Una placa, trabajadores corpulentos e intimidación: métodos de una empresa ‘desokupa’ condenada por la Justicia

La Justicia ha constatado que el trabajador de una empresa desokupa se valió de una “placa de perito” para acceder a una vivienda que pretendía desalojar. Este distintivo “llevó” al inquilino “a pensar que se trataba de la policía” y por ello permitió “la entrada en la vivienda” a cuatro empleados de Bastión Desocupación. Una vez dentro, reclamaron “insistentemente” al denunciante y a su familia que “desalojasen la vivienda”, a pesar de que el inquilino tenía un documento que le “permitía continuar” en ese domicilio “en virtud de [una] resolución judicial”, explica la titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid.  

A pesar de que la fecha de desahucio del denunciante estaba prorrogada hasta mayo de 2024 y él mostró ese papel a los trabajadores de la compañía desokupa, el mismo empleado que había enseñado la placa de perito le “arrancó de las manos” ese documento judicial. A partir de ahí, conminó al inquilino y a su familia a que “cogiesen sus pertenencias y desalojasen inmediatamente la casa”. Toda esta actuación figura en los hechos probados de la última sentencia que condena por un delito leve de coacciones a tres empleados de Bastión Desocupación, la cuarta persona no ha sido identificada a lo largo del procedimiento. 

La jueza, que dictó el fallo el 6 de noviembre, constata que los métodos de la empresa ‘desokupa’ generaron “una situación de desasosiego e intimidación en el denunciante”. Con esta actuación, añade la magistrada, los condenados trataron de “privar al denunciante del uso de la vivienda con la intención de doblegar su voluntad”. Asimismo, detalla que esta estrategia se implementó por varias vías: “Hostigándole con la finalidad de que accediese al desalojo de la vivienda”. Y señala que el empleado que sacó la placa estaba acompañado por “trabajadores de la empresa Bastión Desocupación de elevada estatura y corpulentos”. Una decisión que no pasa desapercibida para la magistrada. Sostiene que existió “una conducta coactiva”.

Placa y patada

Los hechos sucedieron el 7 de junio de 2021 en un domicilio del barrio de Arganzuela (Madrid), en el que el denunciante y su familia llevan residiendo 15 años. La actuación arrancó cuando el denunciante escuchó “un fuerte golpe en la puerta de la vivienda”, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Me despertaron. Salí con el pijama”, relató el denunciante, Modou (nombre ficticio), a esta redacción. Aunque la sentencia únicamente ha acreditado que uno de los empleados mostró una placa, el denunciante afirmó que en ese momento el condenado también le “dijo que era policía”. 

Tras analizar los hechos, la magistrada ha descartado que los tres condenados hayan cometido un delito de lesiones. Modou aseguró a lo largo del procedimiento judicial que en el intento de desalojo le “cogieron de la mano” y le “intentaron sacar de casa”. “Otro me dio una patada”, apuntó. Dos días después acudió al centro de salud. En el parte de lesiones que emitió la facultativa de Modou, la médica de Atención Primaria realizó un resumen de lo sucedido en su domicilio y constató una lesión en el primer dedo de la mano derecha. Aún así, la jueza no considera que se hayan acreditado las acusaciones del denunciante y prima en este caso el “principio de presunción de inocencia”. 

La versión de dos de los condenados difiere de la acreditada por la Justicia. Según apuntaron en el juicio, estos empleados acudieron a casa de Modou “en plan pacífico” para llegar a un acuerdo sobre “la toma de posesión voluntaria y pacífica” de su domicilio. Sin embargo, el tercer condenado se desvinculó de esta argumentación. Este denunciado aseguró que “sus compañeros habían incurrido en comportamientos irregulares en la actuación en el interior de la vivienda”. 

Una multa de 90 euros

Tras la actuación en casa de Modou, este tercer empleado terminó desvinculándose de Bastión Desocupación. Aunque Vicente (nombre ficticio) ya no forma parte de esta empresa, sigue vinculado a la desocupación. En una entrevista con esta redacción explicó algunos de los métodos de trabajo que se utilizan en este sector.  “Una vez que accedes a la tranquilidad de la vivienda, les rompes los esquemas [a los inquilinos]”, explicó, a la vez que insistió en que en su trabajo “todo es psicológico”.

En la labor que realizan las empresas de desocupación el factor emocional tiene un papel muy relevante. “Te sientas en su sillón, invades su intimidad. Eso les destroza”. A partir de ese momento, se centra en “convencer” al inquilino de que devuelva la casa a su “legítimo propietario”. Eso sí, en conversación con elDiario.es aseguró que siempre intenta “buscar una solución lo más factible para los dos”.

Como responsable de un delito leve de coacciones por los hechos sucedidos en el madrileño barrio de Arganzuela, Vicente ha sido condenado al pago de una multa económica de 90 euros. Los otros dos condenados tendrán que abonar 300 euros respectivamente. Los tres han sido absueltos del delito de lesiones del que les acusaba la defensa de Modou.

Este fallo ha sido recurrido por la defensa de Vicente. Estos letrados sostienen que su cliente no participó en los hechos hechos enjuiciados. Aseguran que su defendido aseguró en el procedimiento que fue él el que devolvió al denunciante el documento que confirmaba la suspensión del deshaucio, tras quitárselo a uno de sus excompañeros.

Para el abogado de Modou las multas económicas que ha impuesto la jueza son “ridículas”. “Creo que un procedimiento de este tipo tendría que haber acabado con una sentencia de acoso inmobiliario, allanamiento de morada y por el hecho de hacerse pasar por policía”, lamenta el letrado Carlos Castillo Solano, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. La defensa del denunciante considera que las actuaciones de las empresas de desocupación reciben “poca condena juridíca”.

Esta no es la primera condena que afrontan trabajadores de Bastión Desocupación. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en febrero una sentencia en contra de dos empleados de esta compañía por un delito leve de lesiones. Este mismo organismo judicial ratificó en mayo de 2022 otra condena, también por un delito leve de coacciones.