Parar la privatización del servicio de donación de sangre es la siguiente batalla de la marea blanca. En diciembre, los trabajadores del Centro de Transfusión de Sangre de Madrid denunciaron que la Comunidad había firmado un convenio con la Cruz Roja para el transpaso a esta entidad de la captación de donaciones en la vía pública.
Y también a pie de calle, algunas decenas de personas han mostrado en la Puerta de Sol de Madrid su oposición a esta nueva maniobra de privatización, que también va a afectar a los servicios de limpieza y lavandería de los hospitales madrileños. Varios colectivos se han concentrado en torno al autobús para donar sangre instalado en el kilómetro cero y repleto de pancartas.
Desde el 3 de febrero, la plantilla del Centro de Transfusión está encerrada en 'asamblea permanente' para reclamar a la Consejería de Sanidad que paralice el convenio que, según explican, pone en peligro 130 puestos de trabajo en el sector público y transfiere al privado el servicio de donación de sangre de toda la Comunidad de Madrid. De acuerdo con dicho convenio, el Gobierno de Ignacio González cedería la equipación a la Cruz Roja y pagaría 67 euros por bolsa de sangre recogida.
El Ejecutivo regional, por su parte, defiende la medida y asegura que los nueve millones que, como afirman empleados, abonará la Comunidad de Madrid al año a la ONG, es el coste medio de las extracciones. El nuevo convenio tampoco provocará, según aseguró el ya ex consejero Fernández-Lasquetty, ninguna reducción de plantilla.