Un plan del PP amenaza a Doñana con una nueva guerra del agua

La presión sobre el agua subterránea de la que depende el parque nacional de Doñana no descansa. Apenas seis meses después de que el Tribunal Europeo condenara a España por no cuidar adecuadamente este ecosistema de las extracciones ilegales para riego, se ha abierto un nuevo frente para ampliar el regadío intensivo.

2022 ha comenzado con la noticia de que el PP prepara una proposición de ley que, en resumen, amnistiaría unas 1.400 hectáreas de regadío ahora irregulares alrededor de Doñana, según ha calculado la organización WWF tras analizar el texto. Fincas que no cuentan con permiso para explotar los acuíferos. Esta idea viene de lejos y ha sido inflamada recientemente por la ultraderecha de VOX.

La industria de la agricultura intensiva en el entorno de Doñana se ha desarrollado a base de usar el agua subterránea. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha establecido que “las principales presiones significativas que sufren algunas masas de agua subterránea en Doñana son las producidas por extracción para la agricultura”. Tres de sus cinco acuíferos presentan una explotación de más del 100% del recurso disponible. En julio de 2020 fueron declarados “en mal estado cuantitativo”, jerga oficial para decir “sobreexplotados”.

El caso del expolio del agua subterránea de Doñana llegó a la Comisión Europea en 2010 denunciado por la propia WWF. En 2014 se abrió a España un expediente sancionador. Ese mismo año, con el objetivo de aplacar el proceso, se aprobó un Plan especial de regadío para intentar poner orden: hasta 9.000 hectáreas eran susceptibles de regarse. El documento admitía el “déficit hídrico de las masas de aguas subterráneas” y justificaba que “la importancia del sector agrario” hacía necesario “mantener en los mercados la imagen de la producción de la zona, fruto de un desarrollo ordenado y sostenible”.

Con todo, la situación sostenida en el tiempo de sobreexplotación mereció finalmente la condena contra España del Tribunal Europeo de justicia que en junio de 2021 sentenció una década de expolio del agua en Doñana. Sin embargo, el Partido Popular ha considerado, desde al menos 2016, que en lugar de impedir el bombeo de agua para explotaciones pirata, deberían regularizarse cierto número de fincas, es decir, reformar el plan oficial de regadíos: el Plan de la corona forestal norte de Doñana.

Petición desde hace años

La proposición de ley que asoma en 2022 “supondría amnistiar el 85% de la superficie ilegal que amenaza Doñana”, calcula WWF, que considera que los principales perjudicados tras el ecosistema son los agricultores que han cumplido con las reglas. “Los agricultores legales que hacen su trabajo correctamente y han comprado fincas legales de riego a un precio alto competirán en el mercado con ilegales”, afirma la organización.

El proyecto consiste en considerar legales todas las fincas que fueran de regadío en 2014 en lugar de 2004, como establece la normativa actual y regularizar transformaciones sin permiso previo de suelo forestal en agrícola. “1.460 hectáreas” en total, asegura WWF.

El ahora presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya presentó una proposición no de ley en 2016 para que se revisara la situación de las fincas que habían quedado fuera del plan oficial. Calculaba que había “1.500 agricultores”. Para las elecciones andaluzas de 2018, Moreno Bonilla incluyó la modificación del plan “para que el agua llegue a todos los agricultores que venían regando históricamente”, según recordaba el propio Partido Popular.

Poco después llegó la denuncia de la Comisión Europea ante los jueces. Era el 24 de enero de 2019 y Moreno Bonilla llevaba ocho días investido presidente de Andalucía en un gobierno de coalición con Ciudadanos apoyado por Vox.

Bombeo de 21 hm3 de agua sin permiso en un año

Precisamente, el partido de ultraderecha llevó en noviembre pasado al parlamento andaluz una proposición no de ley parecida a la del PP. Pedía al Gobierno de Moreno Bonilla la reforma del plan de riegos. Querían que pudieran explotarse “el mayor número de hectáreas posible” y añadían: “Sin peligro para el acuífero de Doñana”. La cuestión es que ese acuífero ya está en peligro reconocido al haberse declarado en “mal estado”. Vox pedía que los agricultores que “tradicionalmente han tenido agua sigan teniéndola y agua legal”, es decir, que existe un problema de extracción ilegal.

Entre las promesas del Moreno Bonilla candidato en 2018 y las exigencias de Vox de 2021 (seguidas por la proposición de ley en ciernes en 2022) ha llegado el reproche de los magistrados europeos. En este enero, el PP ya ha pedido a los alcaldes del PSOE que apoyen su plan de revisión del plan.

WWF ha estudiado cuánta superficie y agua están, según su análisis, fuera de la ley en el entorno de Doñana. Aseguran que en 2020 4.700 hectáreas fueron regadas sin autorización. Eso supuso la extracción de 21 hm3 de agua sin permiso aquel año. El 60% de esa superficie estuvo dedicada a cultivos leñosos como los frutales y un 30% a cultivos bajo plástico: el boom de los frutos rojos como el fresón o los arándanos.

Los tres acuíferos declarados en mal estado soportan bombeos que nutren explotaciones sin permiso: del llamado La Rocina se sacaron 9 hm3 ilegales en 2020; de Almonte 3,9 y de Marismas 1,3 hectómetros cúbicos, según las cuentas de la organización.