Las medidas de la 'ley Celaá' en favor de la escuela pública que la concertada interpreta como un ataque a su existencia

Como había anunciado, la escuela concertada salió a manifestarse este domingo en contra de la aprobación de la nueva ley educativa (Lomloe) en el Congreso. En coche o a pie, miles de personas repartidas por treinta provincias españolas mostraron su rechazo colgando lazos y globos naranjas de los retrovisores, ondeando banderas de España y otras donde se leía #StopleyCelaá o Sentido Común, y coreando consignas como “los hijos son nuestros, dejadlos en paz” o “nuestros hijos no serán como Lastra ni Rufián”.

Detrás de todos ellos estaba la plataforma Más Plurales, que aglutina a organizaciones de la escuela concertada, patronales, familias católicas y sindicatos del sector, y que ha protagonizado la denuncia más visible contra esta parte de la ley. Pero no estaban solos. Esta vez les acompañaban políticos del PP, Ciudadanos y Vox en la marcha luciendo un lazo naranja en la solapa. Entre ellos, el líder de los populares, Pablo Casado, que calificó la norma como “mala para la unidad nacional”. Las patronales de la concertada ven la norma como una agresión directa a su modelo: Leandro Roldán, secretario general en Castilla y León del brazo educativo de la iglesia, Escuelas Católicas, explica en esta entrevista que en la Lomloe no “hay espacio para la enseñanza concertada y es posible que miles de colegios cierren en los próximos años”.

La escuela concertada no había sufrido cambios en una ley educativa desde la anterior ley del PP, la Lomce (2013), que incluyó importantes concesiones a los colegios sostenidos con fondos públicos. Lo que ha ocurrido en la última década de la que se ofrecen datos oficiales –2007 a 2017– es que su presupuesto ha subido un 25% frente al 1,4% de los colegios públicos, y que han pasado a protagonizar el 17,7% del gasto educativo en su conjunto. 6.179 millones de euros destinados en 2017 y que en principio no van a verse reducidos con la nueva ley. Al contrario, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé un aumento de la financiación del 5%.

También ha aumentado ligeramente el número de alumnos: de los ocho millones de estudiantes que cursan la enseñanza no universitaria en nuestro país, más de dos se han matriculado en una escuela concertada. Y de estos últimos, el 70,2% lo ha hecho en una de ideario religioso. Tal coyuntura hace que se hayan alineado junto a la Iglesia católica en sus críticas a los cambios en la materia de Religión, aunque no les atañe exclusivamente, y que protagoniza solo uno de los campos de batalla de la concertada frente a la ministra Isabel Celaá. A continuación, todo lo que dicta la Lomloe y que tanto ha soliviantado al movimiento de los lazos naranjas.

Más plazas públicas que concertadas

La gran afrenta de la Lomloe con la concertada es que prioriza ante todo la educación de titularidad pública. Para conseguirlo, la ley elimina la expresión de “demanda social” que acuñó José Ignacio Wert en la Lomce y que determinaba qué tipo de plazas había que ofrecer en base a garantizar a la ciudadanía su derecho a la Educación. Veladamente venía a decir que si las familias lo pedían, había que darles más plazas en escuelas concertadas, no en escuelas públicas. Es decir, plazas financiadas con dinero público pero en escuelas privadas.

Ahora, en el punto 1 del artículo 109 se explicita que esta garantía será “mediante una oferta suficiente de plazas públicas”, muletilla, la de “públicas”, que en la Ley Wert no aparecía. El PSOE argumenta que algunas administraciones usaron este apartado de la ley para favorecer a la concertada en los barrios donde no existía escuela pública, pensando específicamente en las políticas del PP en la Comunidad de Madrid. Para evitar que esto se repita, el punto 4 concreta: “Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”.

Contra ello se levanta la plataforma Más Plurales, que califican a la ley como “profundamente intervencionista” y arguyen que “promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática”.

Reparto equitativo del alumnado

Uno de los grandes cambios de la Lomloe va dirigido a distribuir de forma más equitativa a los alumnos entre la escuela pública y la privada. El punto 1 del artículo 84 mantiene “la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales” como principio rector de la elección de centro, pero añade que “se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos”. Es decir, para impedir que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en la pública.

