La oposición no va a aceptar que la Religión continúe siendo una asignatura evaluable que puntúa para la media en la negociación del pacto educativo para sustituir a la Lomce por una ley de consenso. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en que la materia no puede continuar siendo parte de la oferta obligatoria y computable en Primaria y Secundaria, como introdujo el PP al redactar la 'ley Wert'. Este punto contó con el apoyo de los obispos, cuyo objetivo es que se mantenga con este estatus según manifestaron en la reunión mantenida a finales de noviembre con el ministro de Educación, Íñigo Mendez de Vigo.
Los socialistas y los de Albert Rivera apuestan por volver a la situación previa a la Lomce, es decir, que la asignatura se oferte como optativa sin que cuente la nota para el expediente académico de los estudiantes. De este modo, consideran, se aliviarían las reticencias que ha generado la vuelta de tuerca de la Lomce a la asignatura y se volvería a una situación de “no conflicto”.
“Creemos que lo que establecía la ley anterior no generaba ningún problema. Además, el paso más allá que ha dado la Lomce no ha sido ni siquiera demandado por los profesores de religión. En algunas comunidades se están dando menos horas que antes, incluso”, argumenta Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos.
Para Unidos Podemos, la vuelta al escenario precedente no es suficiente. “La Religión debe salir, al menos, del horario escolar y no restar horas a otras materias de raíz científica o humanista. La educación en la red pública debe ser laica”, afirma el diputado Javier Sánchez.
El portavoz matiza que “no se trata de negar el hecho religioso, sino de tratarlo de manera no confesional. Y eso se podía impartir en otras disciplinas”. Una postura similar ha manifestado el PSOE en las dos últimas campañas electorales. Y Ciudadanos incluía en su primer programa la creación de una asignatura que englobara la historia de más religiones además de la católica.
Al menos una parte de la oposición se inclina a pensar que el PP, que no ha aclarado aún cuál será su postura en este tema, dejará de hacer bandera de algunas cuestiones defendidas en la etapa anterior. Y el carácter evaluable de la religión podría ser una de ellas.
Más reuniones con los obispos
En el encuentro que sirvió a Méndez de Vigo para medir el pulso de la iglesia en estos asuntos, los obispos pidieron al Gobierno blindar la religión, la situación de los profesores de religión –elegidos por la iglesia, pero pagados por el Estado– y los conciertos de los colegios católicos. Este último punto no forma parte estrictamente de las conversaciones para el pacto educativo.
“Tenemos que dejar añejas posiciones: la educación tiene que ser un campo neutro, formamos para la realidad, no para las entelequias”, subrayó el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, a raíz de la primera reunión, que no será la única.
Según ha sabido eldiario.es, la Comisión Permanente que la Conferencia Episcopal celebrará el próximo mes de febrero servirá para que los obispos adopten “una posición común” que comunicarán en una nueva reunión con el ministro, sin descartar la publicación de una nota en la que se planteen los puntos básicos de la propuesta de la Iglesia. Entre ellos, afirmar que “el hecho religioso es algo positivo”, y que su presencia forma parte intrínseca de la cultura y la sociedad española.
Los obispos critican que la clase de religión sea usada “como un pim pam pum político” y son especialmente beligerantes con lo que consideran “una reducción del horario, dispar de una comunidad a otra que no garantiza que la oferta obligatoria y la elección libre por parte de padres o alumnos sea posible”. Todo ello provoca, dice el portavoz Gil Tamayo, que la asignatura esté en una situación de “precariedad”.
No tocar a los profesores de religión
Hay otro gran punto de fricción en lo tocante a la religión, y es el estatus de los más de 25.500 profesores de la materia, causa de polémica al tratarse de personal docente no público –no hay oposiciones–, cuyo nombramiento es elegido de forma discrecional por cada obispo en su diócesis –que, como se ha demostrado, puede despedir a los docentes sin más explicación–, pero cuyo pago corresponde a las Administraciones correspondientes.
Una vía más de financiación pública de la Religión, pues el currículum también es decidido por la cúpula episcopal, aunque se imparta en centros públicos. Con la Lomce, se introdujeron nuevos estándares de aprendizaje que incluyen rezos en Primaria. Y en Secundaria se suprimen las comparaciones con otras creencias como el judaísmo o el budismo.
Esta situación, parte del acuerdo suscrito con la Santa Sede, no parece a priori que vaya a verse alterada tras el pacto. PSOE y Ciudadanos a priori no pedirán que se ahonde en el asunto. Sí lo hará Unidos Podemos, y así aparece expresamente en su programa electoral en un epígrafe titulado “Anulación del Concordato”.
Anualmente siete de cada diez alumnos –o sus familias– optan por la asignatura de religión en los centros educativos. El curso pasado fueron concretamente un 63%, según datos recabados por la Conferencia Episcopal: más de 3,6 millones de alumnos y alumnas.
Tras la implantación de la Lomce, los estudiantes de 1º de Bachillerato que eligen esta materia en institutos públicos casi se duplicó en el curso 2015-2016: de 67.807 a 130.078. En este nivel, la asignatura está en el mismo cajón que francés, dibujo técnico o anatomía aplicada. La misma tendencia al alza se desprende de otra fuente de datos, los recabados por la Asociación de Directores de Instituto (Adimad).