Punto y final a la corrupción en el Vaticano. O, al menos, eso es lo que pretende el papa Francisco, que acaba de ordenar una serie de normas que buscan acabar con los regalos a obispos y cardenales, el cobro de comisiones y la impunidad de la que gozaban, hasta la fecha, los altos mandatarios en la Santa Sede, cuyo aforamiento hacía prácticamente imposible procesarlos. Durante décadas se ha instalado una red que Bergoglio parece decidido a cortar ya en seco.
El pasado jueves, el Consejo de Europa debatió si sacar o no al Estado Vaticano de la 'lista negra' de países que protegen la corrupción o financian el terrorismo internacional. La decisión final, que se conocerá en junio, llega después de más de un año de investigación por parte del Moneyval, el organismo de la UE encargado de velar por las buenas prácticas y la lucha contra los paraísos fiscales y por la transparencia, y tras que estallara el caso Becciu de financiación irregular de los estamentos vaticanos, y la compraventa de edificios de lujo por toda Europa a través de paraísos fiscales y, lo que es peor, utilizando el dinero de donaciones para los pobres.
Ese mismo día, Francisco publicaba un Motu Proprio sobre la transparencia económica en la Santa Sede, en virtud de la cual el Papa exigía a todos los empleados en niveles directivos de la Santa Sede, y a todos los que desempeñan funciones de administración activa, funciones jurisdiccionales o de control, firmar una declaración en la que aseguren que no han recibido condenas firmes, que no están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal. Del mismo modo, la Santa Sede se adhería a la Convención de la ONU contra la Corrupción.
No aceptar regalos ni haber sido investigados
Al mismo tiempo, deben jurar no contar con dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operen en contra de la Doctrina Social de la Iglesia, una de las exigencias de la Comisión Europea. Una declaración que será refrendada cada dos años, y en la que otorgan permiso a la Secretaría para la Economía (el 'Ministerio de Economía' vaticano) para investigar sus cuentas y, en caso de irregularidades, proceder a su cese y a las sanciones canónicas correspondientes, además de solicitar daños y perjuicios.
La orden del Papa obliga a los funcionarios de la Curia a testificar no haber tenido condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y no haber sido absueltos por prescripción delitos. Además, de no estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal.
Del mismo modo, deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios). Y garantizar que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas. Finalmente, se prohíbe a los funcionarios vaticanos aceptar “regalos u otros beneficios” de un valor superior a 40 euros.
Adiós al aforamiento de la Curia
Francisco no se quedó en eso: al día siguiente, otro Motu Proprio papal modificaba las competencias de los órganos judiciales de la Santa Sede con una importante novedad: a partir de ahora, obispos y cardenales residentes en el Vaticano podrán ser juzgados penalmente por cualquier tribunal, eliminando la norma que, hasta ahora, dejaba la competencia única y exclusivamente en el Tribunal de Casación. O dicho de otro modo: el Papa acaba con el aforamiento de la Curia, en lo que fuentes vaticanas aseguran es el “primer paso” para poder juzgar al cardenal Becciu, apartado por Francisco a finales de septiembre tras conocerse el escándalo de la compraventa del palacio de Sloane Square por 150 millones de euros sacados del Óbolo de San Pedro, y una supuesta (todavía bajo investigación) red diplomática paralela a la de la Santa Sede.
El objetivo de la reforma papal no es otra que, como el propio Bergoglio apuntaba en su discurso de apertura del Año Judicial, hace un mes, asegurar “la igualdad de todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad y posición, sin privilegios que se remonten en el tiempo y que ya no estén en consonancia con las responsabilidades que a cada uno le corresponden” en la Iglesia católica. “Esto exige no sólo solidez de fe y de comportamiento, sino también ejemplaridad de conducta y de acción”. Todo ello cuando apenas resta un mes para que el Papa apruebe, definitivamente, la reforma de la Curia vaticana, que podría marcar un antes y un después en la endémica corrupción que, durante siglos, ha asolado a la Santa Sede. ¿Podrá hacerlo?
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