El Partido Popular pretende que el Congreso de los Diputados distinga explícitamente a los cazadores como conservadores de la naturaleza. Su grupo parlamentario ha presentado una moción para que se reconozca desde el Parlamento “el compromiso” con el medio natural y la “conservación de la naturaleza” de los cazadores y pescadores deportivos.

Tras el revés que supuso para el sector cinegético la prohibición sin reservas de la amputación de rabos de perro –las excepciones por las que luchó el PP se referían a ejemplares usados para la caza–, los populares vuelven a usar el Congreso para sacar la cara por los cazadores.

La iniciativa, aparecida en el Boletín de las Cortes el 25 de mayo, añade que se debe “impulsar la práctica de ambas actividades por su contribución al interés general”. Y echa mano de una ya manida iniciativa política del Partido Popular: la elaboración de una “estrategia nacional de la caza”.

Volumen del sector cinegético

Nada aparece sobre los problemas ecológicos consecuencia de la práctica de la caza deportiva a gran escala y su fomento como nicho comercial. La magnitud del sector la dan las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente: más de 400.000 piezas de caza mayor abatidas al año y otros seis millones de caza menor (como conejos o zorros). A eso se le suman más de 12,5 millones de aves. De hecho, la biodiversidad de la avifauna española se ha visto diezmada, en parte, por el auge de la caza.

Ese volumen se traduce en perjuicios medioambientales ya constatados como la acumulación masiva de plomo en los ecosistemas debido a la munición utilizada en las cacerías. Este fenómeno conocido como plumbismo es especialmente dañino para los medios acuáticos como los humedales.

También hay repercusiones negativas a la hora de gestionar los cotos de caza para que se conviertan en cazaderos bien nutridos de presas comerciales y se mantengan prácticas de “control de depredadores” –eliminar carnívoros que puedan reducir el número de presas– que van desde los lazos (con algunas variedades incluso admitidas por la normativa) hasta el empleo de venenos. Con esos métodos se han perdido ejemplares de especies protegidas como linces ibéricos o águilas imperiales. La propuesta parlamentaria solventa este extremo incluyendo que las prácticas se hagan “conforme a la legislación vigente”. 

Con esta distinción concreta, lo que intenta el grupo popular es que las comunidades autónomas hagan patente “el apoyo” a la caza y la pesca. Así, conseguirían la adhesión a esa estrategia que anunció la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, al informar a las Cortes sobre sus líneas estratégicas para la legislatura. Aunque el Gobierno tiene competencias generales, los ejecutivos regionales son los encargados últimos de regular la caza y la pesca. Sin su concurso, la publicitada estrategia nacional se queda en papel mojado.

Iniciativas sin descanso

El partido del Gobierno en el Congreso no para de hacer guiños al sector cinegético. Esta legislatura, desde que fue investido presidente del Gobierno Mariano Rajoy el 2 de septiembre de 2016, casi no ha pasado un mes en el que el PP no haya introducido alguna iniciativa parlamentaria o haya salido al corte de alguna medida que supusiera una cortapisa a la actividad cinegética.  

El mismo mes de la investidura ya pasó por registro una declaración que decía que la caza tiene “raíces profundas en nuestras tradiciones” y que la valoraba como “instrumento de gestión fundamental de especies de fauna”.  Un mes después, durante el debate parlamentario de esta postura, el diputado Luis Rodríguez describía: “Son tradicionales y están incorporadas al ADN de nuestro grupo parlamentario”. Lo que quería concretamente era “simplificar el acceso a las licencias autonómicas” de caza.

En diciembre de 2016, cuando la recién nombrada ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, acudió a la comisión parlamentaria a explicar los planes de Ministerio, incluyó entre sus políticas el fomento de los cotos para “contribuir a lograr una diversificación y mejora de las rentas del medio rural”.

Pero no todo han sido declaraciones de intenciones. El PP ha buscado apoyo parlamentario para iniciar una modificación de la ley de biodiversidad y el reglamento de especies exóticas invasoras para revertir la sentencia del Tribunal Supremo que impide cazar y pescar deportivamente algunas variedades introducidas con fines cinegéticos en los ecosistemas, cuyos efectivos altamente dañinos han quedado demostrados.

 

En esto, además, encontró el respaldo de Ciudadanos y el PSOE. Los primeros también han pretendido, según registraron en la Mesa del Congreso, “agotar las vías jurídicas existentes a fin de instar el aplazamiento de la sentencia del Tribunal Supremo por razones de índole económica y por la alarma social generada”. El PSOE se unió a los otros dos grupos para votar a favor de una proposición no de ley  para hacer compatibles variedades animales exóticas con “las actividades cinegética y piscícola”, en febrero pasado.

“agotar las vías jurídicacompatibles variedades animales exóticas con 

Le atribuyen “beneficios culturales”

Al mes siguiente, el 8 de marzo, la portavoz popular de medioambiente, Teresa de Lara, sacó de la chistera una nueva manera de mantener en el día a día parlamentario la agenda del lobby de la caza: no habló entonces de estrategia nacional de caza sino de “estrategia de gestión cinegética”. Le asignó “no solo beneficios sociales y económicos, sino también medioambientales y culturales”.

lobby 

Durante ese mismo mes, el PP protagonizó una refriega parlamentaria acerca de la ratificación del Convenio Europeo contra el Maltrato de Animales de Compañía. Maniobró todo lo que pudo (incluso llegó a pactar una enmienda con Esquerra Republicana de Catalunya) para mantener como legales las amputaciones de rabos de perros en razas utilizadas en las cacerías. El Pleno de la Cámara Baja desmanteló la maniobra.

desmanteló la maniobraEn mayo, al llegar este convenio el Senado, el PP volvió a la carga al aprobar una salvedad que contradecía el texto remitido por el Congreso. A última hora, el grupo popular desistió de alargar el proceso el 10 de mayo.

Pero, apenas 15 días después de esa rendición parlamentaria, ha llegado a la Comisión de Medio Ambiente este nuevo movimiento que abrocha el compromiso -y la influencia- del PP y los cazadores.