El yugo y las flechas aún permanecen en las calles de España en forma de miles de placas estampadas en las fachadas. Son las famosas inscripciones con el símbolo de la Falange que el franquismo se afanó en colocar en las viviendas sociales que construyó. Aunque ayuntamientos como el de Barcelona o Sevilla han comenzado a retirarlas, se calcula que todavía se mantienen al menos 4.200 que simbolizan la maquinaria propagandística con la que la dictadura impulsó su política de vivienda y las profundas raíces ideológicas que escondía.
El régimen levantó miles de casas para rentas bajas en base a diferentes legislaciones que fueron cambiando con el paso del tiempo. Las placas, de distinta modalidad, lo recuerdan: las hay que citan la ley de 1954 de “viviendas de renta limitada” mientras que la mayoría apuntan a que el edificio había sido construido “al amparo del régimen de viviendas de Protección Oficial”, ya a mediados de los 60. Fue en esos años en los que más vivienda social se construyó, llegando a superar las 200.000 casas en 1965, según datos del fondo documental del INE.
La vivienda social ha permanecido en la memoria popular como uno de los grandes mitos de la dictadura, usado por los nostálgicos del régimen para reivindicarlo, pero obviando las motivaciones que la atravesaron. El símbolo de Falange en las placas es solo una de sus secuelas más visibles. Y para entenderlas, hay que comprender cómo fueron las políticas sociales del régimen, cree la historiadora Gloria Román Ruiz, autora de un estudio sobre el tema. “En la práctica, jugaron un papel clave como herramientas de búsqueda de consenso entre la población, es decir, buscaron seducirla, mejorar su imagen y ampliar las bases de la dictadura más allá de su caladero de apoyos habitual contribuyendo a su pervivencia en el tiempo”.
La receta del franquismo “no fue ajena a la de otros sistemas dictatoriales”, cuenta la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Intentar “fomentar la popularidad del régimen y buscar adhesiones” estaban en el centro de las políticas sociales, que ponían el acento en las carencias materiales que sufría la población, atravesada en ese momento por enormes dificultades económicas y de vivienda. El franquismo buscaba con este despliegue “convencer a la gente de sus bondades” con un apabullante discurso triunfalista mientras con la otra mano vulneraba los derechos fundamentales de la población y reprimía y asesinaba a quienes se oponían.
De fondo, la construcción de casas baratas estaba también atravesada por cuestiones ideológicas. Por un lado, el objetivo del incremento de la natalidad con la intención de “engrandecer la Patria” que impregnaba su ideario y para lo que hacía falta “un hogar decente y cristiano”; también “el papel en el ámbito privado y doméstico” al que la dictadura relegaba a las mujeres y “por una cuestión de moralidad”, ya que las “las condiciones de hacinamiento en la que vivían miles de personas entonces no eran vistas con buenos ojos”. Por otro lado, emergían los fines de “mejorar la imagen” de las barriadas chabolistas e incluso “controlar a la población” y evitar hipotéticas revueltas sociales, enumera Román.
El impulso de los 60
“Si queremos hacer Patria, tenemos que hacer hogares”, llegó a decir el arquitecto falangista José Luis de Arrese, que Franco colocaría en 1957 al frente del recién creado Ministerio de la Vivienda.
El régimen fundó en 1939 el Instituto Nacional de Vivienda con el objetivo de impulsar la construcción de casas sociales, pero quien acabó por tener casi todo el protagonismo fue la Obra Sindical del Hogar (OSH), dependiente de los sindicatos de Falange y que hacía de entidad auxiliar. Era el partido único y su discurso nacionalsindicalista el que inspiraba la política habitacional de la dictadura, que los expertos suelen dividir en dos etapas.
Al principio, el discurso público estaba enfocado a la “reconstrucción nacional” tras la Guerra Civil y “la actividad constructiva estuvo a una distancia sideral de las necesidades de vivienda que existían en España”, explica el historiador de la Universidad de Santiago de Compostela, Daniel Lanero. Había un “enorme problema de infravivienda, hacinamiento e insalubridad” que se fue agravando en los años 50 con el éxodo rural y dio lugar a “concentraciones de chabolas y barracones” en grandes y medianas ciudades. En ese momento el régimen “no puede postergarlo más”, impulsa nuevos instrumentos legislativos e “intensifica su actividad” de edificación.
