Personas con discapacidad que quieren ir a la playa: “Tienes que echarle muchas ganas”
Cuando Miriam Arnáiz quiere ir a la playa tiene que planificar la jornada con tiempo y paciencia: elegir la playa, buscarla por internet y llamar por teléfono al ayuntamiento o a la oficina de turismo para comprobar si es accesible. “Parece que vas a viajar a Australia cuando quieres pasar un día de playa. Tienes que echarle muchas ganas”, dice. Esta joven de 31 años tiene una gran discapacidad y, pese a que por ley todas las playas urbanas españolas deben ser accesibles para cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida, lo cierto es que no todas lo son. “La primera vez que encontré una playa accesible fue el año pasado en Benidorm”, añade Paola Marcos. Tiene 55 años y, hasta entonces, “no sabía que había playas accesibles para personas con discapacidad”.
Aunque las comunidades autónomas tenían sus propias normativas y algunos ayuntamientos ordenanzas sobre accesibilidad, en 2010 el Boletín Oficial del Estado publicó una orden en la que se desarrollaban y homogeneizaban las condiciones que debían cumplir las playas. En 2013, la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ponía límite para la adecuación de estos entornos: el 4 de diciembre de 2017. Es el segundo verano desde esa fecha y la mayoría de municipios no cumplen los requisitos que marca la norma en todos sus arenales. “Hay muchos ayuntamientos que, si cuentan con varias playas urbanas, la más turística es muy accesible, incluso más de lo que manda la normativa, pero el resto las tienen abandonadas”, explica el responsable de accesibilidad de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF), Nacho Osorio.
“Si tienes cinco playas y hacen una accesible, te generan la necesidad de ir a una exclusivamente. No eres independiente a la hora de elegir a qué playa quieres ir”, lamenta la técnica de accesibilidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Judith Díaz. Considera además que “ha habido un esfuerzo” por parte de las administraciones para hacer las playas accesibles, pero lo achaca a que “hay una obligación legal”. Entre los requisitos que deben cumplir: un paseo accesible, una pasarela desde este paseo hasta el agua, un punto accesible con una zona de sombra, material técnico para facilitar el baño, como sillas y muletas anfibias, y duchas y aseos adaptados. Díaz explica que hay bastante heterogeneidad en estos espacios porque “las playas urbanas son más accesibles en cuanto a barreras arquitectónicas, pero no en cuanto a servicios”.
“Una casetilla y de ahí no te mueves”
“Yo lo que me he encontrado es que hay como una casetilla y de ahí no te mueves. Hay sillas anfibias, pero hay dos o tres y, si hay otro usuario, tengo que esperar a que vuelva o ir yo con la presión de que tengo que volver, porque cuando la coges te dan un tiempo y estás más pendiente del reloj que de disfrutar”, explica Miriam, que reconoce que su sensación cuando va a la playa es la de quedarse “a medio camino”. Porque las pasarelas, dice, no siempre llegan hasta el agua. “Si mis amigos pueden estar en la orilla y yo no, ellos quieren estar conmigo disfrutando del agua. Tú ves la playas y están las personas con discapacidad en una parte dentro de la pasarela y las personas sin discapacidad en otra parte. No disfrutas igual”.
Una de las principales reclamaciones de los usuarios es la ayuda al baño. “En Benidorm lo tenían muy bien preparado. Hay unos socorristas que están pendientes, nos ponen las sillas debajo del toldo, te llevan al agua, te dan la mano para sacarte, a otros les ponen la silla...”, recuerda Paola. En cualquier caso, estos servicios con personal con formación específica en atención a personas con discapacidad o movilidad reducida dependen de los ayuntamientos, que suelen contratarlos en el mismo paquete que el servicio de socorrismo de la playa. Cruz Roja es la institución que tradicionalmente se ha llevado estas contratas. Este verano dan servicio de baño adaptado en 66 playas.
“El ayuntamiento es el competente en adaptar la playa y marcar el tipo de servicio que quiere”, indica el responsable del programa de playas de la entidad, Miguel Ángel Sánchez. Algunas cuentan con un solo empleado, mientras otras ofrecen servicios adicionales, como en Santa Pola, donde hay contratados “fisioterapeutas, logopedas, personas que hablan lengua de signos”, indica. En total, en esas 66 playas, trabajan cerca de 200 personas que han superado un curso de especialización. “Nuestro personal pasa una formación interna que gira en torno a la asistencia de personas con discapacidad y el conocimiento de todas las ayudas técnicas” de las que disponen, explica Sánchez.
