El Poder Judicial investiga los fallos en el caso de las dos menores asesinadas por su padre en Castellón: “Fueron ignoradas”
Itziar Prats, la madre de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón el 25 de septiembre de 2018, ha interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que acusa al juzgado en el que denunció las amenazas que habían recibido de “ignorar absolutamente” a las dos menores. Itziar acudió a varias instancias a pedir ayuda, entre ellas el Centro de la Mujer y el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Castellón, pero nadie evaluó a las niñas, de dos y seis años, que fueron finalmente asesinadas.
La queja, a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha sido adelantada por El País, no se refiere “a las resoluciones dictadas por el juzgado, a su acierto o yerro”, sino a “la omisión de utilizar los medios que tiene la Administración de Justicia con respecto a las menores expuestas a violencia” y al “incumplimiento” de varios convenios internacionales que establecen la obligación de respetar siempre el interés superior del menor.
En el juzgado constaban las diligencias remitidas de oficio por un médico, a las que en febrero de 2018, unos meses antes del asesinato, se añadieron las procedentes de la denuncia de Itziar. Entonces, la Policía le otorgó un riesgo bajo tras su declaración en comisaría –existen 'no apreciado', 'alto', 'medio' y 'extremo'– y el juzgado, “sin realizar diligencia complementaria alguna”, determina el escrito, “ni explorar y oír a las menores” decreta que no existen razones para otorgar ninguna medida de protección. Eso teniendo en cuenta que Nerea tenía seis años y “era consciente de las situaciones vividas, pudiendo aportar material probatorio extraordinario”.
Sin embargo, “no existe referencia, atención o mención alguna en las resoluciones dictadas por el juzgado en relación a las menores”, lo que supone una “falta de atención absoluta” a las dos niñas expuestas a violencia sin que por parte del órgano judicial se recurriera a la Unidad de Valoración Forense Integral ni a ningún equipo psicosocial adscrito que valorara a Nerea y Martina o al agresor.
El CGPJ la admitió a trámite
“El Juzgado se olvidó de las menores, hasta el punto que de la lectura de las distintas resoluciones dictadas se desprende que la amenazada es únicamente Itziar, y no sus hijas. No existían las menores en lo actuado en el Juzgado de Violencia de Castellón. No existen las menores ya”, esgrime la reclamación, presentada el pasado 23 de septiembre. El CGPJ lo admitió a trámite el 7 de octubre en una notificación en la que traslada “nuestro sincero dolor” a la familia y avisa de que da traslado del escrito al Observatorio de Violencia de Género y la Comisión Permanente del CGPJ “para su debido conocimiento y, en su caso, la adopción de las medidas procedentes”.
Para la familia de las niñas, la falta de actividad del juzgado en este sentido vulnera el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y otros tratados internacionales que “son de aplicación directa por parte de los órganos judiciales”. De hecho, el primero establece en su artículo 26 que los Estados tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que se tengan en cuenta “adecuadamente” los derechos y necesidades de los menores expuestos a todas las formas de violencia.
El pasado mes de septiembre Itziar también interpuso dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia y de Interior por considerar que la Administración desoyó sus denuncias y que el protocolo policial que aplicaba entonces era también contrario al Convenio de Estambul por no incluir a los menores en las valoraciones de riesgo. El pasado mes de marzo, Interior aprobó la entrada en vigor de un nuevo protocolo que obligaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a valorar también a los niños y niñas.
La queja enviada al Consejo General del Poder Judicial también esgrime un segundo motivo. Y es que el juzgado argumentó la denegación de la orden de protección en base a que Itziar había fijado su residencia cerca de donde su exmarido vivía y que la mujer no había ofrecido “una explicación razonable al miedo que dice sentir”. Algo que “proyecta” sobre ella “el sentimiento de haber hecho algo mal.
“El Estado tiene una responsabilidad total y absoluta en esto. No me creyeron y hoy mis hijas no están conmigo”, decía ella misma hace unas semanas en una entrevista.
