el proceso formativo de nuestros estudiantes durante los meses que dura el curso y, lo que es más importante, poner todas las medidas necesarias en cuanto se detecten las primeras dificultades de los estudiantes para seguir el ritmo. ¿Cómo conseguimos que adquieran mayores competencias? Cultivando la cultura del esfuerzo, de la que tanto se habla, pero sobre todo a través de la motivación, y no tanto desde el castigo, como parece que algunos quisieran. La escuela no es una institución en la que el principal objetivo sea separar a los estudiantes que valen de otros abandonados a su suerte. El profesorado es el mejor para hacer esa evaluación continua y determinar si los estudiantes deben promocionar o repetir.

Pero también tiene profesores protestando porque no haya un indicador objetivo de lo que es pasar de curso o no.

Hay un cambio muy importante en esta ley, estamos valorando una adquisición de conocimientos, de competencias, que nada tiene que ver a los currículos más acumulativos de datos, que es lo que venía de la Lomce. Los profesores en los centros ya hacen evaluaciones desde un punto de vista colegiado para determinar si los estudiantes han adquirido esas competencias.

Dice que hay que poner los medios, pero eso corresponde a las comunidades. ¿Confían en que hagan este esfuerzo presupuestario para poner apoyos y planes de refuerzo, teniendo en cuenta que el PP está en contra de este decreto?

Quiero presuponer que todas las administraciones educativas compartimos un objetivo, que es garantizar la mejor formación de todos los estudiantes. Los datos que tenemos como país en la repetición son realmente llamativos. Estamos entre los dos primeros países de la UE con mayor porcentaje de repetidores. Lo que se ha venido demostrando a lo largo de la historia es que la repetición como solución estructural para los problemas es errónea, incorrecta, que no soluciona los problemas y además es muy cara para el sistema. Hay estudios que hablan de un coste de algo más de 1.500 millones de euros.

La otra cuestión que acaban de aprobar son las ayudas para la creación de plazas infantiles públicas, uno de los grandes debes del sistema. Pero, de nuevo, depende de las comunidades. ¿Van a implementar mecanismos para asegurarse de que cumplen y los fondos no se dedican a otras cuestiones?

Lo que hemos aprobado me parece una medida de las que realmente mejoran la calidad de vida de las personas. Hablamos de crear algo más de 65.000 nuevas plazas de oferta pública en tres años con algo más de 670 millones de euros de presupuesto. Son fondos del mecanismo europeo de solidaridad, y evidentemente hay un seguimiento claro del cumplimiento de los criterios y objetivos a la hora de que las comunidades reciban estos fondos. Esa necesidad de plazas públicas de calidad es una demanda en las distintas comunidades.

Pero el mismo día que se aprobó la medida la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, rechazó este plan: el PP está más en la línea de la patronal de la Educación Infantil, que apuesta por algo parecido a los cheques bebé para financiar los centros privados ya existentes.

Esta apuesta no va contra nadie. Va a favor de una mayoría social que no puede escolarizar a sus hijos en edades tempranas porque no puede pagar esa plaza. Hablamos de poner en marcha plazas de oferta pública y gratuita. El porcentaje de escolarización de 0-3 está en el 38%, pero difiere mucho entre las familias de renta económica baja, que están en un 26%, y las altas, que están en un 64%. Dicho esto, creo que el PP hace mucho que ha perdido el sentido de los verdaderos problemas de la calle. Le diría a la señora Gamarra que hable en cualquier cafetería con cualquier persona y le pregunte qué problemas tiene como ciudadana. Estoy segura de que la imposibilidad de tener una plaza de cero a tres años gratuita atañe a muchas familias jóvenes.

Esta crítica del PP enlaza con la habitual crítica a la nueva ley de que perjudica a la concertada. Usted dijo cuando llegó al Ministerio que la concertada es “clave” y soliviantó a los defensores de la pública. ¿Se arrepiente de aquello?