Accesibles unos meses durante unas horas
Tanto los usuarios consultados, como los portavoces de las entidades, coinciden en otra carencia a la que hacer frente: las limitaciones que suponen los horarios y las fechas. Porque donde hay servicio de asistencia, éste se ofrece dentro de unos horarios determinados. Pero no solo eso, si un usuario quiere bajar al arenal en noviembre, no puede hacerlo. Las pasarelas se retiran cuando terminan los contratos que los ayuntamientos tienen con las empresas y la playa se convierte en terreno vedado. “Tal vez no se puedan mantener todos los servicios, pero sí los itinerarios de acceso, porque al final es accesible solo unos meses al año durante unas horas concretas. En eso la normativa no concreta”, lamenta Díaz.
“Muchas veces los requisitos se quedan cortos cuando se trata de una persona con una determinada discapacidad”, indica Osorio, para quien falta información. “La pena es que la información nunca está bien ofrecida, porque no es mismo que te digan que existe un punto accesible a que te digan en qué condiciones está”, dice. “Muchas veces hasta que no llegas a la playa y ves el cartel donde pone los servicios que hay, no los sabes, porque depende de los ayuntamientos, que a veces tarda en subir la información a la web o la tiene desactualizada”, añade Díaz. “A veces te hartas a dar paseos hasta encontrar un acceso medio decente”, corrobora Miriam. Por eso, muchas entidades ofrecen sus propias listas de playas accesibles o enlaces a páginas oficiales. Es el caso de Cruz Roja, COCEMFE y PREDIF.
La información es importante para saber, por ejemplo, el material concreto que hay en cada punto, porque una persona que utilice silla de ruedas, necesitará una silla anfibia para el baño, pero una persona ciega, requerirá de otro tipo de apoyo. “En el Mediterráneo hay más puntos accesibles. En algunos nos dejan sillas y los monitores especializados nos acompañan a bañarnos hasta un punto y nos indican en qué dirección podemos nadar o nos silban si salimos del espacio acotado”, explica Rafael Vadillo, de 51 años, que es usuario ciego. Entre el material que utilizan estas personas, se encuentra una pulsera conectada a una baliza para encontrar la toalla o una línea de boyas numeradas en perpendicular a la orilla. “La pulsera la he visto en Benidorm, pero la he visto poco. Muchas veces está el material, pero no se utiliza o se queda obsoleto o se pierde”, indica.
La cadena de accesibilidad
“Hay unos requisitos para que la playa sea accesible, pero también es importante que no se rompa la cadena de accesibilidad”, resalta Díaz. “Si no hay información accesible o transporte urbano que nos lleve hasta ella o un aparcamiento accesible cerca, una persona con movilidad reducida difícilmente va a llegar”, desarrolla la técnica. El ayuntamiento de Arona, en Santa Cruz de Tenerife, puso en marcha un plan municipal de accesibilidad en el año 2003. “Que una playa sea accesible está muy bien, pero es insuficiente si la cadena no es accesible, si no tienes un aeropuesto accesible, donde te recoja un transfer accesible que te lleve a un hotel accesible”, explica el concejal de Turismo, David Pérez, que presume de tener la mayor superficie de baño accesible en el mar y el paseo adaptado más largo de Europa.
Este municipio de unos 80.000 habitantes se ha especializado en turismo accesible, llegando a convertirse en el principal destino accesible de Europa y el segundo del mundo de la Red de Ciudades por la Accesibilidad. Esto ha repercutido económicamente en la zona. “El gasto del turista con alguna movilidad reducida (85-90 euros de media) es mucho mayor que el del turismo convencional (60 euros) y casi nunca viene solo. Además, utiliza servicios específicos, como fisioterapeutas o vehículos eléctricos para moverse por el paseo. Tiene un impacto directo y una rentabilidad bastante grande porque, evidentemente, hay negocio alrededor de la actividad accesible”, desarrolla Pérez, que calcula que Arona recibe al año entre 200.000 y 220.000 personas con discapacidad y acompañantes del 1,6 millones del total.
“En España vivimos del turismo y al colectivo de personas con distintas capacidades también nos gusta viajar y que no se nos excluya”, defiende Rafael, que percibe que las zonas donde más han apostado por la accesibilidad se encuentran en el levante. En esa zona, coincide Osorio, “hay municipios que lo están haciendo muy bien. En muchos casos por el tirón empresarial, que ha visto la oportunidad e, igual que ellos hacen el hotel adaptado, empujan al ayuntamiento para que haga los deberes”.
