El presupuesto para la prevención de la violencia machista se recorta un 26% desde 2010
Un bocado de nueve millones de euros. España dedica a la prevención integral de la violencia de género un 26% menos de recursos que en 2010. El dinero que destina el Gobierno ha pasado en seis años de los 34,3 millones de 2010 (pico de la financiación) a los 25,2 que prevé gastar en 2016. Un recorte de un cuarto, según los datos ajustados a inflación, y eso que para el año que viene, los Presupuestos Generales prevén un incremento.
La cifra asignada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumenta un 6,32% con respecto a 2015. Los repuntes en esta partida todavía quedan lejos de paliar la caída que han sufrido desde su techo presupuestario. Según los expertos y las organizaciones feministas, no es suficiente para hacer frente a la violencia de género ni para solventar los recortes acumulados. En los últimos 12 años, 792 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas.
Según datos oficiales, 26 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Y aún se investigan otros ocho casos sospechosos de ser violencia machista. No es posible desligar estos ataques de la situación de desigualdad que sufren las mujeres, que se convierte en el caldo de cultivo específico. A pesar de ello, los recursos destinados al programa de igualdad de oportunidades han disminuido desde 2006, año de su máxima financiación, un 61% al pasar de 50 millones de euros a los 19 presupuestados para el próximo ejercicio. Analizando la serie desde 2010, la caída alcanza el 46%.
Desde entonces, los recortes se han cebado con este programa. El leve incremento de fondos de los programas de prevención no le ha llegado: el Ejecutivo lo ha recortado otro 5% para 2016. El tijeretazo de los últimos años choca de frente con las declaraciones del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el pasado jueves quiso manifestar “la fuerte posición de nuestro Gobierno contra la violencia de género” y anunció que comparecería en el Congreso “a mediados de septiembre” para evaluar los más de 10 años de aplicación de la ley integral contra la violencia de género.
Evolución del presupuesto para prevenir la violencia de género (2010-2016)
El PSOE ha insistido en las últimas semanas en que el presupuesto no puede “enmendar el daño” hecho en los últimos años a estos programas ni “esconder el recorte sistemático”. Además, ha pedido un pacto de Estado contra la violencia de género para dejar de lado el “uso político de este problema”. Pero no solo los populares han reducido los recursos, pues los recortes tanto en prevención de la violencia machista como en igualdad de oportunidades se remontan a antes de la entrada del PP al Gobierno.
Menos puntos de atención
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que gestiona el primer programa, empleará seis millones de euros (en 2015 eran cinco y 6,5 en 2010) para convenios con comunidades autónomas con el objetivo de financiar los servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima. Algo gestionado en buena parte a través de los puntos de atención municipales.
La cantidad es “insuficiente para financiar estos servicios”, en palabras de Charo Marcos, integrante de feminicidio.net y de la Plataforma Impacto de Género Ya!, que evalúa los Presupuestos Generales del Estado desde una perspectiva de género. Y es que la reforma de la Ley de Régimen Local establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado.
Esto ha provocado “el cierre de algunos puntos de encuentro y menos profesionales asignados a esos centros”, sostiene Marcos. Desde la plataforma insisten en que “la reforma de la ley debería ser compensada con un incremento de las transferencias a las comunidades, pero el presupuesto solo ha aumentado en un millón de euros”. Para financiar estos servicios las organizaciones incluidas en la plataforma demandan aumentar de seis a 60 millones esta dotación.
“Si no hay recursos en los Presupuestos Generales del Estado, estos servicios municipales pueden desaparecer”, analiza Noelia Landete, de la Fundación para la Convivencia ASPACIA. Además, “ahora las licitaciones públicas para prestar un servicio se hacen en base a criterios económicos, así que están otorgándoselo a empresas o asociaciones que no tienen experiencia en violencia de género, pero hacen la oferta más barata”, explica.
Una década de caída del presupuesto para la igualdad de género
El Gobierno desoye a la ONU
Critican también que no exista una partida específica para educación, a pesar de que la ley integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”. Algo que también establece el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, ratificado por España en 2014. Sin embargo “no se han puesto medios en términos económicos para que el conocido como Convenio de Estambul se desarrolle”.
Sobre los puntos de encuentro familiares, imprescindibles para que la vida de los hijos e hijas no se ponga en riesgo en caso de que un juez dicte que un padre maltratador tiene derecho a seguir viéndoles, la plataforma sostiene que parte de las subvenciones que los presupuestos prevén para ello “se dan a entidades que no representan a las familias en su diversidad”. De hecho, los presupuestos dan más dinero a asociaciones antiaborto que de mediación familiar.
Los recortes, que han dejado mermado el presupuesto para igualdad de oportunidades a menos de la mitad de lo que tenía en 2006, son contrarios a las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés). El pasado julio ya avisó a España de que “las medidas de austeridad introducidas en respuesta a la crisis económica han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres” y recomendó a nuestro país incrementar los recursos gestionados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, organismo que ejecuta este programa específico.
La ONU critica que en 2014 el Gobierno decidiera incrementar las competencias del anterior Instituto de la Mujer e incorporar las relacionadas con la discriminación de otros colectivos (como minorías étnicas o desfavorecidas). “Obviamente es positivo luchar contra la discriminación, pero unir las competencias provoca que se pierda el foco y se quita la atención exclusiva que requiere el tema”, afirma Charo Marcos. En su opinión, los recortes de los últimos años en materia de igualdad de oportunidades han generado “que se estén cerrando muchas asociaciones pequeñas que tenían alguna subvención pública”. En comparación con 2015, el presupuesto para el próximo ejercicio ha disminuido las partidas para transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro y para programas de formación y fomento del empleo que realizan los Ayuntamientos.
