Hasta hace poco el tema era excesivo incluso para Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid rechazaba en la Asamblea la imposición del veto parental que le pidió Vox. “Dinamita” la relación profesor-alumno, adujo entonces la presidenta, que siempre ha ejercido de avanzadilla popular de un viaje de ida hacia la derecha en materia educativa. Una estrategia que el partido en su conjunto ha abrazado de lleno en las últimas semanas, 20 meses después de aquel episodio en la Asamblea.
Ahora es el PP el que le propone a Vox un pacto “por una Educación de calidad, libre y sin sesgo ideológico” en varias comunidades autónomas. Lo ha hecho para gobernar en Extremadura, donde necesita al partido de Abascal para desbancar al PSOE, que ganó las elecciones, y lo hace motu proprio después de asegurar que no quería a la ultraderecha en el Ejecutivo. También lo ofrece en Baleares con el mismo fin durante las negociaciones para formar Gobierno, en las que ya ha entregado la presidencia del Parlament. El acuerdo en la Comunitat Valenciana despejó el camino para controlar lo que se hace en las aulas. El Partido Popular compra el marco ultra. Vox ya ni necesita pedirlo. “Sin sesgo [o adoctrinamiento] ideológico” es la fórmula elegida, que se repite en los tres casos.
Los textos de Extremadura y Baleares son vagos porque aún son propuestas, pero en la Comunitat Valenciana ya hay un pacto de Gobierno consensuado que añade algún detalle más al acuerdo: “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, dice el punto 28 del texto que firmaron los populares con la ultraderecha. “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”, añade el 29.
Ahora ya todo es ideología. ¿La memoria democrática? Ideología. ¿La diversidad sexual? Ideología. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Los roles de género? Ideología pura, como le espetó Rocío Monasterio, portavoz de Vox, a la propia Ayuso en aquel debate, cuando sostuvo que fue precisamente “la ideología de género” lo que permitió que “entraran en los colegios a adoctrinar a los niños”.
El veto parental en el centro de todo
Los acuerdos firmados o propuestos hablan de “ideología”, pero Maribel Loranca, responsable de la sectorial de Educación de UGT, tiene claro que apuntan a otro lado aunque no lo hayan puesto negro sobre blanco. “Esto va de resucitar el llamado pin parental, que nadie se equivoque”, asegura.
Hoy algo orillado, el veto parental fue el centro de la conversación educativa en 2019. El momento en el que la batalla contra la ideología en las aulas comenzó a cristalizar fue tras las elecciones andaluzas de ese año, en las que Vox entró por primera vez en un parlamento español. Desde entonces, todo aquello que suene a educación sexual, feminismo, violencia de género, derechos LGTBI o memoria democrática es tildado automáticamente por la extrema derecha de “adoctrinamiento” en las aulas. El mismo marco en el que se mueve el PP ahora.
Y también desde entonces el veto parental, llamado por la formación de Santiago Abascal “pin parental”, es la medida estrella para intentar cumplir su objetivo de poner cortapisas a estos contenidos en los centros educativos. El veto parental fue una de las condiciones impuestas al PP tanto en Andalucía como en Murcia o Madrid en distintos momentos, o bien para amarrar presupuestos o como parte de las negociaciones para formar gobiernos. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar en los colegios las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. El modelo de veto parental que Vox defendió en su momento ya dejaba claras sus intenciones: pedía que el centro informara a los progenitores de cualquier actividad “que pueda resultar intrusiva para la conciencia e intimidad” de sus hijos, ante “la posibilidad de que pueda ser adoctrinado en ideología de género” contra la “voluntad” o los “principios y valores morales” de los padres. Este mecanismo no se aplica actualmente en ninguna comunidad autónoma.
Autorizar una actividad ya autorizada
Ahora los acuerdos de Gobierno en la Comunitat Valenciana anuncian con contundencia que los padres “autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”. Pero esto es algo que ya ocurre de facto. Actualmente, los colegios tienen la obligación de aprobar a principio del curso las actividades de este tipo que se realizarán durante el año. Y para ello deben pasar por el Consejo Escolar, donde ya están presentes las familias. Eso sin entrar en que en la educación obligatoria las líneas entre curricular y extracurricular son difusas.
