Profesores universitarios reaccionan ante el caso Cifuentes y llaman a actuar contra una “corrupción académica” generalizada
“Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta”. Con estas palabras, una treintena de catedráticos y profesores universitarios españoles denuncian la situación que vive la universidad de la que, según explican, el escándalo del máster de Cristina Cifuentes es solo un ejemplo que les ha servido para unirse contra las corruptelas que se siguen produciendo en las instituciones educativas españolas.
A través de un manifiesto, estos miembros de la comunidad académica aseguran estar asistiendo a un “escándalo sin precedentes” ante el caso de la presidenta madrileña desvelado por eldiario.es. Y consideran que “el futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo”. Los firmantes del texto, entre los que hay docentes de las principales universidades públicas españolas, consideran que “el comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad”. Porque “el mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es, en definitiva, una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento”, sostienen.
Realizando un repaso a la situación que vive la universidad española, los firmantes advierten de que al igual que otros sectores, “la I+D española ha tratado de soportar la crisis como ha podido”. Pero aseguran que, en este caso, “detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un muy desigual reparto de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada”. Denuncian, así, que mientras las autoridades universitarias y científicas “han centrado sus quejas en la falta de financiación, en buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la excelencia”.
Las plantillas universitarias y científicas españolas, añaden, siguen teniendo “los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y profesores bochornosamente mal remunerados con la aquiescencia de los rectorados y departamentos”. Asimismo, denuncian el papel de los sindicatos, que “tampoco han denunciado convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado”.
Celebran que, al estallar el 'caso Cifuentes', han sido los estudiantes, “minorizados en la representación, marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la Universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto”. Pero, a su juicio, el problema es el resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de todas las demás del estado “¿Qué tiene que suceder para que los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que dedican su actividad profesional?”, se preguntan.
A su juicio, dejar el análisis de la situación de la universidad en “unas cuantas manzanas podridas excepcionales es de un eufemismo miope”. Así, consideran que “las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico” porque “no son una excepción sino prácticas corrientes”. Lo que sucede, apuntan “es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación”.
Por todo ello reivindican “romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico”. No tienen duda en culpar de la situación actual al PP, bajo cuyo mandato en el Gobierno “se han traspasado algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi, y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la administración y figuras políticas y de la empresa privada”. Advierten, sin embargo, de que el formato “es muy anterior”.
“Es ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización. Es también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación pasando por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a subrepticios intereses privados”, argumentan. La universidad, explican, se está convirtiendo “en el trampolín para todas las puertas giratorias futuras de los corruptos”.
Como primera medida para hacer frente a ese sistema exigen la dimisión de Cifuentes “sin tener que esperar a ninguna investigación”, dado que aunque “el esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso”, como ciudadanos requieren “responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado en la gestión de este escándalo”.
Exigen, asimismo, “empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por muchos en la universidad”.
“Hartos” de la impunidad, convocan a todos los profesores e investigadores a expresar su “repulsa por la situación de la I+D, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la gestión del capital humano” en las universidades. Pretenden, así, que su manifiesto, inicie un “ciclo de reflexión crítica y movilización que incluya en primer término los problemas de funcionamiento interno del mundo académico en todo el Estado”. “Necesitamos abrir una nueva etapa”, concluyen.
Entre los firmantes están figuras vinculadas a Podemos como Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid o Germán Cano, profesor Titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Además, lo suscriben Ángel Gordo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Pablo Sánchez, investigador de la Universidad del País Vasco; Marisa González de Oleaga, profesora de Historia Política de la UNED, o la socióloga Mariana Ruiz de Lobera.
