“Es un tema delicado, complejo y muy sensible”. Con esas palabras intentaba sortear el pasado lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la disputa que ha surgido en el seno de la coalición por el borrador de la Ley Trans que ha elaborado el Ministerio de Igualdad y del que los socialistas se desmarcaron rápidamente. La propuesta del departamento de Irene Montero recoge la libre autodeterminación de género, que implica que las personas transexuales puedan cambiar su sexo en el Registro Civil sin más requisito que una “declaración expresa” de su voluntad. El PSOE, que ha cambiado de posición en este asunto tras defenderlo hasta 2019, está de acuerdo en no exigir informes médicos o psicológicos para ese cambio registral, pero apuesta por incluir algún tipo de “certificación” en el proceso. Esa alternativa es la que está buscando la vicepresidenta primera y responsable de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, que pretende alcanzar un nuevo consenso con los colectivos y Unidas Podemos. Pero mientras los socialistas definen esa nueva posición, la negociación sobre el anteproyecto se ha detenido.
Calvo dejó claro la semana pasada su rechazo a que el cambio se pueda producir “sin más que la mera voluntad o el deseo” de la persona, tal y como recoge el borrador de Igualdad en consonancia con una iniciativa impulsada por el PSOE en 2017. Fuentes oficiales del departamento de Calvo aseguran que “para cambiar el sexo en el registro no va a exigirse ningún informe médico o psicológico”, pero apuestan por que esa “manifestación de voluntad quede reflejada con seguridad jurídica, como en cualquier otro proceso de orden administrativo”. “Tiene que haber de alguna manera una certificación, ni médica ni psicológica”, apuntan esas fuentes.
“Lo que hay que establecer es cómo se va a plasmar o qué forma jurídica concreta va a tener para que esto se lleve a cabo con todas las garantías”, agregan desde la vicepresidencia primera, donde aseguran que sobre la mesa hay “varias posibilidades” y que se está analizando la legislación de otros países europeos. Entre las normas que están estudiando están la de Portugal, que establece que el cambio de sexo solo se puede llevar a cabo una vez en la vida y que si hay arrepentimiento envía a la vía judicial, además de que obliga a modificar el DNI en un plazo de 30 días. También la danesa, que establece un periodo de “reflexión” de seis meses. Estos son dos de los seis países de la Unión Europea que reconocen la libre autodeterminación, pero incorporan elementos en el proceso que no contempla el borrador de Igualdad. “Va a ser sensato, no es ninguna ocurrencia”, agregan las fuentes consultadas, que aseguran que a los colectivos a los que les han planteado esta cuestión “no les parece mal”. Con las asociaciones tienen una nueva reunión este viernes.
En Unidas Podemos reconocen que ante lo que consideran “bloqueo” del PSOE es complicado que las leyes lleguen al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, tal y como había comunicado la ministra de Igualdad a la vicepresidenta primera en la reunión en la que a principios de mes le trasladó formalmente los borradores de los dos textos cuya tramitación arranca ahora: la Ley Trans y la Ley LGTBI.
“Se está haciendo oposición al Gobierno y se debe corregir”, aseguró este martes el portavoz adjunto del grupo confederal, Enrique Santiago, en una rueda de prensa. A su lado, el presidente del grupo y miembro de la 'ejecutiva' de Podemos, Jaume Asens, acusó directamente a los socialistas de buscar el “bloqueo” y de presentar por su cuenta la propuesta para la ley de igualdad de trato, al margen del Ministerio que dirige Irene Montero, competente en la materia. “Nos sorprende y preocupa la fórmula unilateral del PSOE, que entendemos que no respeta el acuerdo de Gobierno”, remató.
Igualdad defiende la seguridad jurídica de la ley
Los socialistas insisten en la necesidad de dar solvencia jurídica al nuevo marco normativo para las personas trans ante el temor de que la derecha recurra ante el Tribunal Constitucional, y precisamente apelan a una sentencia de dicho organismo jurisdiccional que señaló la necesidad de que la transexualidad esté acreditada para acometer el cambio registral del sexo. “Queremos dar la cobertura necesaria a las personas trans no solo desde el punto de vista registral”, apuntan fuentes socialistas, que aseguran que la voluntad es avanzar hacia la autodeterminación de género en línea con las recomendaciones de la UE.
Desde el Ministerio de Igualdad defienden el trabajo que, recuerdan, vienen desarrollando desde hace más de un año. E insisten en que el documento base sobre el que se ha trabajado es la ponencia que aprobó el Congreso con el apoyo de casi todos los partidos en 2019. Además, aseguran, “es una ley declarativa y con poca repercusión en otras normas”, lo que hace que técnicamente no sea muy compleja. “Y es de competencia estatal, es una ley sencilla”, zanjan las mismas fuentes.
Con todo, en el departamento que dirige Irene Montero es consciente de su posición minoritaria dentro del Ejecutivo y reiteran su voluntad de llegar a acuerdos con el PSOE. Eso sí, insisten en que deben tener como base “los consensos del 2019”, en referencia a la ley que se tramitó en el Congreso por iniciativa socialista y que recogía expresamente la libre determinación del género sin más requisito que la declaración de la persona interesada.
Además señalan que la ley está iniciando su tramitación. El anteproyecto tiene que ir al Consejo de Ministros, luego a los órganos consultivos, volver al Gobierno y, una vez aprobada por el Ejecutivo, pasar al Poder Legislativo: Congreso y Senado. Con la mayoría que tiene la coalición, difícilmente se puede pretender que la norma salga de todo este proceso sin cambios.
Los socialistas consideran que eliminando los actuales requisitos que se requieren para el cambio legal del sexo –dos años de hormonación e informes psicológicos que acrediten la “disforia” de género– se despatologiza a las personas trans, que es el objetivo último de la ley. Sin embargo, hacen suyos los temores de una parte del socialismo, que considera que la autodeterminación de género puede afectar a los derechos de la mujer. “No atajar el tema en sus justos términos puede abrir la puerta a otros debates que pueden afectar a la igualdad con las mujeres y a algunos temas con los que estamos en contra como partido, como los vientres de alquiler, o cualquier otro tema que se pueda suscitar a partir de no encajar con rigor este proyecto”, afirmó Ábalos este lunes tras la reunión de la dirección del PSOE en la que Calvo abordó el asunto e hizo una explicación sobre “el cuerpo jurídico” de la Ley Trans, según explican fuentes socialistas.
“Queremos hacer un reconocimiento de la dignidad de las personas, del trato que merecen, avanzar con derechos para todos sin negar las políticas de igualdad, sin afectar a otros colectivos a los que les queda mucho por lograr la plena igualdad”, agregó Ábalos antes de rematar: “Creo que es importante no entrar en confrontación en esta cuestión y que en el ámbito de la igualdad y, en este caso, de las mujeres, todo termine integrándose. Parece que la batalla por la igualdad siempre se haga a costa de las mujeres y tiene que ser absolutamente transversal”.