Ayuso anunció que iba a revisar los libros de texto porque 'el sanchismo' los usaba para adoctrinar. Después de poner a la inspección educativa a revisar nada menos que 180 manuales, tuvo que admitir que no había encontrado nada
Pero la denunciada “ideología” en las aulas no se acaba ahí, a tenor de las declaraciones que han venido haciendo unos y otros en los últimos meses. Volviendo sobre Ayuso, que parece haber pasado de verso libre a marcar la línea, la presidenta regional anunció a bombo y platillo hace un par de años que usaría sus competencias para sacar del currículum de Bachillerato “30 conceptos sanchistas” que iban a “adoctrinar” a los alumnos madrileños. Estos “conceptos sanchistas” incluían cuestiones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la memoria democrática, las identidades sexuales, la ciudadanía global, mecanismos de dominación o estudiar de forma diacrónica el papel que han tenido las mujeres.
Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados libros blancos”, escribía en Twitter.
Que luego nada de aquello pasara del anuncio es otra cuestión; los titulares salieron igual. Exactamente lo mismo sucedió cuando anunció que iba a revisar los libros de texto porque “el sanchismo” los usaba para adoctrinar. Después de poner a la inspección educativa a revisar nada menos que 180 manuales, tuvo que admitir que no había encontrado nada.
Las matemáticas también son ideología
Otro elemento que introducía la “ideología en las aulas” fue el currículum de matemáticas “con perspectiva de género” en la Lomloe. Vox entendió este enfoque –que grosso modo venía a intentar mejorar la relación de las niñas con la materia y a señalar que las matemáticas sirven para arreglar problemas sociales– como un intento de “imponer una ideología que no aporta nada a la educación”, en palabras de José Manuel Marín, portavoz de Vox en la Comisión de Educación en el Senado en 2022. “Los profesores ya no hacen caso a planteamientos que exceden del sentido común”, aseguró el senador de la ultraderecha.
El ‘veto parental’ de Vox no surge de la formación de extrema derecha de forma aislada, sino que bebe del discurso que las organizaciones ultracatólicas como HazteOír llevan años intentando hacer calar
La alusión al profesorado hace revolverse a Maribel Loranca, que cree que decir que en la escuela se adoctrina “cuando menos es una muestra bastante grande de desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado”, reflexiona, un cuerpo compuesto por cientos de miles de personas a las que no se pregunta qué votan cuando hacen la oposición. Y, recuerda la representante sindical, “que tiene libertad de cátedra”, un derecho consagrado en la Constitución. “A ver si van a estar atentando contra ella”, advierte Loranca.
La pelea por el veto
La comunidad en la que la propuesta del veto parental llegó más lejos fue Murcia, donde acabó implantándose en el curso 2019-2020, pero acabó en los tribunales tras el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, entonces dirigido por Isabel Celáa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo paralizó cautelarmente y a finales de curso lo archivó. Un año más tarde, tras la fallida moción de censura a Fernando López Miras y con la exdirigente de Vox Mabel Campuzano en la Consejería de Educación de la Región, se puso en marcha un modelo de ‘veto parental’ rebajado, que implicaba avisar a los padres con siete días de antelación de la actividad que fuera a impartirse por personal ajeno al claustro.
Si algún tipo de contenido en las aulas es el blanco de la extrema derecha es lo referido a educación afectivo sexual y derechos LGTBI. Algo que resumen con el concepto “ideología de género”. Este no es un discurso nuevo ni inocente, el concepto se usa a nivel internacional por parte de los sectores ultraconservadores y católicos desde principios de los años 2000, pero arrecia con fuerza en los últimos años con el objetivo de imponer un pánico moral ante los avances de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. De hecho, el ‘veto parental’ inventado por Vox no emerge de la formación de extrema derecha de forma aislada, sino que bebe del discurso que las organizaciones ultracatólicas como HazteOír llevan años intentando hacer calar en España.
Con el objetivo de intentar avalar la supuesta necesidad de esta medida en los centros educativos, la estrategia de la extrema derecha se ha basado en lanzar bulos, exageraciones y desinformación usando talleres o intervenciones descontextualizadas y parapetándose en argumentos como la protección de los menores y la libertad de los padres “para elegir la educación de sus hijos”. Así, Santiago Abascal ha llegado a afirmar que el programa de educación sexual Skolae, premiado por la Unesco, enseñaba a los niños “juegos eróticos” mientras que Rocío Monasterio comparó en su momento las charlas LGTBI con la “pedofilia” y la “zoofilia”.
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