Una farmacéutica recurre a la justicia para evitar que el Gobierno publique información sobre uno de sus fármacos más caros
A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, la primera terapia génica aprobada en España. Una vez aprobada, la campaña No es Sano realizó, a través del Portal de Transparencia, una petición al Ministerio de Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación. En enero se publicó el precio, que alcanzaba los 320.000 euros por tratamiento, pero no se dieron a conocer los criterios y las ONG recurrieron al Consejo de Transparencia, que les dio la razón. Ahora, Novartis, la farmacéutica propietaria de Kymriah, ha recurrido a los tribunales para paralizar la publicación de la información.
“En los últimos años se han ido dando pasos importantes en materia de transparencia”, asegura a eldiario.es Vanessa López, directora de Salud por Derecho, una de las ONG que participa en la campaña de No es Sano, “pero este proceso judicial es muy importante, porque puede sentar un importante precedente para romper la opacidad del mundo farmacéutico”.
En un comunicado, Novartis ha asegurado que ha recurrido a los tribunales porque no fue informada del procedimiento, por lo que “no tuvo ocasión de ser escuchada para poder defender sus legítimos intereses”. Según la empresa, en el juicio se dirimirán “los límites al derecho de acceso a la información pública”, ya que la compañía entiende que este derecho puede entrar en “conflicto con otros intereses protegidos”.
Sin embargo, López asegura que “Novartis está tratando evitar por todos los medios la publicación de una información que es de interés público” y afirma que los datos que han requerido “no es información que se pueda considerar sensible, como la relativa a los procesos de producción, sino que estamos pidiendo los criterios que ha manejado el Ministerio para decidir la financiación de un medicamento”.
El Consejo de Transparencia da la razón a las ONG
El proceso se inició a principios de este mismo año, cuando la campaña No es Sano, formada por distintas ONG, como Salud por Derecho, Médicos del Mundo o la OCU, pidió al Gobierno la publicación de información relativa, Kymriah, uno de los fármacos estrella de la compañía Novartis y que está indicado para pacientes menores de 25 años que padecen leucemia linfoblástica aguda de células B, la más habitual en niños, y que no responden a los tratamientos convencionales.
En enero de este año el Gobierno facilitó parte de la información a las ONG, pero sin especificar los criterios objetivos. “La información que recibimos fue muy genérica”, asegura López. “Nos gustaría saber si se han tenido en cuenta criterios de coste-efectividad, el impacto económico de este fármaco o si Novartis ha facilitado información sobre los costes de desarrollo del medicamento que permitan saber en base a qué criterios se ha decidido fijar ese precio”.
Tras no recibir esta información, los miembros de la campaña volvieron a recurrir al Portal de Transparencia, que el pasado mes de abril falló a favor de las ONG e instó al Ministerio de Sanidad a que hiciera pública “la motivación y los criterios objetivos concretos bajo los cuales se aprueba esta terapia, así como las condiciones económicas del acuerdo y las principales consideraciones y reflexiones producidas en el seno de la CIPM [Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos]”, organismo responsable de la fijación de precios.
Precios que pueden afectar al sistema sanitario
“Queremos conocer las actas en las que aparecen las deliberaciones de la comisión”, afirma López. “La ciudadanía tiene derecho a saber en base a qué criterios los poderes públicos toman decisiones que nos afectan a todos y que son de interés público, sobre todo cuando hablamos de precios de medicamentos que pueden poner en cuestión la sostenibilidad futura del sistema sanitario”.
Desde que en 2017 se anunciara la aprobación de esta terapia en EEUU, donde salió al mercado a un precio de 475.000 dólares (unos 430.000 euros), diversas organizaciones han criticado la falta de transparencia a la hora de especificar los costes de desarrollo, así como el hecho de que parte de la investigación haya estado financiada con dinero público.
Según unos datos publicado por la organización Patients For Affordable Drugs, los contribuyentes estadounidenses han invertido más de 200 millones de dólares en el descubrimiento de las terapias CAR-T y, según la organización Knowledge Ecology International, la mitad del dinero invertido por Novartis para la realización de los ensayos clínicos de Kymiriah provenía de créditos públicos.
