Madrid reproduce su modelo privatizador sanitario en los servicios sociales
Madrid ha comenzado una nueva fase en la privatización de servicios públicos y planifica el desmantelamiento de parte de su gestión en los servicios sociales. El gerente encargado del área, Américo Puente, ya ha confirmado en sede parlamentaria este plan. El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) pretende deshacerse de los servicios de cocina, lavandería y limpieza de sus centros sociales (residencias y atención a discapacidad) para ahorrarse el gasto asociado a esta atención. “El 77% corresponde al personal”, ha calculado Puente, y es en buena parte lo que quiere trasladar a manos privadas. No se trata de la asignación de nuevos centros a contratas, sino la cesión de los ya existentes a empresas.
Como ya ocurriera en la sanidad, se acometerán primeramente las privatizaciones de las cocinas y lavanderías. El Ejecutivo del PP en Madrid esgrime que gestionar estos servicios es “económicamente” más gravoso “en el sector público que en el sector privado”. Unas 3.000 personas entre fijos y temporales desarrollan estas labores, un 40% de los 7.400 trabajadores que sostienen la red dirigida enteramente desde las instancias públicas.
La plantilla asistencial en asuntos sociales en la comunidad autónoma viene menguando desde hace años vía eliminación de plazas según se producen bajas y jubilaciones. Pero, además, el plan para deshacerse parcialmente de servicios ha venido preparándose hasta la confirmación oficial realizada por el gerente. Por ejemplo, unas mil plazas de trabajadores de cocina han sido ya eliminadas antes de sacar a concurso privado estas labores. En diciembre de 2012 se realizó un trasvase de 600 de sus trabajadores que se reconvirtieron en conserjes -auxiliar de control en lenguaje administrativo-, despoblando el servicio de cara al desembarco de las futuras contratistas.
Los servicios sociales de Madrid ya tienen una alta participación de las empresas privadas al dar entrada el Gobierno a fórmulas mixtas de dirección y multiplicar los conciertos con entidades privadas. La gestión directa de residencias de personas mayores ha perdido terreno y apenas supera la veintena de centros. Mientras, las de gestión indirecta también rozan esa cantidad (titularidad pública pero dirección privatizada). Las residencias concertadas con entidades se van a las 125 (parte de sus plazas son las que se sostienen con fondos públicos). Por su parte, los centros de atención a discapacitados que verán su personal parcialmente privatizado son la docena que depende del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid.
El pasado marzo se produjo una serie de encierros en residencias y centros asistenciales promovidos por los sindicatos del área CSIT, UGT y CC OO. Las movilizaciones se repiten con este nuevo paso por parte de la administración. El 9 de abril los sindicatos pidieron una reunión con la consejería de Asuntos Sociales al tiempo que preveían nuevos encierros de trabajadores.
