No se puede hacer. El proyecto que tiene la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de devolver 1º y 2º de la ESO a los colegios va contra la ley educativa, específicamente contra lo estipulado en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que establece las condiciones que deben cumplir los centros educativos de Secundaria. En concreto, el artículo 13.2 dice: “En los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor”.
El Ministerio de Educación evita pronunciarse sobre posibles acciones porque por el momento el proyecto de Madrid es eso, un proyecto que no está plasmado en ningún sitio más allá de declaraciones de intenciones, y por tanto no hay elemento concreto que recurrir. Pero está vigilante, porque la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente su intención de hacer este cambio el próximo curso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció durante el pasado debate sobre el estado de la región dos novedades educativas: la vuelta de los centros de Primaria a la jornada partida –en la Comunidad de Madrid lo habitual es la continua– y la vuelta de 1º y 2º de la ESO a los colegios. En el antiguo sistema de BUP y COU, la secundaria –y por tanto el cambio de centro– empezaba en lo que hoy es 3º de la ESO, con alumnos de 14 o 15 años.
La idea es llevar a cabo una suerte de generalización de los CEIPSO (Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria), un modelo de centro escaso y pensado para situaciones excepcionales, como la educación rural, donde es más difícil juntar a alumnado para todas las etapas.
Después se sabría que, como es habitual en el Gobierno de Ayuso, ambas decisiones se tomaron sin consultar con la comunidad educativa. Ni sindicatos ni asociaciones de directores ni familias ni el Consejo Escolar, que reúne a todas las partes, fueron preguntados. La vuelta a la jornada partida fue acogida positivamente al menos por parte de los implicados: aunque no es determinante y va contra la experiencia personal de muchos docentes y algunas familias, la literatura existente tiende a defender que educativamente es mejor hacer una pausa a mediodía.
El cambio de la estructura organizativa no ha corrido la misma suerte. La presidenta explicó en su momento que se toman estas dos medidas porque “van a ayudar a combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles”, el mismo mensaje, literalmente palabra por palabra, que trasladó el consejero, Emilio Viciana, el pasado martes cuando explicó que se está “estudiando” la viabilidad en algunos centros para implantarla ya a partir del próximo curso. Fuentes sindicales explican a este periódico que ya se está negociando con algunos colegios concretos.
Oposición generalizada
Sin necesidad de entrar en lo que dice la ley, la oposición a esta medida le llega a Ayuso desde los sindicatos, la principal asociación de directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid, los profesores de base o la universidad. No es necesaria, nadie la está pidiendo, ataca un problema que no existe y no resolverá los que sí son reales y además generará problemas organizativos, advierten unos y otros. Solo la FAPA Giner de los Ríos, que reúne a AMPAs de toda la región, se muestra abierta “en función de los detalles”, explica María Carmen Morillas, su presidenta. El problema es que de momento detalles, pocos.
“La inclusión de los dos primeros cursos de la ESO en los CEIPs (colegios) no ha sido ni es una demanda de las familias ni de los profesionales, y anunciarlo así, sin ningún debate real y de calado con los afectados es una muestra de hasta qué punto la Comunidad de Madrid no actúa escuchando sino imponiendo”, explican desde la Asamblea Menos Lectivas, que reúne a profesores de base de toda la región. “La Consejería busca generar ruido en vez de atender a las demandas reales de la comunidad educativa, como son la bajada de ratios reales, de horas lectivas o recursos para la atención a la diversidad, así como el fin de la segregación educativa”, añaden.
Existen problemas en 1º y 2º. Pero, ¿esto se va a solucionar dejándolos en los colegios? Lo dudo. Hay que plantear otras medidas. Necesitamos profesores con más formación pedagógica para atender adecuadamente a este alumnado
Este reproche es compartido. “Existen problemas en 1º y 2º”, concede Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la asociación de directores de centros públicos de Madrid. “Hay alumnos, sobre todo con un determinado perfil, que experimentan dificultades. El cambio de etapa [de Primaria a Secundaria] es complicado y los hay que se aburren, que no quieren estar ahí, se vuelven disruptivos y lo acaban dejando. Pero, ¿esto se va a solucionar dejándolos en los colegios? Lo dudo. Hay que plantear otras medidas. Necesitamos profesores con más formación pedagógica para atender adecuadamente a este alumnado. No se habla de ratios, de apoyo a la diversidad. Creo que es una ocurrencia de los asesores del consejero”, reflexiona.
