El Gobierno quiere prohibir que se pague por hacer las prácticas obligatorias de la Formación Profesional (FP) en empresas u organismos. PSOE y Sumar han pactado introducir una enmienda en la ley de enseñanzas artísticas, que se tramita estos días en el Congreso, para poner coto a una situación que se ha dado este curso en la Comunidad de Madrid, donde estudiantes de FP y sindicatos han denunciado que los centros privados de FP han pagado 500 euros por cada puesto de prácticas –esto es, lo pagaban los estudiantes de manera indirecta a través de las matrículas anuales, valoradas en unos 5.000 euros por curso– de los ciclos sanitarios, principalmente.
Esta situación ha derivado en que no hay plazas para todo el alumnado de los centros públicos, de manera que muchos de ellos (los propios estudiantes calculaban que unos 800) tendrán que esperar a septiembre, con la pérdida de tiempo en graduarse que ello implica.
En virtud de este acuerdo se añade un apartado al artículo 55 de la ley de FP –que entró en vigor en marzo de 2022–, que recoge que los centros de formación profesional, públicos o privados, establecerán los acuerdos con las empresas u organismos equiparados que aseguren “el acceso efectivo” de todo el alumnado a la realización de la formación, informa Efe.
“No se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”, añade el texto.