Uno de los primeros objetivos que asumí cuando me responsabilicé de esta cartera fue hablar de la educación y los retos que tiene el sistema desde la serenidad y evitando la confrontación. La educación en nuestro país ha sufrido demasiados discursos agresivos, demasiados vaivenes, y creo que si queremos conseguir mejorar la calidad y la equidad del sistema lo primero que tenemos que hacer es serenar los debates y hacerlos con mayor templanza y serenidad. Evidentemente, la prioridad para este Gobierno es la educación de la que somos titulares, la pública. En primer lugar, porque es la que vertebra nuestro sistema educativo, es la que llega a todos los rincones de esta España diversa (yo vengo de un pueblo de 400 habitantes y ahí está la escuela pública) y, por tanto, es la que las administraciones tenemos que reforzar. Pero esta apuesta decidida no va contra la concertada, que también juega un papel fundamental. La educación es un servicio público que se presta por la red pública y la concertada, si queremos mejorar el servicio hay que trabajar con las dos redes.

¿Pero la concertada como complemento o de igual a igual?

Creo que lo he dicho claramente. Por ley la educación es un servicio público que se presta por la red pública, que es mayoritaria en este país con un casi 70%, pero ambas redes prestan el servicio y con ambas hay que trabajar.

¿Qué le parece la campaña que hizo la concertada contra la nueva ley?

Creo que frente a las distintas aprobaciones que hemos tenido en nuestro país de leyes educativas ha habido respuesta ciudadana. La hubo con la Lomce de Wert, cuando las mareas verdes inundaron las calles, y la hubo cuando se negoció la Lomloe. Tuvimos una campaña donde ciertos sectores de la sociedad manifestaban su posición contraria. Si el motivo que les llevó a manifestarse en su momento es que la concertada se sentía atacada por esta ley, les digo que en ningún momento la Lomloe atacó ni ataca a la concertada.

No ataca a la concertada, pero sí afecta a un pilar de su funcionamiento al intervenir en el reparto del alumnado o vigilar el pago de cuotas.

Entiendo que los que se sienten atacados son los que tienen que explicar los porqués. Pero la ley manifiesta su posición contraria al cobro de esas cuotas cuando la concertada es un servicio público educativo. Sí es verdad que la Lomloe desarrolla, pero no contra nadie, la corresponsabilidad en esos objetivos tan fundamentales como son la equidad y la calidad del sistema.

¿Les preocupa que alguna comunidad intente boicotear la ley con normativa propia? Madrid está tramitando la Ley Maestra, que trae algunas medidas que van directamente contra la Lomloe.

La Lomloe es una ley orgánica y por tanto es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. Las leyes que se puedan estar planteando en las comunidades en ningún caso pueden ir contra una ley orgánica de obligado cumplimiento.

Uno de los objetivos de esta ley Maestra es blindar de alguna manera los conciertos y poder seguir creando plazas concertadas, pese a que la Lomloe da preferencia a la creación de plazas públicas. Si cumplir con esto es cuestión de las comunidades y estamos viendo esta actitud en algunas comunidades del PP, ¿cómo van a asegurarse de que se implementa la ley?

Como Gobierno disponemos de la Alta Inspección, que entre sus cometidos tiene comprobar que ninguna ley autonómica contraviene la Lomloe. Pero es verdad que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades, tanto para dónde deciden crear plazas como para la planificación de las etapas educativas. Evidentemente, vemos que hay comunidades cuya apuesta no va en esta dirección. Comunidades que no siguen una política educativa para ensanchar esa educación de todos, gratuita, sino que prefieren optar por otros modelos.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Formación Profesional, pero da la sensación de que el principal problema de la FP es la baja consideración que tiene. ¿Cómo se puede arreglar esto o la falta de plazas públicas en Catalunya o Madrid?

Las competencias en FP también las tienen las comunidades. El gobierno ha financiado 120.000 nuevas plazas a las comunidades, 20.000 en dos años a Catalunya y casi 14.000 para Madrid. Nuestro compromiso es financiar 200.000 nuevas plazas para que todo el que quiera se pueda matricular en la FP, pero son las administraciones educativas las que tienen que hacer la apuesta. España tiene una deuda con la FP. Hay países que llevan muchos años entendiéndola como una formación de primera. Y aquí, por primera vez hay una demanda y un reconocimiento conjunto de lo que la Formación Profesional puede suponer a nivel educativo y como generador de una oportunidad de empleo digno para muchos jóvenes.

¿Por qué decidieron no bajar las ratios por ley?

