La catedrática de Derecho Mercantil y experta en derecho marítimo Ana Belén Campuzano asegura que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre un protocolo claro a seguir sobre los puertos refugio cuando hay un buque en dificultades, como ocurrió con el petrolero 'Prestige' hace 15 años, debido al “coste político” que supondría.
“El problema en general es que si se parte un buque en el puerto de una determinada localidad mancha la costa y lo ven los ciudadanos, y en consecuencia tiene un coste político; pero si se queda en alta mar sabemos que es malo para el medioambiente pero el ciudadano no lo ve como si ocurriera delante de su ventana”, argumenta Campuzano en una entrevista con Efe.
El petrolero Prestige vertió al mar 63.000 toneladas de fuel que afectaron a 3.000 kilómetros de costa y a más de mil playas tras partirse en dos y hundirse a 246 kilómetros de Fisterra (A Coruña) en noviembre de 2002, un naufragio que provocó la mayor tragedia ecológica de la historia de España y causó pérdidas que la Fiscalía cifró en más de 4.300 millones de euros.
El debate entonces, desde que zozobró el 13 de noviembre hasta que se hundió seis días después, se centró en si alejar el buque de la costa, como finalmente se decidió, o refugiarlo en un puerto, donde se hubiera podido contener el fuel, una cuestión que, pese a la polémica, todavía no se ha resuelto en el caso de que otro Prestige se accidente frente al litoral gallego.
“Se hizo más ruido de lo que realmente ha sido y no se ha llegado a un acuerdo con un protocolo claro a seguir sobre puertos-refugio o cómo actuar con un buque en dificultades, aunque se ha avanzado algo en fondos de garantía de hidrocarburos”, explica esta profesora en la Universidad San Pablo-CEU y asesora de importantes empresas del sector, públicas y privadas.
En su opinión sobre este tipo de puertos refugio, “a nadie le gusta pensar que tiene que ser el puerto de acogida de un barco en esa situación y todos los puertos ponen inconvenientes”, una casuística que se está reproduciendo a nivel europeo, matiza.
El exdirector de la Marina Mercante José Luis López Sors, único alto cargo de la administración española acusado por los daños causados por la marea negra tras el hundimiento del petrolero y que finalmente fue absuelto, alegó durante el juicio que el Prestige no cumplía las exigencias de la normativa vigente para su traslado a un puerto refugio.
Según López Sors, el buque no pudo ser trasladado a Corcubión por su “grave” estado estructural, con continuos vertidos y riesgo de que se partiera durante el trayecto; tampoco a la ría de Ares o a Ferrol por falta de calado, ni al puerto de A Coruña, donde hay una refinería que hubiera agilizado la descarga, porque el práctico alertó de que podría poner en riesgo vidas humanas.
La jueza titular del Juzgado de Corcubión que cerró la instrucción del caso consideró en el auto que la decisión de alejar el Prestige de la costa no contribuyó a agravar la crisis.
España cuenta actualmente con una ley reciente de navegación que recoge un “sistema más fiable” de cómo actuar cuando se produce una catástrofe en el mar, recuerda Campuzano, y se han desarrollado medidas para mejorar la coordinación de recursos marítimos con la costa y que no haya problemas de competencias.
Pero nada más, sostiene, “no se sabe si es preferible sacar un buque en dificultades a altar mar o meterlo en la costa”.
Para adoptar esta decisión sería necesario que un técnico explicara que si hay posibilidades de que se parta el barco o alguno de sus depósitos de combustible es mejor llevarlo a un puerto refugio, subraya esta experta, porque “siempre será mas fácil intentar impedir que se expanda el fuel en un sitio con menos oleaje que en mar abierto, donde la primera ola partiría el barco”.
Pero el “coste político” motiva el “ser reacios a ver que tienes allí un buque partido y que deja negra la playa”. “Es un coste político, no técnico”, enfatiza.
Según Campuzano, ha habido “poca reunión” para apuntalar este tema porque “siempre que hay una catástrofe de estas características todo se activa mucho pero después se vuelve a la normalidad y se va olvidando”. “Los acuerdos entre gobiernos son difíciles y todo se queda parado”, concluye.