Algo se mueve en la universidad. Frente al silencio institucional ante los reiterados plagios de Fernando Suárez, rector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid, profesores, catedráticos, juntas de personal, la Facultad de Letras de la Universidad de Alicante (que aloja a uno de los plagiados), el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, la Asociación de Constitucionalistas Españoles (también tiene miembros plagiados) y algún cargo político –como Ignacio Urquizu, diputado del PSOE– comienzan a levantar la voz contra lo que consideran “una práctica reiterada, burda, ofensiva para el colectivo de investigadores e incluso de alumnos” y que por su “dimensión carece de precedentes en el mundo académico”. También cinco profesores plagiados por el rector han hecho un comunicado en el que piden su dimisión.
Estos docentes, catedráticos e investigadores piden a sus rectores que no callen, que presionen a Suárez o la Conferencia de Rectores (CRUE), que al menos sean conscientes de la situación. Algunos, como en la Universidad de Alicante o la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), lo van a llevar al Consejo de Gobierno para forzar a los rectores a pronunciarse. También lamentan el daño que está sufriendo el colectivo universitario y tumban en sus misivas la defensa del rector de la URJC, quien, recuerdan, ni siquiera negó las acusaciones de copia sino que argumentó que aquello no era plagiar. Algunos catedráticos han expresado también en artículos de opinión en eldiario.es su descontento.
“No sé a quién se destinan esos argumentos (...) pero quien está iniciado en la vida académica sabe bien qué es citar y qué es copiar”, escribe Francisco Velasco Caballero, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Madrid. “Hasta tanto no se resuelva dicha investigación solicitamos también que el profesor Suárez sea cautelarmente suspendido en sus actuales funciones como rector”, afirma Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho de la UAM, en una carta abierta rubricada por varios compañeros y que han hecho suya las secciones de CCOO y UGT en la universidad. Otros piden directamente que dimita.
Todo esto, con independencia de que algunos de los autores plagiados han anunciado que denunciarán a Suárez. Precedentes hay. Un catedrático de la Universidad de Murcia fue condenado a pagar 5.000 euros a modo de indemnización a la que fuera su alumna de doctorado por copiarle la tesis, según publicó ABC.
Las instituciones y colegas callan, los trabajadores y afectados hablan. El run run de indignación entre los docentes de las universidades ante la actuación de Suárez (ocho plagios documentados, páginas y páginas enteras) crece. “Llevo 35 años en la universidad, las he visto de todos los colores, hasta me han plagiado. Pero de otra envergadura”, explica un catedrático de la Universidad de Alicante. “La sorpresa no es que haya plagio, es la dimensión”. Como él piensan muchos.
Los alumnos también se han movilizado. Recientemente se ha creado una plataforma de estudiantes en el campus de Fuenlabrada para decir basta al silencio del rector y para criticar el plagio. La asociación Rise up abrió desde el inicio del caso una petición de dimisión del rector que ha recaudado 2.500 firmas.
Enfrente, mutismo oficial. La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españoles) no dice nada. Suárez es uno de ellos, vocal concretamente. Su hermana madrileña, la CRUMA, calla también. Misma situación. Qué piensa la Comunidad de Madrid, que financia la institución con más de 120 millones, no se sabe. Sí se sabe que Cifuentes califica de “canallada” que se publique que el rector le hizo a su hermana un contrato ilegal en ese mismo centro.
La Asamblea de Madrid optó por no pedir explicaciones a Suárez gracias al voto unido de PP, PSOE Y Ciudadanos. “La autonomía universitaria”, alegaron. El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, no se había enterado del tema una semana después. Lo haría, prometió. Dos semanas largas más tarde señaló que no es su competencia y apuntó a la Comunidad de Madrid. Los sindicatos del centro no consideran que haya suficientes pruebas y piden “esperar acontecimientos” antes de pedir cuentas. La Real Academia de la Historia o la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, supuestas afectadas, también callan.
El mismo ruido que nueces
Aunque el tema no está en los juzgados y la comisión de investigación abierta por la URJC no ha dado un veredicto, al contrastar los artículos se ve claramente el calco. “He podido leer algunos (...) y comprobarlos detenidamente”, escribe un profesor a su rector. “Lo menos que se puede decir de ellos es que manifiestan una grosería intelectual y una falta profesional de los principios universitarios más elementales, que no sólo deshonran a quien los ha cometido, sino que de alguna forma manchan el prestigio de una disciplina con una larga tradición y (...) a toda la Universidad española”, sostiene. La mayoría de los que levantan la voz son compañeros de disciplina de Suárez.
Comprobado el plagio, otros docentes entran a ridiculizar los argumentos dados por el rector para defender su actuación en la única explicación que ha dado que se conozca. En un consejo de gobierno de la URJC, Suárez habló de “disfunciones” porque es “humano” y negó el plagio porque este se da cuando hay “rendimiento económico” que se obtiene de la “originalidad de las ideas”. Para el rector, la polémica sobre su copia pega se centra en “los usos y costumbres en el modo de hacer referencia a los autores”. Ambas justificaciones son falsas según la ley de Propiedad Intelectual.
“El plagio —la reproducción total o parcial de una obra ajena vulnerando los derechos morales recogidos en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual— no exige que el plagiador obtenga un beneficio económico de resultas de su ilícita conducta”, rebate De Lora. “No parece, por otro lado, que la forma en que esos presuntos plagios se han producido permitan catalogarlos como disfunciones (signifique esto lo que signifique)”, añade.
En Valencia el caso sí ha saltado a la arena política. La directora general de Universidades de la Generalitat, Josefina Bueno, afirmó la semana pasada que “debería haber una responsabilidad a nivel institucional” y cita a “la propia universidad y, en todo caso, el gobierno autónomo” como los entes a los que señalar.
En otro país europeo la copia habría tenido consecuencias casi inmediatas, como ha pasado con políticos como el delfín de Merkel, en forma de dimisión o cese. En la gestión del plagio España es diferente.