El gobierno publica los precios de los medicamentos financiados, pero sigue ocultando cómo los ha negociado con la industria
El Gobierno ha vuelto a compartir el listado de precios de los medicamentos financiados durante 2017, tras un periodo de cinco años de opacidad al respecto. El movimiento se ha producido gracias a la campaña No es Sano, que en abril de este año realizó una reclamación al Consejo de la Transparencia exigiendo la publicación de estos datos. Los miembros de este colectivo también exigen una mayor transparencia sobre el procedimiento de negociación con las farmacéuticas que se sigue para fijar los precios, pero el gobierno sigue sin pronunciarse al respecto.
“Celebramos este avance y, sobre todo, que el Consejo de Transparencia nos haya dado la razón, pero nos gustaría que el Gobierno siga dando pasos para hacer más transparente el proceso de fijación de precios”, cuenta a eldiario.es la portavoz de No es Sano, Eva Iráizoz. Además, esta activista asegura que la información que ha compartido el gobierno “no deberíamos tenerla solo nosotros, sino que debería ser accesible para todo el mundo a través de la página web”.
Entre los precios publicados destacan los elevados costes de algunos medicamentos contra el cáncer, cuyo precio de financiación ronda los 7.000 euros, o los medicamentos para la hepatitis C (Epclusa, Maviert o Vosevi), cuyo precio oscila entre 14.000 y 17.000 €, aunque el precio del tratamiento completo rondaría los 47.000 €, si se tienen en cuenta las indicaciones del informe de posicionamiento terapéutico publicado por la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS).
También destaca el precio del medicamento para la atrofia muscular espinal, Spinraza, que tiene un precio máximo de financiación de unos 70.000€, así como el de otros medicamentos para enfermedades poco comunes, como el síndrome de intestino corto (Revestive) o la fibrosis quística (Kalydeco), que oscilan entre los 16.000€ y los 18.000€.
Se sigue sin conocer el precio final
Estos precios en realidad corresponden a lo que se conoce como Precios de Venta de Laboratorio (PVL), que son fijados por la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos tras negociar con la industria farmacéutica. Sin embargo, este no es necesariamente el precio que figurará en la factura final que tendrá que pagar el estado.
A partir de ese precio máximo, las comunidades autónomas negociarán con los laboratorios una rebaja e incluso los hospitales tienen margen de maniobra para negociar directamente con las farmacéuticas. Esto implica que “dos hospitales de la misma ciudad pueden comprar el mismo medicamento a precios diferentes”, critica Iráizoz, algo que “termina provocando un problema de desigualdad”.
Además, el precio final no es fácil de estimar, por el número de actores implicados y la falta de transparencia en el proceso. “No tenemos acceso a ninguna base de datos que nos permita saber cuáles son los precios reales que se pagan en las comunidades autónomas y los hospitales por estos medicamentos”, asegura Iráizoz.
Desde No es Sano consideran que es imprescindible facilitar esta información de forma que los precios no dependan tanto de la capacidad de negociación de los distintos centros, lo que dejaría en desventaja a los que tienen menor volumen. “Entendemos que ser transparentes en la publicación de los precios que pagan las comunidades autónomas y los hospitales ayudaría a la negociación, ya que todos tendrían como referencia el precio que pagan los demás”, afirma Iráizoz.
Opacidad sobre la negociación
Sin embargo, la campaña no solo señala los problemas a la hora de conocer el precio final. A pesar del paso dado al volver a compartir los PVL, el gobierno sigue sin publicar los criterios seguidos por la Comisión Interministerial para la fijación de estos precios, algo que diversas organizaciones llevan años exigiendo, aunque, en esta ocasión, no lo pidieron explícitamente al Consejo de Transparencia.
“No solo queremos transparencia en los precios, sino también en los criterios que se han seguido en la negociación con las farmacéuticas”, afirma Iráizoz. “Nosotros consideramos que la fijación de los precios tiene que venir determinada por los costes de producción y de desarrollo del medicamento, más un beneficio razonable, pero desconocemos si la Comisión tiene en cuenta o no estos factores, porque no se conocen los criterios en los que se basan estas negociaciones”.
Además de desconocer los criterios de la Comisión Interministerial, tampoco se sabe qué tipo de información comparten las farmacéuticas con los miembros de dicha comisión. Históricamente los laboratorios han sido reacios a especificar los procedimientos que se han llevado a cabo para la invención de un fármaco, lo que dificulta la fijación de un precio.
En el caso del medicamento para la hepatitis C de la farmacéutica Gilead, un informe realizado por un equipo de investigadores del Instituto de Salud Global señala que el medicamento “fue desarrollado originalmente a partir de moléculas creadas gracias una investigación financiada con dinero público” y que varios estudios demuestran que “un tratamiento de 12 semanas puede producirse por tan solo 101 dólares”, en comparación con los 47.000 euros de precio de salida que ha marcado la Comisión Interministerial.
Apagón informativo desde 2012
Las reclamaciones de No es Sano se iniciaron en febrero de 2018, cuando remitió más de una decena de peticiones al Portal de Transparencia solicitando información sobre la Comisión Interministerial, debido al apagón informativo que se inició en 2012. “De 2007 a 2012 se publicaron los listados con los medicamentos aprobados por la Comisión y los precios fijados, pero entre 2012 y 2018 ha existido un vacío total de información”, afirma Iráizoz.
Sin embargo, esta solicitud de información fue rechazada por el Ministerio de Sanidad del anterior Gobierno, lo que llevó a las organizaciones implicadas en la campaña a interponer una reclamación ante el Consejo de la Transparencia, cuya resolución insta al Gobierno a que proporcione el listado de precios de medicamentos financiados.
A pesar de haber recibido la información solicitada, las organizaciones se quejan del formato en el que el gobierno ha decidido enviar el documento. “El formato no es nada útil y esto es un problema que nos encontramos a menudo”, asegura Iráizoz. “De nada sirve tener una información sino está en un formato accesible que permita a la ciudadanía hacer consultas u obtener datos y conclusiones”.
Este diario ha tratado de obtener información del Ministerio de Sanidad, pero, en el momento de publicar este artículo, todavía no habían respondido.
