El Partido Popular ha esperado a última hora para presentar su propia ley LGTBI. La formación intenta tumbar así la que, a pesar de su abstención y la de UPN, fue apoyada para tramitarse por el Congreso el pasado mes de septiembre tras ser presentada por Unidos Podemos. La enmienda a la totalidad de la ley que han registrado los populares reduce a mínimos la propuesta y se deja por el camino cuestiones consideradas fundamentales por los colectivos LGTBI.
El texto se reparte en 33 artículos que abordan diferentes ámbitos y que, aunque reconocen “la necesidad” de erradicar la discriminación “por razones de orientación sexual e identidad sexual”, apenas contempla medidas específicas ni está revestido de carácter obligatorio. De hecho, no cuenta con régimen sancionador: “Tal y como está redactada no obliga a nada, ni siquiera a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias”, explica la jurista especializada en derechos LGTBI Charo Alises.
La experta fue una de las redactoras de la ley ahora en trámite, que nació con polémica y que pasó la primera fase en el Congreso tras ser apoyada por Ciudadanos, Unidos Podemos y el PSOE. A pesar de que se trata de una extensa norma que las formaciones se comprometieron a reformar, abarca todos los ámbitos y cuenta con una amplia referencia a los principios rectores de la ley que la del PP no contempla. Entre ellos, el de prevención de la homofobia, bifobia, transfobia e interfobia. La iniciativa popular solo incluye estas palabras una vez.
En palabras de Jesús Generlo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), colectivo que elaboró la legislación, se trata de “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo por parte del PP desde el recurso al Constitucional del matrimonio igualitario”. La federación califica la enmienda de “una absoluta tomadura de pelo” y asegura que se trata de un texto “improvisado, carente de contenido y elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado”.
Nada sobre menores trans
Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la falta de medidas en el ámbito educativo. El texto dedica a ello tres artículos entre los que incluye la creación de protocolos contra el acoso LGTBIfóbico en las aulas, pero no nombra a las Comunidades Autonómas a pesar de que tienen competencias educativas. Por otro lado, habla de campañas de sensibilización a la comunidad educativa y “promover” formación a los docentes “para que sepan desarrollar los planes de educación basados en el respeto a la diversidad sexual y de género”.
Ninguna medida concreta ni obligatoria al respecto: no se nombra la necesidad de contar con contenidos LGTBI o referentes positivos en el material didáctico, en las asignaturas, en los libros de texto o en los programas de estudio. Tampoco hay ninguna referencia a las universidades, a la diversidad familiar ni al respeto a la identidad de los alumnos trans en los centros educativos, que sean llamados por su nombre o que puedan utilizar los vestuarios respecto a su género sentido, a pesar de que muchas autonomías ya reconocen este derecho.
Y es que la ley del PP apenas contempla medidas dirigidas al colectivo trans y ni siquiera nombra a los menores. Únicamente establece el respeto a su identidad sentida en el ámbito de la salud y por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No aborda el tema de la despatologización de la transexualidad ni el derecho a la autodeterminación de género, los dos principios con los que se están alumbrando las legislaciones más avanzadas en el mundo y las exigencias de organismos internacionales como el Consejo de Europa.
De hecho, el Congreso ha aprobado recientemente la toma en consideración de un proyecto de ley para eliminar en España el requisito de que los trans deban declararse enfermos para cambiar su nombre y sexo legal. Una iniciativa a la que el Partido Popular votó en contra.
Más requisitos a las lesbianas en el Registro Civil
La enmienda sí establece la creación de un Consejo Estatal para la igualdad de las personas LGTBI, pero despacha las medidas con referencias generales a “se promoverán medidas...” o “se establecerán medidas...”. En el ámbito de la salud solo menciona que “se promoverán” programas dirigidos a las necesidades del colectivo LGTBI y que “corresponde a los poderes públicos” garantizar la formación del personal sanitario y a éste “velar por una atención respetuosa”. Nada se dice de políticas de salud públicas, de derechos sexuales y reproductivos o de protocolos de atención a las personas trans.
“En el ámbito laboral y de la familia no se establece ni una sola medida concreta para garantizar la no discriminación de las personas LGTBI”, explica Charo Alises. Tampoco se incluye la eliminación del requisito de que las parejas de mujeres estén casadas para inscribir a sus hijos en el Registro Civil ni la no discriminación de las mujeres lesbianas a las técnicas de reproducción asistida. Aunque varias comunidades no lo están haciendo, en 2013 el Gobierno aprobó un decreto que las dejaba fuera –junto a las madres solteras–.
Además, el PP ha eliminado la prohibición de las llamadas terapias de conversión para homosexuales, que sí incluye la ley LGTBI que apoyó el Congreso y que no se permiten en algunas comunidades autónomas. Estos métodos que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona por considerar que ésta es inadecuada son rechazados por la comunidad científica y hay bastante consenso entre colectivos y psicólogos sobre el daño que producen.
Los populares se dejan fuera también el trato hacia las personas LGTBI en los centros penitenciarios, la formación de los profesionales del ámbito de la justicia o medidas concretas sobre la juventud más allá de “promover” el respeto entre los jóvenes o “impulsar” formación en “el valor de la diversidad”. En cuanto a la parte de definiciones, el texto omite la orientación sexual, la identidad y expresión de género, las personas cisexuales, familias LGTBI o personas no binarias.