La Real Federación Española de Caza considera que en España existe una “violencia animalista”. Y que eso menoscaba su actividad, es decir, las partidas de caza para disparar contra venados, jabalíes, tórtolas, patos, conejos, perdices o codornices.
La organización afirma en su documento Compromiso político con la actividad cinegética que hay una “criminalización de conductas” en su contra que debe atajarse. Tanto el PP como Vox están de acuerdo, ya que ambos partidos han firmado su adhesión a ese decálogo que pide, entre otras cosas, “la creación de un Observatorio de la Violencia Animalista”.
Y no han sido dirigentes cualquiera de las organizaciones. El primero fue el presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, el 27 de junio pasado. La segunda, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, hace pocos días: el 5 de julio.
En los comunicados con lao que la federación publicita sendos actos de firma destaca que se pide la derogación de la ley de bienestar animal –de cuyas disposiciones se liberó al sector de la caza tras una enmienda del PSOE–, pero no se hace referencia pública al punto en el que, al hablar de “favorecer la difusión de la imagen social positiva de la actividad cinegética”, se añade que “sin permitir la criminalización de conductas o juicios de valor previos que perjudiquen su imagen impulsando la creación de un Observatorio de Violencia Animalista”.
Mientras ambas formaciones han suscrito acuerdos de gobierno autonómico en los que escamotean la existencia de la violencia machista –como los de la Comunitat Valenciana y Extremadura– han dado su respaldo a este concepto de “violencia animalista” promovido por los cazadores, que sellan con una fotografía junto al presidente de Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo.
Atractivo electoral
A pesar de que la afición por la caza no para de decrecer en España, no son pocos los partidos políticos que consideran que deben atender específicamente al sector cinegético hasta hacerles un hueco especial en sus programas del 23J. “La caza ha llegado a la política y no habrá un solo voto para los partidos que no defiendan la caza”, zanjaba Gallardo ya en marzo de 2022.
De hecho, la fuerza o influencia de los votos que movilizan los dirigentes del sector cinegético se ha dejado notar hace bien poco: la Ley de Bienestar Animal que el Ejecutivo llevó al Congreso en agosto de 2022 fue enmendada –a petición de los diputados socialistas– para sacar a los perros de caza de la normativa en su aprobación final en marzo pasado.
Los datos describen cómo cada vez hay menos cazadores en España. Desde hace 30 años, el desplome de su número es notable. Entre 1990 y 2021, las licencias han caído un 53.%. De 1,4 millones a 680.000. Por el camino han desaparecido unas 720.000 licencias. La propia Estrategia Nacional de Gestión Cinegética del Ministerio de Agricultura dice que el sector “se enfrenta a un envejecimiento de la población cazadora y a un escaso relevo generacional”. Traducido: abatir animales silvestres a tiros no despierta interés.
Cada vez menos interés por disparar a animales: “La cantera no se renueva”
La falta de ganas por empuñar escopetas o rifles es una tendencia muy consolidada de la que hablan los propios responsables cinegéticos desde hace más de una década. Vienen refiriéndose a la “falta de relevo generacional” desde que en la primera década de los 2000 la Real Federación creo su programa de Becarios Cinegéticos Españoles.
Cada año, a medida que caía el interés, se ha repetido el análisis: no llegan nuevos cazadores. “La cantera no se renueva”, analizaba en 2012 el entonces responsable de la Fundación de la Real Federación Española de Caza. “Los jóvenes se acuestan cuando nosotros nos levantamos”, abundaba este dirigente en declaraciones a Efe. “Nos falta relevo generacional”, repitió el presidente de los cazadores de Castilla y León en su asamblea general de 2015 ante lo que admitió como “bajón” en el número de licencias.
Sin embargo, cuando el Gobierno remitió al Congreso su proyecto de Ley de Bienestar Animal en agosto de 2022, el lobby cinegético Fundación Artemisán y la Federación de Caza declararon que “la ley animalista acabará con la caza en España”. Según sus posiciones era un intento de “contentar a un sector animalista minoritario y radical”.
Tanto Vox como el Partido Popular se colocaron a rebufo de ese movimiento que tuvo su momento culminante en las manifestaciones de Madrid de inicios de 2022. En realidad, los propios dirigentes cinegéticos han demostrado desde hace años que buena parte del problema para cortar la sangría de aficionados y mantener el volumen de practicantes está, de verdad, en la falta de atractivo de la actividad.
De ahí que reiteren sus peticiones de tener acceso a los centros educativos para promocionarla. Las federaciones autonómicas se esfuerzan en llegar a los escolares mediante diversos programas dirigidos a esa cantera de cazadores que no se concreta. Las federaciones andaluza, extremeña o castellanomanchega desarrollan planes en este sentido.
Y de esa realidad emana que la misma Real Federación Española de Caza pidiera en mayo de 2022 a los ejecutivos autonómicos que no aplicaran la Ley de Educación en sus territorios. ¿El motivo? Haber incluido el concepto de derechos de los animales. Es “adoctrinar”, argumentaron, para fomentar la insumisión educativa.
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