Durante la pandemia se vio claramente que cuando hay desdobles o una educación más individualizada, la calidad educativa mejora y las familias y los estudiantes lo reciben de una manera positiva. Para hacer posibles esos programas de apoyo y refuerzo, la transferencia que el Gobierno de España hizo a las comunidades fue histórica. El primer año, con parte de los 16.000 millones de fondos COVID. Este segundo año acaban de recibir el 30% restante de los 13.500 millones de euros para atender a la crisis. Hay algunas comunidades, como la Valenciana, que han apostado por seguir manteniendo esas medidas de refuerzo, pero ha habido otras, como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que entendió que esta cuestión no era prioritaria.

El problema de que no se cambien por ley es que, como dice, algunas comunidades lo hagan y otras, no. 

Las ratios se establecen por ley y las que tenemos están en la media de la UE. Si lo que queremos es mejorar la calidad en la enseñanza, pienso que deberíamos focalizarnos más en la ratio de alumnos por profesor, no alumnos por aula, que es distinto. La ratio alumnos/aula tanto en Primaria como en Secundaria en nuestro país está en algunos casos por debajo de las europeas, son cifras muy homologables. 

¿Hay dinero para bajar el número de alumnos por aula de manera estructural?

Si queremos dar pasos para reducir la ratio profesor/alumno, claro que hacen falta recursos. Nosotros dimos un paso importante, que fue garantizar una financiación extraordinaria para hacerlo posible. A partir de ahí, ¿qué medidas podemos plantear para mejorar esta ratio haciendo especial hincapié en centros de especiales dificultades? Tenemos que debatirlo con las comunidades.

Ya que hablamos de dinero, la apuesta del Gobierno es llegar al 5% del PIB para la Educación, pero lo óptimo, y lo que invierten los países punteros, es el 7%. ¿Es poco ambicioso un 5%?

Le diría que no deberíamos poner un porcentaje siquiera. Pero creo que ese 5%, después de esta situación de ahogamiento a la educación pública por parte del último gobierno del PP, es un paso importante y ambicioso. Pero tampoco hay que resignarse a que no sea incrementado.

Hay algunas comunidades, como la Valenciana, que han apostado por seguir manteniendo las ratios bajas, pero otras, por ejemplo Madrid, entendieron que esta cuestión no era prioritaria

¿Por qué no se trasladó a la nueva ley el mandato de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU de que todos los niños vayan a escuelas ordinarias?

La Lomloe hace una apuesta muy clara hacia la educación inclusiva. De hecho, en este presupuesto hemos incluido un plan de 43 millones de euros en el que trabajaremos en cooperación con las comunidades para conseguir que aquellas familias que tengan hijos con necesidades educativas por razón de su discapacidad y quieran escolarizarlos en la escuela ordinaria, puedan hacerlo y tengan los recursos que merecen.

Tampoco se sacó del horario escolar la asignatura de Religión, como se había hablado en un inicio. 

La Lomloe ha dado un paso porque, a diferencia de la ley del PP, establece que esta asignatura no computará para la promoción ni para cuestiones como becas. No habrá asignatura espejo y serán las administraciones educativas y los centros los que determinarán qué hacen los alumnos en ese horario. Pero este país tiene unos acuerdos con la Santa Sede, que entre otras cosas recogen que Religión se imparte en horario escolar.

¿Hay que revisar entonces los acuerdos con la Santa Sede?

En estos momentos hay unos acuerdos vigentes que establecen, entre otras cuestiones, que la Religión se imparta en horario escolar. Además, hay 11 comunidades que están impartiendo en horario escolar otro tipo de religiones, como la Islámica. He tenido conversaciones con la Conferencia Episcopal, por ejemplo para trasladarles la carga horaria que hemos determinado para la Religión en las diferentes etapas educativas, y hasta ahí llega mi competencia.

Cuando se plantearon los currículos y se habló de unas ciertas expresiones relativas a la igualdad, la identidad sexual... En los últimos textos esas expresiones se habían rebajado. ¿Tiene esto que ver con bajar la tensión con estos sectores sociales y una parte de la Iglesia?

En absoluto, creo que la coeducación, la perspectiva de género, la tolerancia, la diversidad, son cuestiones que atraviesan los distintos currículos. Una vez recogidas las propuestas o enmiendas de los distintos especialistas hicimos una nueva redacción, sin olvidarnos de estos aspectos fundamentales.

Vídeo: Nando Ochando y Judit Florit.