Prohibido en casa, pero comprable fuera: España duplica las importaciones de gas de 'fracking' de EEUU

Contradicciones de la geopolítica. En 2022 España tuvo que cambiar de vendedor de gas natural. Mientras cayeron un 40% las compras a Argelia, se disparaban las importaciones a Estados Unidos. Tanto como para duplicar en un año el volumen de gas licuado que llegó desde Norteamérica. Y con los buques metaneros, llega a España un hidrocarburo sacado a base de fracking. La técnica de ruptura hidráulica prohibida por la Ley de Cambio Climático española.

La cuestión es que los problemas con el gasoducto que sirve para suministrar a España desde Argelia hicieron que las importaciones desde el país africano bajaran de un volumen equivalente a 177.900 Gw/h a 105.400 Gw/h. Un 40% menos, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolífero (CORES).

Argelia cerró la tubería que discurre parcialmente por Marruecos en octubre de 2021 como medida de presión por las tensiones entre ambos estados magrebíes. Ante esta circunstancia, España dobló el abastecimiento de gas a base de barcos. Una buena parte iba a llegar desde EEUU.

Así que, durante ese mismo año, las adquisiciones a Estados Unidos pasaron de 60.000 a 128.900 Gw/h. Un 115% más. Eso supone unos 12.100 millones de metros cúbicos, según los cálculos de equivalencia de la organización Food and Water Action. El 32% de consumo en España, aclaran.

Este movimiento ha supuesto pasar a introducir en España –y desde aquí, en su caso, a Europa– una mayor cantidad de gas natural extraído mediante fracking ya que hasta el 87% de la producción norteamericana proviene de esa técnica, según la Administración Americana de Información de la Energía.

La batalla legal por inyectar agua en las rocas

La paradoja se cierra al estar el fracking prohibido en España por la ley de Cambio Climático en vigor desde mayo de 2021: “No se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar en el territorio nacional (…) cualquier actividad para la explotación de hidrocarburos en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen”, dice el texto.

El fracking consiste en inyectar agua con productos químicos a gran presión en el subsuelo para provocar o agrandar las fracturas del sustrato rocoso de los yacimientos y facilitar la salida del hidrocarburo.

La fórmula protagonizó una batalla jurídica en España. Mientras algunas comunidades autónomas como Catalunya, Euskadi, Navarra, La Rioja o Castilla-La Mancha trataron de impedir legalmente que se pudiera realizar en sus territorios, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy (PP) salió al corte para anular esas decisiones.

El Estado es el competente en materia de hidrocarburos y el Tribunal Constitucional avaló su postura.

Food and Water Action estima que España se ha convertido en el segundo importador en la Unión Europea de gas natural licuado de Estados Unidos. “Recibió 136 buques entre enero y diciembre de 2022”. Y su análisis –realizado para la red Gas no es la Solución– añade que la mayoría llegó desde “la terminal de Sabine Pass, (estado de Luisiana), seguida por la terminal de Corpus Christi en Texas. Ambas son propiedad de Cheniere, la mayor empresa estadounidense de GNL obtenido mediante fracking”.

La fractura hidráulica causó toda aquella polémica y tensión entre gobiernos autonómicos y el Ministerio de Industria por sus impactos ambientales (y sociales). Los residuos del líquido aplicado suponen una amenaza de contaminación del agua además de las fugas de metano asociadas a esos pozos. El metano es un potente gas de efecto invernadero causante del calentamiento global.

“A pesar del reconocimiento del Gobierno español de los importantes impactos ambientales y sociales de la explotación de gas a través de la fracturación hidráulica, no se han implementado medidas para evitar estos impactos fuera de nuestras fronteras”, subraya la red que pide que la ley incluya la prohibición de importaciones de este producto al tiempo que una “reducción permanente y ambiciosa del consumo de gas fósil diseñada para la protección de las personas en situación de pobreza energética y garantizar que nadie se quede atrás en el cambio a las energías limpias”.