Esta segunda fase, caracterizada por una mayor apertura económica, iría acompañada del aterrizaje de las empresas en la vivienda social, convertida en un negocio rentable. “La vivienda más modesta seguirá en manos de la OSH, pero para la subvencionada habrá toda una serie de exenciones fiscales y privilegios que estimularán a promotores inmobiliarios y constructoras”, cuenta Lanero. Además, diferían los potenciales beneficiarios, según ha documentado Román: si en los 40 se hacía hincapié en que “debían tener buena conducta moral” y las casas fueron a a parar a “claros apoyos del régimen”, en los 50 y 60 sería “una cuestión mucho más transversal” alcanzando a amplios grupos sociales.
La propaganda como arma
“Cobra en este momento especial relevancia el objetivo que tenía el régimen de mejorar su imagen y convencer a la población en busca de ese consentimiento de largo plazo y actitudes tolerantes”, explica la historiadora. Para ello, desplegó toda su maquinaria propagandística. “Los actos de entrega de llaves eran auténticas manifestaciones pomposas con presencia de autoridades locales y estatales y exaltando las actitudes de agradecimiento de los beneficiarios a Franco”, explica Lanero. La prensa y el NO-DO fueron también claramente instrumentalizados para este fin, según documenta este estudio publicado en la revista Historia y Comunicación Social.
Todo entonces servía para vender la magnanimidad del régimen, desde las denominaciones que se le daban a los grupos de viviendas construidas (algunas se llamaron 'Caudillo Franco' o 'XXV años de paz') a las fechas elegidas para hacer los actos de entrega de las viviendas, cargadas de simbolismo para la dictadura. Muchas se convocaban los 18 de julio, día del golpe de Estado.
Esta intensa actividad propagandística “encaminada a difundir las bondades de la 'nueva España', como la define Román, tuvo en las placas uno de sus efectos más tangibles, encargadas de recordar a sus habitantes, los vecinos y quienes pasaran por allí ”quién había hecho posible esos hogares“. ”Con ellas, el régimen se hacía presente en la vida de la gente. Hay que tener en cuenta que era muy importante que fueran cosas materiales, era una garantía de largo plazo que se extendería a las siguientes generaciones“, señala la historiadora, que nombra ”la voluntad de construir memoria pública y colectiva“ por parte del franquismo como otro de los objetivos de la instalación de las inscripciones.
El “éxito” de la estrategia
Para Román, la política de vivienda del franquismo sí llegó a cumplir su objetivo fundamental: el de crear actitudes de tolerancia entre parte de la población. “Logró mejorar y dulcificar la imagen de la dictadura y, por supuesto, que la gente se centrara más en las cuestiones materiales e incluso hablara de prosperidad y no tanto en las cuestiones políticas o ideológicas”, opina la experta.
Fundamentalmente en los llamados años del desarrollismo, en los 60, que dejaron atrás el aislamiento económico del país. “La dictadura trata de construir una nueva legitimidad que ya no tiene tanto que ver con la Guerra Civil, sino con el progreso económico” afirma Román.
Ahí “empieza a despegar esa cultura de la propiedad en relación con la vivienda” que todavía permanece en España y que se explica parcialmente por el impulso intencionado que hizo de la misma la dictadura. A ello hay que sumar que “se partía de un punto terrible”, en el que el propio régimen reconocía que hasta un 33% de las viviendas eran “inhabitables”, por lo que “cualquier mejora, por pequeña que fuera, se veía con buenos ojos e incluso de forma entusiasta”, dice la experta. Sin embargo, “para nada cumplieron las expectativas generadas por la promesa de la retórica dictatorial”, añade.
“En parte sí, pero es muy significativo que para nada se resolvieron por completo los problemas de vivienda y en un corto y medio plazo las propias casas generaron descontentos”, responde Lanero a la pregunta de si la política fue útil para los beneficiarios.
El historiador explica que en algunos casos se daban condiciones de calidad “muy deficientes” y “problemas de equipamientos sociales y comunitarios” en forma de grandes barrios de viviendas “sin transporte, sin urbanizar realmente el entorno, sin servicios ni zonas verdes y a veces con malos sistemas de saneamiento”. “Fue una solución acelerada y apresurada, pero aún así, las actitudes de la gente no fueron blanco o negro, estaban mayoritariamente agradecidos por tener una vivienda y al mismo tiempo llegaban a protestar por estas cuestiones”.