Un discurso similar esgrime Isabel Galvín, responsable de la federación educativa de CCOO en Madrid. “Este tema no es relevante en investigaciones internacionales, ningún experto pone el foco en esta cuestión. Ratios, horarios lectivos, comedores, atención a la diversidad, cotutorías, perfiles del alumnado... Ahí es donde se pone el foco para resolver problemas del sistema educativo”, reflexiona. “¿Hay problemas con la convivencia en los centros? Está la figura del coordinador de bienestar, pero hay que contratar profesores para reforzarla. También podría bajar la ratio de alumnos por orientador, que está en 1.500 cuando la recomendación es de 250. ¿Le preocupa el abandono temprano? Que generalice la figura de los mentores”, ofrece soluciones. Pero, es consciente, esas soluciones requieren dinero. Más que habilitar unas aulas. “Pero sin más medidas, sin memoria económica, es como mover muebles de un lado para otro”.
Si se vuelve a la situación anterior, en términos efectivos se empeorará la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que se pasará de tener profesores del cuerpo de secundaria a maestros de primaria, con peor salario y peores condiciones
Para la responsable del principal sindicato de la comunidad, “Ayuso alienta el miedo de las familias” a que sus hijos pasen con 12 años al instituto, donde comparten espacios los de Bachillerato, de 17. “Es volver a los 80”, sostiene. Rocha, la directora de instituto, le da la vuelta al argumento: “¿Qué va a pasar cuando esos chicos de 13 y 14 años se junten con los pequeños de los colegios?”, pregunta.
¿Quién da clase?
También está el melón del profesorado que va a atender esos cursos de Secundaria en colegios de Primaria. Por un lado, los maestros de los CEIPs hace tiempo que no pueden dar clase en la ESO salvo contadísimas excepciones más relacionadas con el mundo de la orientación y la atención a la diversidad, por lo que deberían ser docentes del cuerpo de secundaria.
Pero con estos surge otro problema, en este caso de horarios: materias con muchas horas semanales como Matemáticas y Lengua pueden cubrirse con docentes a tiempo completo. Pero en otras como Música o Tecnología no hay horas semanales suficientes para llenar una jornada entera, lo que obligará bien a tener profesorado a tiempo parcial, bien a tener especialistas itinerantes que vayan de centro a centro.
Ayuso alienta el miedo de las familias. Es volver a los 80
O, peor aún, dice Menos Lectivas, que se pretenda volver a los maestros dando clase en Secundaria. “Si se vuelve a la situación anterior, en términos efectivos se empeorará la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que se pasará de tener profesores del cuerpo de secundaria a maestros de primaria, con peor salario y peores condiciones”, sostienen. “El profesorado tiene un malestar enorme”, asegura Galvín, quien augura que si se acaba llevando a cabo este cambio se realizará a base de profesores viajantes de colegio a colegio.
Por su parte, UGT amenaza con recurrir a los tribunales en caso de que prospere la incorporación de los cursos de 1º y 2º de la ESO en los colegios públicos de Infantil y Primaria. En un comunicado, el sindicato ha afirmado que está estudiando “si los artículos 4 y 24 de la LOMLOE podrían verse conculcados”.
El argumento de la Comunidad de Madrid es que ya existen alrededor de unos 40 centros que ofrecen las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria juntas, los conocidos como CEIPSO, pero solo unos 10 limitan los cursos añadidos hasta segundo de la ESO, según fuentes de la Consejería de Educación. UGT explica que estos se abrieron “de forma transitoria” y que “se supone que implantarán también 3º y 4º de la ESO”, por lo que su situación es válida judicialmente.
¿Dónde están las instalaciones?
Además de la limitación general que establece el Real Decreto 132/2010 quienes se oponen al cambio esgrimen más argumentos legales contra él. Por ejemplo, respecto a las instalaciones que debe tener un instituto, además del espacio físico para las clases. Están establecidas en el mismo RD, que dice en su artículo 14 lo que debe tener cada centro: “Por cada 12 unidades o fracción, un aula taller para tecnologías y dos aulas para las actividades relacionadas con las materias de música y educación plástica y visual respectivamente; Al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción; Un espacio por cada ocho unidades para desdoblamiento de grupos y otro para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico”.
Todo eso se tendrá que crear en los colegios que asuman 1º y 2º de la ESO, porque los CEIP no tienen esas instalaciones. “La falta de infraestructuras adecuadas (laboratorios, taller de tecnología, aulas de informática, etc.) podría comprometer el desarrollo óptimo de las clases en algunas materias”, recuerda Menos Lectivas.
Los profesores están dispuestos a pelearlo. La asamblea Menos Lectivas anuncia dos jornadas de lucha los próximos días 29 de octubre y 21 de noviembre. “Lo impondrán, con lo que habrá renuncias y requerimientos, augura Galvín. ”Finalmente los tribunales lo echarán para atrás y las personas afectadas habrán sufrido un daño irreparable“.