Las personas con dependencia y sus familias ya pagan más que el Gobierno por las ayudas y prestaciones que reciben. Es una de las conclusiones más llamativas del XIV Dictamen de la Dependencia, que ha presentado este mediodía la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Según el informe, que analiza los datos oficiales ofrecidos por el Imserso, el copago ya supone un 19% del coste total del sistema, frente al 18% que aporta el Estado y el 63% restante de las autonomías.
El sistema de financiación de la Ley de Dependencia estableció desde un principio que el usuario también aportaría una parte al sistema. Pero en teoría, autonomías y Gobierno aportarían lo mismo. La cuantía que aportan las familias, el copago, fue incrementado en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en julio de 2012, a los pocos meses de empezar a gobernar. Esto supuso que se empezara a copagar con rentas de poco más de 500 euros o que contabilizara la primera vivienda.
La “perversidad” del copago
Las Plataformas de la Dependencia recalcan como “el aumento del copago para el dependiente que recibe un servicio por su situación de dependencia significa, en muchos casos, tener que renunciar a dicho servicio por los que les supone económicamente ese copago”.
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez, denuncia “la situación perversa” que produce el copago. Según asegura, “la retórica con la que los Gobiernos del Partido Popular denominan este copago significa simplemente traspasar la carga económica del cuidado de este colectivo de la administración a la familia”. La Plataforma considera que no solo dejan de aportar una cantidad económica como establece la ley sino que pasa a recibir esa cantidad del propio dependiente. “Es impresentable”, se muestra tajante José Luis Gómez, padre de dos niños grandes dependientes.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que reforme la ley. Pretenden “establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social”.
La justificación estatal
Desde 2011, la financiación estatal ha disminuido en un 23%, de 1.567 millones a 1.206 millones de euros. Por su parte, las Comunidades Autónomas sí aportaron al menos lo mismo que el Estado, recalca la Asociación. La realidad es que si solo tenemos en cuenta lo que aportan Gobierno central y autonomías a la dependencia, las comunidades ponen el 80% de la financiación pública. El informe reconoce, no obstante, diferencias notables entre autonomías.
La Asociación de Directoras y Gerentes defiende la validez de sus cálculos, aunque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad niegue las cifras. Según se explica en el Dictamen, “los responsables ministeriales se empeñan en añadir a la financiación finalista regulada en la LAPAD otra financiación supuestamente destinada a esta política. Algo que es falaz a todas luces, pero que supondría la ficción contable de que la AGE aporta el 50% de los costes del sistema”. Explicado de otra manera, según la Asociación de Directores y Gerentes, el Estado computa como financiación de la Ley de Dependencia parte de los fondos adicionales que se transfieren mediante la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Más de 100.000 muertes esperando la ayuda
El Dictamen también desengrana a qué se debe el descenso en la lista de espera que se apunta el Gobierno como un tanto. Los datos muestran que el llamado limbo de la dependencia, las personas a la espera de una ayuda que les ha sido reconocida, ha pasado de 306.000 personas en diciembre de 2011 a 168.000, según el último dato. “Lo obvio es que con un funcionamiento normal del sistema, la reducción de la distancia entre ambas líneas debería ser consecuencia de un mayor número de personas atendidas. Lejos de ello, sucede lo contrario. Es la disminución de personas con derecho a atención la que facilita la reducción de las listas de espera”, explica el dictamen.
Esta reducción se debe, en gran medida, a que las personas mueren antes de recibir la ayuda. La Asociación de Directoras y Gerentes, que lleva años haciendo hincapié en este hecho, calcula que desde diciembre de 2011 hasta la fecha habrían muerto 101.070 personas. Se trata de la cifra resultante del total acumulado de personas en lista de espera de cada uno de estos dos años (575.973) a las que se les han restado las 274.769 que ya han sido atendidas, las 170.296 que siguen esperando y los 29.838 dependientes moderados a los que se les retiró el derecho.
El Dictamen analiza y compara en el tiempo y entre autonomías los datos que mensualmente hace públicos el Imserso. Así, desgrana cómo ha bajado el número de personas atendidas, cómo está bajando el número de ayudas económicas o establece un ranking entre comunidades autónomas.
La Asociación de Directoras y Gerentes destaca que se ha realizado el balance de 2014 con los últimos datos que ha hecho públicos el Imserso, del 30 de noviembre de 2014. “No obstante, lo importante son las tendencias y no creemos que en solo un mes existan grandes variaciones”, explica la asociación, que solo explica el retraso en la publicación de los datos de diciembre por “una práctica de cocina de los datos”, con lo cual tampoco les resultarían estadísticas verídicas.