La publicación de los bienes inmatriculados de la Iglesia aboca a pleitos judiciales a administraciones y particulares

El Gobierno ha enviado al Congreso el listado con los 34.961 inmuebles que la Iglesia puso a su nombre entre 1998 y 2015 a partir de la ley hipotecaria de José María Aznar, que le permitía certificar la propiedad de viviendas, solares e incluso aparcamientos o viñas con una simple certificación eclesiástica. Es el primer paso para poner negro sobre blanco qué bienes tiene a su nombre y, a partir de ahí, analizar si le corresponden. “Se podrá consultar a partir de ahora el origen de estas inmatriculaciones, lo que podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflicto sobre su titularidad”, apuntan fuentes gubernamentales. Sin embargo, los colectivos que llevan años reclamando la recuperación de algunas de esas propiedades ven en lo aprobado este martes una medida insuficiente. Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal muestra tranquilidad ante los posibles recursos de administraciones o particulares. 

Pocos minutos después de que Carmen Calvo anunciara, en rueda de prensa, que los obispos habían inmatriculado 34.961 bienes entre 1998 y 2015 “al amparo de una situación legal”, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dejaba clara su satisfacción ante la publicación del listado.

“La Iglesia no quiere nada que no sea suyo”, insistió el secretario general de los obispos, quien aseguró que están “dispuestos a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad lo piden”. Eso sí: sólo “si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada” con un papel que revirtiese el que los obispos se dieron a sí mismos, en calidad de notarios, gracias a la 'ley Aznar'. Y, siempre “en cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado”. No la Iglesia como tal, sino en cada caso. 

Para Argüello, los bienes de la Iglesia “están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana: en la liturgia, en la catequesis y en la caridad”, y que muchos de ellos tienen también “un extraordinario valor histórico, artístico y cultural” de los que, mediante visitas y actividades, disfruta la sociedad.

Por ello, el obispo auxiliar de Valladolid hizo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas “para que el mantenimiento de estos bienes y para que su uso, el propio de la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose”. 

“No aportan ninguna solución legislativa”

Una sensación muy distinta a la de los obispos viene de las asociaciones ciudadanas que, desde hace décadas, vienen luchando por la recuperación, “para el pueblo”, de bienes que “no son de la Iglesia, sino de cada uno de los ciudadanos”. “El Gobierno nos ha dejado fuera”, con la decisión de permitir personarse en posibles procesos, “únicamente a personas físicas y jurídicas que puedan ostentar un papel de propiedad”, se queja Jorge García, coordinador de Recuperando, en conversación con elDiario.es. “Nos dejan fuera, no tendríamos ni voz ni voto”, lamenta.

“No aportan ninguna solución legislativa, todo queda al albur interpretativo de los tribunales”, sostiene Jorge García, quien ve “una contradicción absoluta” la publicación de un listado, y el anuncio de la legalidad de la actuación de los obispos.

Fuentes de la vicepresidencia primera recuerdan que el Gobierno ha cumplido con una exigencia del Congreso, que en 2017 aprobó a propuesta del PSOE una proposición de ley que instaba al Gobierno a publicar el listado de inmatriculaciones. “El compromiso era hacerlo público, que estuvieran los datos claros”, argumentan esas fuentes. El Gobierno no tiene previsto revertir la ley que permitió las inmatriculaciones.

“Tenemos la clarísima sensación de que ha habido una negociación previa y secreta entre la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Vaticano. No es normal que salgan a valorar al alimón el listado y que nosotros no tengamos acceso a él”, critica el coordinador de Recuperando, quien ve “más que posible que se hayan filtrado algunas propiedades que serían escandalosas”, al tiempo que recuerda que “se dejan fuera la mayor parte de los bienes no religiosos, inmatriculados desde 1946 con la Ley Hipotecaria de Franco”.

Con todo, desde las asociaciones civiles plantean dos escenarios en los que sí sería posible recurrir la propiedad de miles de bienes. En primer lugar, los cementerios religiosos (más de dos mil, según los apuntes), que podrían ser reivindicados como propios por cada consistorio. “Son cementerios civiles, no tienen uso religioso, sino mortuorio”, recuerdan desde Recuperando.

El informe que acompaña al listado recoge el proceloso mecanismo para que las administraciones reclamen la propiedad de aquellos bienes que consideran que les corresponden. En primer lugar se pondría en marcha un procedimiento administrativo de investigación a través del director general del Patrimonio del Estado que se puede iniciar “de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares”. Tras las correspondientes alegaciones de las partes afectadas y el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, el instructor determinará si se considera “suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien”. Si la conclusión es que el Estado es propietario, existiría una “controversia” con la Iglesia por lo que se requeriría una “declaración judicial”. 

En esos casos se encuentran, por ejemplo, todos los bienes considerados de Interés Cultural o Patrimonio de la Humanidad (como las catedrales, la mezquita de Córdoba o santuarios), que podrían ser considerados como bienes públicos, pues así están reconocidos por organismos nacionales e internacionales como la UNESCO. 

“Hay una primera vía administrativa para que la Administración General abra la investigación correspondiente cuando se duda del resultado final de esta inmatriculación y está la vía de los tribunales, como corresponde a cualquier discrepancia cuando cualquier persona jurídica o física o cualquier administración pública discrepe del conocimiento que se va a tener de este listado”, explicó Calvo. 

Los particulares o asociaciones que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los bienes inmatriculados por instancias eclesiásticas tendrán que litigar directamente en los juzgados por la vía de lo contencioso-administrativo. La publicación del listado no supone ninguna novedad a este respecto, pero sí da la seguridad a los reclamantes de que el bien sobre el que creen tener derechos de titularidad está a nombre de la Iglesia.