Hay expresiones que de tanto usarlas pierden parte de su sentido. Lo mismo pasa con algunas medidas: de tanto repetirlas y poco hacerlas quedan diluidas y generan más escepticismo que confianza o ilusión. Faltarían los dedos de muchas manos para contar las veces que algún partido o grupo parlamentario ha incluido en programas o discursos la universalización de la educación de 0 a 3 años. Sin embargo, en 2024 y a pesar de ser considerada una medida clave para la conciliación y la corresponsabilidad, sigue siendo un asunto pendiente.
Esta vez ha vuelto a ser el turno del PP, que la incluye en la Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que ha registrado en el Congreso este martes. Su plan, eso sí, no garantiza la creación de plazas públicas sino cofinanciar entre Estado y comunidades autónomas su gratuidad. Dos territorios gobernados por el PP sirven como pista para intuir hacia dónde camina su propuesta. Por un lado, Andalucía devolvió hace unos meses 119 millones de ayudas europeas para crear plazas públicas en escuelas públicas y proteger así al sector privado. Por otro, Galicia ofrece a las familias educación infantil gratis pagando sus plazas a las guarderías privadas en lugar de apostar por la pública. Así que aumento de gasto público sí, otra cosa es adonde va ese dinero.
En todo caso, la propuesta registrada por el PP hace un guiño a la 'libertad' de las familias, aunque sin mencionar explícitamente su palabra favorita. La ampliación de las plazas para niñas y niños de 0 a 3 años será compatible con establecer “ayudas directas” a las familias que “opten por no escolarizar a sus hijos en esa franja de edad”. Ni la cuantía ni la fórmula de esa “ayuda directa” aparece en el proyecto de ley, menos aún se aclara si se trataría de una prestación a la que cualquier familia, independientemente de su renta, podría acceder.
Más allá de los puntos concretos, el texto del PP intenta un difícil equilibrio entre hacer como que propone algo y no proponer nada nuevo. Entre tener que reconocer en su preámbulo que existen las brechas de género pero no incluir en su proyecto una perspectiva de género integral. Entre incluir medidas genéricas que hablan de flexibilizar jornadas y horarios, y frenar la reducción de la jornada que el Gobierno intenta negociar con patronal y sindicatos. Entre su discurso sobre la natalidad y la importancia de cuidar a menores y mayores mientras no incluye en su texto absolutamente ninguna medida ni permiso nuevo para poder hacerlo, salvo los que ya contemplan las directivas europeas o los planes del actual Ejecutivo.
Hay, eso sí, más deducciones fiscales o propuestas para convertir algunas de esas deducciones en pagos directos cuya forma o criterios el texto no concreta. Bajo el epígrafe “Mejora en el tratamiento fiscal de las familias”, el PP propone transformar el “mínimo por descendientes” que se puede deducir de la declaración de la renta en un “sistema de pago directo a las familias que generan el derecho”. La redacción es tan genérica que puede dar lugar a distintas interpretaciones, desde una prestación social por hijo (aunque ese término no aparece en el texto) a un pago que sea independiente de la declaración de la renta.
Vulnerabilidad y bancos de horas
La propuesta del PP hace un ademán para incluir criterios “de vulnerabilidad” a la hora de que las familias numerosas y monoparentales accedan prioritariamente a recursos y ayudas para conciliar para, cinco líneas después, hablar de beneficios fiscales, bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para contratar cuidadoras y cuidadores y acceder a descuentos en los títulos de transporte sin especificar ningún criterio de renta.
Las familias “en situación de vulnerabilidad” protagonizan uno de los puntos más escurridizos de la propuesta de ley del PP. “Para fortalecer sus capacidades parentales y su desarrollo en el ámbito de la corresponsabilidad, tendrá acceso preferente a los servicios sociales de apoyo, acompañamiento y orientación familiar”, dice el texto. El partido de Feijóo no explica qué considera “capacidades parentales” ni por qué son solo las familias vulnerables las que necesitan reforzarlas.
Otra de las medidas que plantean los populares es la creación de “bancos de horas”, un sistema del que se ha hablado en los últimos años como manera de permitir que trabajadoras y trabajadores puedan atender necesidades personales y de conciliación puntuales sin necesidad de pedir permisos o ver reducido su salario. Sin embargo, la redacción del texto no pone tanto el énfasis en la disponibilidad de más horas para conciliar como en la posibilidad de acumular horas extra de trabajo que después tomar libres de distintas maneras.
Bancos de tiempo ¿para las empresas?
Esta herramienta, dicen, permitiría “acumular horas de trabajo adicionales, horas extra o tiempo no utilizado de permisos remunerados, con el fin de gestionar mejor su conciliación entre la vida laboral y personal”. La legislación actual ya contempla que las empresas deben compensar las horas extra de sus plantillas. Sin embargo, CCOO publicaba hace solo unos días un informe que señalaba que las empresas se ahorran o “apropian” de 3.245 millones de euros anuales por horas de trabajo no pagadas. La propuesta del PP, tal y como está planteada, se parece más a facilitar que las empresas puedan pedir bien horas extra que compensar con tiempo y no con dinero, bien que trabajadores y trabajadores acumulen horas en picos de trabajo para después descontarlas cuando sea posible. Posiblemente otra de las propuestas políticas más repetidas de la última década y más incumplidas.
Las jornadas partidas con dos horas para comer, las reuniones más allá de las seis, un prime time'que da sueño, calendarios y horarios escolares que van por libre, o una cultura del presentismo a prueba de pandemias y teletrabajo sirven como ejemplo. La promesa, y también su incumplimiento es, eso sí, transversal a los partidos. Aunque, sin duda, que el PP la incluya en su proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar traspasa la palabra contradicción si pensamos que se trata del mismo partido de la libertad de horarios comerciales y de las reformas laborales que dieron más poder a las empresas para disponer de las jornadas de quienes trabajan a tiempo parcial (entre otras cosas).