Amnistía Internacional ha interpuesto ante la Procuraduría General de la República de México por el caso de Ligia Ceballos, una mujer mexicana que, según la documentación que ha recopilado desde hace 15 años, pudo haber sido uno de los miles bebés robados durante la dictadura franquista.
La querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es, ha sido presentada contra aquellos a los que la justicia mexicana considere responsables por los presuntos delitos y en ella se solicita que inicie “una investigación exhaustiva” sobre este caso. Ceballos descubrió hace unos años, cuando tenía 34, que había nacido en España –y no en México, como ella pensaba– con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padres biológicos.
Sus padres adoptivos le explicaron que en 1968 viajaron desde Yucatán a Madrid, porque ellos no podían tener hijos, después de solicitar orientación al Arzobispado de Yucatán, que se comunicó con el Arzobispo de Madrid, quien les recomendó viajar a España para poder adoptar una niña.
“Siguiendo las recomendaciones del Arzobispo, viajaron a Madrid. Cuando llegaron, les dijeron 'os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha nacido'. Días después nació una niña: el 29 de mayo de 1968, en la misma fecha del nacimiento de Lily. Por orden de la Diputación Provincial de Madrid, esa misma niña les fue dada en prohijamiento, tras lo cual, la llevaron a México en julio de ese mismo año”, cuenta la mujer.
“Esto no es contra ellos, sino a favor de la justicia de otras historias como la mía, esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida”, señala la mujer. Amnistía Internacional asegura haber documentado “numerosos indicios”, que apuntan a que Ceballos fue sustraída de su familia biológica española en 1968 “con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado”.
¿Por qué la querella en México?
La organización esgrime tres razones para haber presentado la querella en México: por la nacionalidad mexicana de la mujer, “porque la legislación mexicana cuenta con importantes reformas en materia de derechos humanos que podrían abordar este caso” y porque el resto de investigaciones realizadas en España sobre casos de bebés robados no han sido fructíferas.
“No han dado prácticamente ningún resultado y la justicia siempre los ha abordado como delitos comunes y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional”, sostiene Amnistía Internacional en un comunicado.
Se calcula que entre 100.000 y 200.000 bebés fueron robados durante el franquismo y bien entrada la Transición–, pero el Estado español no ha querido investigar los posibles delitos a pesar de que la ONU y la Comisión Europea han recomendado en diversas ocasiones al Gobierno que incrementara los esfuerzos para buscar e identificar a los niños y niñas víctimas de este tipo de delitos.