Según el informe de dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, España es el sexto país con más segregación escolar de toda Europa. Se reconoce como “colegio gueto” en el que el 50% de los alumnos está en riesgo de exclusión o tiene pocos recursos económicos. La pública española, que reúne al 67% total del alumnado, tiene también a nueve de cada diez alumnos que proceden de hogares con la renta más baja. El asunto ha sido criticado por el mismo relator de la ONU en nuestro país, que calificó el sistema educativo como un “sistema segregado de facto”.

Así, el artículo 86 establece que las administraciones tendrán que crear “áreas de influencia” para los centros, públicos o privados concertados que “cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”. Este mismo artículo añade que las comisiones de garantías de admisión, que ya intervenían cuando un centro tiene más demanda de plazas que oferta, deberán “evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza” y “velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación”.

Prioridad a la escuela mixta

La segregación por motivos económicos no es lo único que pretende evitar la Lomce. En España existen cerca de 90 centros concertados que separan a los niños y las niñas, una fórmula calificada como “diferenciadora” por sus defensores y “segregadora” por fuerzas políticas como Unidas Podemos, parte del Gobierno de coalición que ha sacado adelante esta norma. La Ley Wert estableció por primera vez que “no constituye discriminación la admisión de alumnos o alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos” para justificar que se le pudieran otorgar conciertos.

La Lomloe ha retirado esa expresión e insta a concertar “preferentemente” los centros mixtos y con proyectos de coeducación. Sin embargo, no prohíbe sostener con fondos públicos a la llamada “educación diferenciada”, pero estos centros deberán justificar previamente cómo fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, también para mantener su concierto actual.

Fin a las tasas irregulares

El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias a pesar de estar financiados por fondos públicos. Y en el 89% de los casos no son cuotas voluntarias, debido a la cantidad de consecuencias que conlleva no pagarlas. Además, las familias critican la falta de transparencia de los centros respecto a ese pago extra y que, cuando se han negado a abonarlo, han excluido a sus hijos de ciertas actividades incluso en medio de la jornada. Todo ello son las conclusiones inferidas de un reciente informe capitaneado por la escuela privada.

Sean más o menos trasparentes, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida en nuestro sistema. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias (no obligatorias) dentro del horario lectivo y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen estas cuotas.

Prohibido ceder suelo a la concertada

La LOMLOE prohibirá ceder suelo público para la construcción de centros concertados y solo permitirá hacerlo con los públicos. La primera es una práctica “muy madrileña” y que contravenía la legislación por concertar centros que no existían previamente. Francisco Granados, número tres de Esperanza Aguirre en la Comunidad de 2004 a 2011, llegó a ser detenido entre otras cosas por cobrar comisiones en la construcción de estos centros a los que cedía suelo público. Esta medida fue arropada en ocasiones por la Lomce de Wert, algo que también acaba de hacer desaparecer la nueva ley.

“Ha servido para propiciar que en determinadas zonas de nueva población no exista oferta educativa pública, o esta se encuentre saturada, mientras que se cede suelo público y se garantizan los conciertos a centros privados con ánimo de lucro creados por empresas a las que se toleraba el cobro de cuotas ilegales y en ocasiones muy altas”, aclararon en su día fuentes del PSOE, que también explicitan que esta práctica atañe sobre todo a la conocida como “nueva concertada” sin tradición en el mundo pedagógico y de la educación.

Pese a todo, más financiación

Aunque esto no es estrictamente de la LOMLOE porque aparece en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno va a aumentar la financiación de la escuela concertada. Lo hará en un 5,62% respecto a 2018, en concreto, “un incremento derivado de las subidas salariales acumuladas”, aclaran fuentes socialistas. Además, la intención es que una comisión con presencia de las patronales de la concertada y los sindicatos “valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad” para incluir sus conclusiones en el plan de incremento del gasto público.

La batalla extra: Valores contra Religión

Aunque como adelantábamos este tema no atañe exclusivamente a la escuela concertada, las patronales han puesto su foco en la asignatura de Religión y la creación de otra de Educación en Valores Cívicos y Éticos. El principal cambio que trae la Lomloe respecto a la primera materia es que dejará de contar para la nota media, elemento que introdujo la LOMCE, y que no tendrá asignatura espejo (alternativa). Por lo demás, seguirá siendo como hasta ahora una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y de realización optativa para el alumnado.

Por su parte, en Valores “se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia”, dice la Lomloe. “Uno de los objetivos tradicionales de los Gobierno de izquierdas es su opción por el laicismo activo (...) y lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad”, expone el manifiesto de Más plurales respecto a la Religión, olvidando que el Gobierno también financia esos centros, sean o no de su titularidad.