España se coloca ya a las puertas de reconocer el derecho a la eutanasia

Parece que esta vez sí. Al tercer intento de los últimos años y tras más de dos décadas de debate social y político, la eutanasia afronta uno de sus días decisivos. El Congreso celebra este jueves un pleno extraordinario para votar la ley que regulará la ayuda para morir y que contará con un amplio respaldo, solo con el voto en contra de PP y Vox. Llega tarde para muchas personas que, ante sufrimientos que consideraron insoportables, reclamaron el derecho a poner fin a su vida sin éxito. Algunas hicieron públicos sus casos para impulsar este marco legal, que en los primeros meses de 2021 convertirá a España en uno de los pocos países del mundo en permitir la eutanasia.

La norma aterriza en salón de plenos de la Cámara baja pocos días después de que la Comisión de Justicia diera luz verde al dictamen final tras revisar las enmiendas. El reglamento permite introducir aún cambios (aunque la negociación entre grupos se dirime en la comisión) y todavía debe ir al Senado, pero 2020 terminará con una de las banderas sociales del Gobierno de coalición prácticamente culminada. Desde que a mediados de los años 90 Ramón Sampedro le pusiera rostro, el de la eutanasia ha sido un debate recurrente en el Congreso, donde se ha ido colando con cierta frecuencia. Solo desde 2017 se han debatido tres proposiciones de ley, una de Unidas Podemos y dos del PSOE, junto a una cuarta del Parlament de Catalunya para modificar el Código Penal.

El texto que votará el pleno deja de considerar un delito prestar ayuda para morir en determinadas y acotadas situaciones, ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”. Además, tiene que ser “capaz” de obrar y decidir y hacerlo de “forma autónoma, consciente e informada”. Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.

Un nuevo derecho individual

La lista de nombres que le han puesto voz a la batalla por la muerte digna es larga. El último caso fue el de María José Carrasco, la mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández, y al que ahora la Fiscalía pide seis meses de cárcel. Poco antes, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod, Luis de Marcos o José Antonio Arrabal murieron esperando una norma que parecía que no llegaba nunca. Este último, enfermo de ELA, hizo público el vídeo de su propio suicidio, en el que lamentaba tener que morir solo para evitar que condenaran a quien le ayudara “y en la clandestinidad”. Actualmente, el Código Penal contempla castigos que van de los seis meses a los seis años de prisión.

Miembros y familiares de la organización Derecho a Morir Dignamente, que lleva décadas empujando por la regulación, se concentrarán este jueves a las puertas del hemiciclo para celebrar el 'sí' de la mayoría de la Cámara. Fernando Marín, su vicepresidente, apunta a que se tratará “de un hito” que ha costado conseguir porque “las tradiciones tan relacionadas con la moral católica que tenemos son como un lastre que impide abrir las ventanas para que entre el aire y la luz y veamos qué está pasando. No podemos seguir tapando esto detrás de una cortina que infringe un derecho fundamental, que es decidir hasta cuándo estás dispuesto a aguantar”.

Este mismo espíritu impregna el preámbulo de la norma, que “introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual”. Eso en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. El texto explica que, de esta manera, cuando una persona enfrenta una situación vital “que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad”, la vida puede decaer en favor de otros derechos “con los que debe ponderarse” como son la integridad moral y física, la dignidad o la libertad. Y lo dice así porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona, por lo que el Estado “está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”.

Así será el proceso tras las revisión de la propuesta

Tras las revisiones y enmiendas de los diputados, la ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Deberá, además, pasar por varios filtros.

El primero será el de su médico responsable, que tendrá que dar el visto bueno. A los 15 días debe volver a formular la solicitud. Es decir, el paciente trasladará su petición por escrito y en dos ocasiones, con una diferencia de dos semanas. Si la muerte o pérdida de conciencia es “inminente”, el plazo puede acortarse. Tras la primera solicitud, ambos empezarán un “procedimiento deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Deberá entregarle esta información por escrito. Tras la segunda petición, se retoma el proceso y a las 24 horas, el solicitante debe confirmar si quiere continuar o desistir.

Posteriormente, el médico tiene que consultar a un segundo doctor que corroborará que se cumplen los requisitos en diez días y elaborará un informe que puede ser recurrido en caso de denegación. Después, el caso pasará a un siguiente estamento: la Comisión de Garantía y Evaluación, cuyos miembros se consensuarán entre los gobiernos regionales y Sanidad y que hará un control previo. Dos miembros, un profesional médico y un jurista, verificarán si concurren los requisitos y en siete días emitirán un informe. La decisión final debe pasar al presidente de la comisión y éste informar al sanitario responsable del paciente para proceder a realizar la eutanasia.

Este último, el control previo en la comisión, es uno de los puntos de la ley que preocupa a la asociación Derecho a Morir Dignamente y a algunos grupos políticos como Unidas Podemos, Bildu o ERC, que advierten de que puede convertirse “en un obstáculo”. “Sabemos que el razonamiento es hacer una ley muy garantista, pero creemos que con los filtros anteriores es suficiente”, explica Marín. El “riesgo” es que en algunas comunidades gobernadas por la derecha, prosigue, este organismo tenga “un perfil ideológico” y se base “en el prejuicio de que la eutanasia es mala y cuantos menos casos haya mejor. Estaremos vigilantes porque es una forma de boicotear la ley”.

La oposición ultracatólica

El PP y Vox son los dos únicos partidos que se oponen frontalmente a la ley y que ya en el debate de la semana pasada lanzaron duras acusaciones al resto de grupos. Los populares consideran que se trata de una norma “injusta e inoportuna” que “no responde a una demanda social” y que opta por “elegir provocar la muerte”, mientras que los diputados de la extrema derecha calificaron sus consecuencias de “aterradoras” y recordaron que la recurrirán al Tribunal Constitucional. Sus posiciones entroncan con la línea de las organizaciones ultracatólicas, que en las últimas semanas han desplegado en Madrid pancartas gigantes con calaveras contra la ley y se concentrarán frente al Congreso este jueves.

Con todo, la sociedad parece haberse adelantado ya a la política y respaldan mayoritariamente la legalización de la eutanasia. Según una encuesta de 2019 de Metroscopia, la apoya el 87% de la ciudadanía y otra de IPSOS de 2018 situaba el apoyo en una cifra similar, en torno al 85%. España se convertirá con esta ley en el cuarto país europeo en permitir la eutanasia, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo –en Suiza se permite el suicidio asistido–. Fuera del continente existe en Canadá y en Colombia, donde es un derecho, pero no existe una ley. En varios estados de Estados Unidos existen normas sobre el suicidio asistido y también en Victoria (Australia).