El plan antitabaco sale adelante con el apoyo de las comunidades del PP que aparcan su enfrentamiento con Sanidad

Una tregua temporal. El nuevo plan contra el tabaco ha salido adelante este viernes con el apoyo de las comunidades autónomas tras dos semanas de choque con las consejerías gobernadas por el Partido Popular. Hace solo 24 horas, el documento –que debía haberse aprobado hace tres años y recoge medidas como la ampliación de los espacios sin humo o la subida de los impuestos al tabaco– tan solo contaba con la adhesión de cinco comunidades autónomas (Catalunya, Euskadi, Navarra, Asturias y Canarias).

“España vuelve a estar en la vanguardia. Cumplimos un compromiso que adquirimos. El paso histórico que damos hoy y que se tendrá que materializar en las diferentes iniciativas legislativas nos va a llevar a tener un país más sano”, ha dicho la ministra, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud. Será en esta segunda etapa, la de trasladar el plan a la ley, donde volverá el debate que se ha aparcado temporalmente este viernes y que ha sido uno de los nudos gordianos del choque: si se obligará por norma a la prohibición del tabaco en las terrazas.

En declaraciones posteriores a la prensa, varios consejeros del PP, como Julio García Comesaña (Galicia) y Fátima Matute (Madrid), han argumentado que no había desacuerdos en el “qué” sino en el “cómo” por el procedimiento propuesto por Sanidad de hacer un acuerdo de colaboración al que podían o no adherirse. Finalmente, ha explicado la ministra, se ha optado por “informar” al Consejo Interterritorial de Salud del plan, de manera que ni se ha votado ni nadie ha tenido que adherirse.

Comesaña, que ha ejercido como portavoz de las comunidades conservadoras y ha llegado a hablar de “consenso”, ha basado el cambio de postura por dos compromisos que, según sus declaraciones, ha adquirido Sanidad. El primero es que la recaudación extra por la subida de los impuestos al tabaco se destine a políticas contra el consumo; y el segundo, un compromiso de discutir con las comunidades el detalle de cómo se van a ampliar los espacios sin humo y de que no todo sean prohibiciones sino también recomendaciones. Desde Sanidad aclaran que el debate que se produzca será en las cámaras legislativas.

La ministra, por su parte, ha recalcado que, aunque finalmente el plan no se ha votado por la falta de acuerdo en las semanas previas, emana del trabajo “de años” de los técnicos de todas las comunidades que han participado desde el año 2020 en la redacción del documento que parecía descarrilar a mediados de la semana y se ha tratado de reconducir con la aceptación de la mayoría de alegaciones de los territorios por parte del Ministerio.

En una parte importante del plan siempre hubo acuerdo, aunque algunas propuestas, como contar con hosteleros y empresas tabaqueras para el desarrollo de los siguientes pasos, como proponía Comesaña, no ha encontrado aceptación por parte del Ministerio.

García ha subrayado que es el “poder legislativo” quien tiene que definir ahora algunos detalles que deja abierto el plan. Es algo que ya se sabía y de hecho siempre fue así precisamente para evitar un choque prematuro. Sin embargo, el tono de la ministra ha sido muy diferente al que empleó al inicio de la reunión, cuando aseguró que quien no se sume al plan tendrá que explicar por qué. “No sabemos cuál es la razón de la negativa, no sabemos si han cedido a las presiones, se han embarcado en el negacionismo instalado que tienen algunos en este país o es fruto del obsesivo ataque al Gobierno central”, dijo.

Se anticipa, escuchadas todas las partes este viernes, que la pelea tendrá lugar en otro foro, el Congreso de los Diputados, cuando la ley comience su andadura parlamentaria.